Australia tiene la obligación legal de proteger a Julian Assange

por Richard Hoffman
12 junio 2018

El siguiente comentario es un análisis de los problemas legales y constitucionales que enfrenta Julian Assange que surgen de su detención inconstitucional, durante seis años, en la embajada ecuatoriana en Londres.

Julian Assange

Las manifestaciones y vigilias están a punto de llevarse a cabo en todo el mundo en apoyo de Julian Assange, exigiendo su libertad y regreso seguro a Australia.

Assange está siendo perseguido y sus derechos humanos abreviados por cuatro gobiernos: EUA, Australia, Reino Unido y Ecuador.

Tanto la legislación internacional como la australiana proporcionan una base firme que exige que el Gobierno australiano actúe para proteger a Assange como ciudadano australiano. En cambio, se le niegan sus derechos humanos y se enfrenta a condiciones y privaciones inaceptables, en circunstancias en las que no ha cometido ningún delito.

El derecho legal de protección diplomática

Es un principio bien establecido del derecho internacional —y parte del derecho australiano reconocido por sus propios tribunales— que si los ciudadanos de un país enfrentan un trato indebido, persecución y violaciones a los derechos humanos, pueden ser objeto de una acción diplomática, en la discreción de su poder soberaneo, para proteger a sus ciudadanos en el extranjero. El Gobierno australiano debe ejercer esa discreción y solicitar a Gran Bretaña el paso seguro de Assange a Australia, para proteger a Assange y también a la reputación de Australia como estado de derecho.

En el caso de 1924 de Mavrommatis Palestine Concession (Grecia v Reino Unido), la Corte Permanente de Justicia Internacional dio la siguiente formulación del derecho a la protección diplomática: Al tomar el caso de uno de sus súbditos y recurrir a acciones diplomáticas o procedimientos judiciales internacionales en su nombre, un Estado en realidad está haciendo valer su propio derecho —su derecho a garantizar, en la persona de sus súbditos, el respeto a las normas del derecho internacional—”.

La cuestión en juego para el Gobierno australiano es su compromiso con la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos, incluidas las normas legales y democráticas internacionalmente reconocidas, como la libertad de expresión, el derecho al debido proceso, la libertad frente a tratos crueles y degradantes, y el derecho no ser castigado en ausencia de un acto delictivo. Australia es signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en 1973. Internacionalmente, se ha considerada tradicionalmente como una nación solícita de los derechos humanos y el estado de derecho.

El Gobierno australiano tiene el derecho legal de buscar la protección diplomática de Julian Assange. Tal acción puede implicar solicitudes diplomáticas y representaciones ante el Gobierno británico, y, en algunas circunstancias, la presentación de procedimientos contra Gran Bretaña, en tribunales británicos. Las bases fácticas para el ejercicio de la discreción de Australia para proteger a Assange son extremas y trascendentales. Las circunstancias en que una nación soberana puede actuar para proteger a sus súbditos son muy variadas.

Si bien discrecional, la Comisión de Derecho Internacional y los tribunales australianos han reforzado recientemente tanto las consideraciones de derechos humanos como la necesidad del ejercicio legal y cuidadoso de esta discreción. De conformidad con el artículo 19 de los artículos de la CDI sobre protección diplomática, un Estado debe prestar la debida consideración a la posibilidad de ejercer la protección diplomática especialmente cuando se ha producido un daño importante””.

En el caso del Tribunal Federal australiano de 2007 de David Hicks, quien estuvo detenido en la Bahía de Guantánamo, sin cargos, durante cinco años, el tribunal rechazó una solicitud de destitución sumaria, sosteniendo que era necesario determinar la naturaleza y el alcance de la injusticia que el solicitante afirmó haber sufrido. El tribunal sostuvo que la privación de libertad durante más de cinco años, sin cargos, era tan excepcional que estaba obligada a considerar el asunto.

Las circunstancias de Assange justifican la protección diplomática

El ejercicio de la protección diplomática para Assange no infringirá la doctrina del Acta de Estado, que impide que un estado soberano impugne la ilegalidad de la acción de otro gobierno. Por el contrario, lo que debe hacer el Gobierno australiano para garantizar, mediante un proceso diplomático, que las autoridades británicas permitan a Assange salir libremente de Gran Bretaña hacia Australia. En consecuencia, no hay impedimento legal para que Australia busque proteger a Assange.

Hay varios factores importantes y abrumadores que justifican que se tomen medidas para la protección diplomática de Assange. Sin duda, hay otras circunstancias particulares, pero los siguientes asuntos importantes requieren consideración en el ejercicio de la discrecionalidad:

1. Assange efectivamente ha estado detenido durante seis años. No es, en esencia, correcto, decir que su encarcelamiento”” se autoimpuso debido al contexto en el que buscó protección contra la persecución del Gobierno ecuatoriano. Él ha estado en la Embajada, en efecto, en un modo de "custodia protectora".

2. Nunca se ha presentado ningún cargo por presunta mala conducta sexual contra Julian Assange en Suecia o en cualquier otro país. En consecuencia, la circunstancia por la cual fue originalmente detenido por las autoridades británicas se desvanece.

3. Assange solicitó y se le concedió asilo después de una cuidadosa consideración por parte del Estado soberano de Ecuador, sobre la base de un temor fundado de persecución. Esa solicitud fue otorgada en virtud de tratados de derecho internacional y doctrinas de asilo político bien reconocidos.

4. Representantes de alto rango de los Estados Unidos han indicado públicamente su intención de enjuiciar y dañar a Assange debido a las revelaciones de Wikileaks sobre la conducta de los Estados Unidos. Algunos han pedido la pena de muerte. En 2010, Donald Trump, ahora presidente de EUA, pidió la pena de muerte para Assange. Más recientemente, Mike Pompeo, secretario de Estado de EUA (el equivalente de un ministro de asuntos exteriores) pidió que Assange sea “severamente castigado” por las revelaciones.

5. En relación con la publicación de información divulgada, Assange no ha cometido ningún delito conocido por la ley angloamericana. Las fuentes de las filtraciones pueden haberlo hecho, pero él no. De hecho, lo que hizo Assange no fue más que publicar información —como lo hacen los periodistas cuando actúan profesionalmente— para contarle al público la verdad y mantener a los ciudadanos informados sobre la acción del gobierno. Tal práctica periodística es vital para mantener el gobierno democrático y la acción legal del Estado.

6. La violación de la libertad bajo fianza en relación con el ahora extinto procedimiento de extradición sueco, que se produjo cuando Assange buscó refugio en la embajada ecuatoriana, y para la cual las autoridades británicas mantienen que todavía intentan detenerlo, es una cuestión de muy marginal, y ahora incluso trivial, relevancia en el contexto general y las circunstancias de la situación de Assange. Además, la fianza fue confiscada, que es el castigo principal y esencial para una violación de la fianza bajo la ley penal. Una violación de la fianza no daría lugar a una pena de encarcelamiento. Es muy difícil evitar la conclusión, por lo tanto, de que el deseo de los británicos de detener a Assange es facilitar su entrega a las autoridades estadounidenses, el mismo asunto que dio lugar a que el derecho internacional reconociera la solicitud de asilo de Assange, según lo concedido por Ecuador.

El Gobierno australiano debe detener a Gran Bretaña facilitando la supresión de la libertad de expresión

Fundamental para la necesidad de brindar protección a Assange es la defensa de los derechos democráticos, respetados y defendidos por un gobierno civilizado, y la adopción de medidas enérgicas para detener la supresión de la libertad de expresión. El Gobierno británico, en hacer cumplir efectivamente la “custodia de protección" de Assange en la embajada ecuatoriana, al insistir en su arresto y detención para ayudar a las acciones de Estados Unidos, actúa como un poderoso vehículo para la supresión de la libertad de expresión. Esto es un ultraje a la democracia, al estado de derecho y a un ciudadano australiano. El Gobierno de Turnbull no debe tolerar esta conducta.

El primer ministro australiano habla con frecuencia de la necesidad de defender el estado de derecho y el "sistema basado en reglas" internacional. Este es un caso en el que debe demostrar si está realmente comprometido con esos principios. De hecho, como un joven abogado en 1987 en el caso Spycatcher , Turnbull luchó contra los intentos del Gobierno británico de suprimir la libertad de expresión. No hay diferencia en principio involucrada en el caso de Assange. Las autoridades británicas están facilitando la persecución de Assange para promover la supresión de la libertad de expresión.

En su libro escrito sobre el caso, The Spycatcher Trial , Turnbull escribió que era de interés público que se publicara el libro Spycatcher, porque revelaba evidencia de crímenes y otros actos ilegales cometidos por el Gobierno británico. El caso de Julian Assange, y la protección que ahora necesita del Gobierno australiano, le brinda al primer ministro Turnbull la oportunidad de ejercer el poder del Gobierno para defender el derecho a la libertad de expresión de un ciudadano australiano en peligro en el extranjero.

El movimiento obrero debe luchar por la defensa de los derechos democráticos, y el estado de derecho que los consagra. En el contexto de la creciente ola de autoritarismo en todo el mundo, es aún más imperativo que lo haga. Debe apoyar a Julian Assange sin reservas, y pedir al Gobierno australiano que tome todas las medidas necesarias para protegerlo y garantizar su regreso seguro a Australia.

(Publicado originalmente en inglés el 11 de junio de 2018)