Gobierno de Trump amenaza con redadas masivas del ICE en California

por Patrick Martin
12 octubre 2017

El principal funcionario migratorio de la Administración Trump amenazó el viernes con llevar a cabo amplias redadas contra trabajadores indocumentados en sus hogares y lugares de trabajo en todo el estado de California.

Tom Homan, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, Immigration and Customs Enforcement) emitió una declaración en respuesta a la aprobación por parte de la legislatura estatal de una ley de "estado santuario" que limita la cooperación con las agencias federales de inmigración.

Homan dejó en claro que la agencia federal migratoria convertirá a los inmigrantes indocumentados de California en un objeto especial de represalia por la legislación estatal, SB54, promulgada por el gobernador Jerry Brown el jueves.

La nueva ley estatal no restringe las operaciones del ICE, siendo un organismo del Gobierno federal, como Brown hizo hincapié al firmar la ley. Pero la ley SB54 limita la cooperación de las agencias policiales locales y estatales con el ICE en cuanto a compartir información.

También les prohíbe a las autoridades locales y estatales honrar "detenciones", órdenes administrativas emitidas por la agencia federal para mantener detenido a un inmigrante arrestado o encarcelado que de otra manera está programado para ser liberado, requiriendo que el ICE obtenga una autorización u orden judicial.

El lenguaje de la declaración emitida por Homan es extraordinario, tratando la legislación promulgada por el Gobierno estatal de California, aprobada por enormes mayorías tanto en la Asamblea como en el Senado del Estado y calificando sólo para organismos estatales y locales, como si fuera un asalto a la autoridad federal.

Homan amenaza con penalizar a la población indocumentada del estado, estimada en 2,3 millones de personas, por la acción del Gobierno estatal, con acciones coercitivas mucho más amplias contra los residentes de California.

"El ICE no tendrá más remedio que realizar arrestos generales en los barrios locales y en los lugares de trabajo", escribió, "lo que inevitablemente resultará en arrestos colaterales adicionales", una referencia a la detención de residentes indocumentados o trabajadores que no son los blancos primarios de la redada, sino los que se encuentran presentes cuando los agentes del ICE comienzan a acorralar gente y pedir sus papeles.

En el pasaje más cruel de su declaración, Homan escribió: "El ICE también tendrá que mantener detenidos a individuos arrestados en California en centros de detención fuera del estado, lejos de cualquier familia que tengan en California". Esta es una flagrante represalia contra los trabajadores indocumentados y sus familias, retirando a los detenidos a lugares fuera del estado para que les resulte más difícil mantenerse en contacto con parientes, abogados y grupos de apoyo.

La declaración de Homan está llena del tipo de lenguaje que demoniza a los inmigrantes, el elemento principal de la campaña presidencial de Trump y sus muchos discursos racistas sobre el tema, alegando que California se convertiría en "un estado santuario para los extranjeros ilegales —incluyendo a aquellos que han cometido crímenes—", y que beneficiaría a los "peligrosos criminales extranjeros y otros infractores migratorios".

La realidad es que la ley SB54 es una medida en gran parte cosmética, promulgada por la legislatura estatal controlada por los demócratas en respuesta al cabildeo de la agroindustria, la industria textil, Silicon Valley y otros grupos empresariales que son grandes explotadores de la mano de obra inmigrante.

A pesar de ir acompañada por una retórica diseñada para congraciarse con la gran población hispana y asiática del estado, la ley fue profundamente diluida en las negociaciones con el gobernador Brown, también demócrata, quien insistió en que no habría limitaciones cualesquiera a los agentes del ICE para tener acceso a prisioneros detenidos en cárceles locales y estatales, o en cuanto a la cooperación con el ICE del personal de los cárceles y prisiones.

La ley permite que la policía local y estatal se comunique con agentes federales sobre los antecedentes criminales de supuestos inmigrantes indocumentados, o sobre los historiales de arrestos de aquellos que están esperando un juicio por delitos graves. También les permite cooperar en la transferencia de estos presos a la custodia federal.

Brown emitió una declaración al firmar SB54 en ley. "Este proyecto de ley no les impide ni prohíbe al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ni al Departamento de Seguridad Nacional hacer su propio trabajo de ninguna manera", escribió Brown. "Ellos son libres de usar sus propios recursos considerables para hacer cumplir la ley federal de inmigración en California".

La ley SB54 efectivamente le prohíbe a la policía estatal y local asumir cualquier papel directo en la aplicación de leyes migratorias, que es una responsabilidad federal. Se les prohíbe preguntar sobre el estatus migratorio de una persona arrestada, arrestar a cualquiera basado en una orden de inmigración civil, o participar en cualquier grupo de trabajo conjunto con agencias federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Brown defendió la ley por sus beneficios presupuestarios, diciendo que la policía estatal y local no tiene por qué ser "requisada" por el Gobierno federal, sin reembolsos por su servicio, para hacer un trabajo que es inherentemente federal, como la aplicación de leyes migratorias.

Mientras que los demócratas de California han fingido tener simpatía por los inmigrantes indocumentados, no hay ninguna diferencia fundamental entre los dos grandes partidos del país, ambos que representan a las grandes empresas, con respecto a la aplicación de medidas represivas masivas contra los inmigrantes. El Gobierno de Obama deportó a casi tres millones de inmigrantes, más que cualquier otra Administración en la historia de Estados Unidos, mientras que utilizó órdenes ejecutivas como la que estableció el programa Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA; Deferred Action for Childhood Arrivals) para simular apoyo por una parte de la población indocumentada.

El jueves pasado, Brown firmó un total de diez proyectos de ley que impactan la aplicación de las leyes migratorias en California, incluyendo la AB450, que prohíbe a los empleadores públicos y privados darles acceso a los agentes federales a archivos o a los lugares de trabajo a menos que se les presente una orden judicial. La ley AB291 les impide a los arrendadores utilizar el estatus migratorio de personas para discriminar contra ellas en el alquiler de propiedades residenciales.

Por su parte, la ley SB29 les restringe al Gobierno estatal y al local formar contratos con el ICE para proporcionarles instalaciones de detención, lo que efectivamente les prohíbe el uso de cárceles locales y prisiones estatales para los inmigrantes detenidos. Fue este proyecto de ley el que provocó la amenaza de Homan de que el ICE enviaría inmigrantes detenidos a otros estados.

Mientras que el Partido Demócrata no tiene tales intenciones, la aprobación de la ley SB54 y sus leyes complementarias podrían desencadenar un conflicto directo entre el mayor estado del país y el Gobierno federal. El Gobierno de Trump parece estar decidido a provocar tal conflicto, en parte para apelar a su base fascista.

De manera similar, los Gobiernos estatales controlados por los republicanos como el de Texas han provocado deliberadamente conflictos con autoridades locales controladas por demócratas, como la ciudad de Austin y su condado de Travis, por su renuencia a atacar agresivamente a inmigrantes indocumentados. La legislatura del estado de Texas aprobó recientemente la ley SB4 —que parece ser lo contrario de la SB54 en California— que les prohíbe a los Gobiernos locales declararse ciudades santuario.