Sindicatos y pseudoizquierda en Argentina hacen esfuerzos desesperados por prevenir explosión social

por Andrea Lobo
23 junio 2018

El mercado bursátil argentino vivió su peor caída en aproximadamente 10 años el lunes en medio de una crisis económica más profunda y el fracaso del Gobierno derechista del presidente Mauricio Macri para detener tanto la fuga de capitales como la dramática devaluación del peso a través de una escalada en los ataques contra los puestos de trabajo y las condiciones de vida.

Desde fines del año pasado, Argentina ha sido testigo de una intensificación aguda de la lucha de clases, demostrada por una serie de huelgas cada vez más masivas.

Con la notable excepción de la huelga de tres meses organizada en gran medida por las bases docentes en Neuquén entre marzo y mayo —la huelga más larga en una década— que fue finalmente traicionada por el sindicato local afiliado a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), las facciones llamadas disidentes de la burocracia sindical han limitado las huelgas a uno o dos días, esperando disipar la creciente oposición.

Sin embargo, dado que la militancia obrera continúa aumentando y el Gobierno se comprometió a un préstamo de US$50 mil millones del Fondo Monetario International (FMI), vinculado a medidas severas de austeridad, los líderes sindicales, junto a sus copensadores en los partidos peronistas y pseudoizquierdistas, están tomando pasos desesperados para contener la oposición social dentro de los canales tradicionales y controlados por la burguesía.

Por su parte, el Gobierno está preparando sus fuerzas represivas para una explosión social de masas, con el diario argentino Clarín reportando un redespliegue de las fuerzas armadas “desde la frontera a zonas calientes ante el riesgo de mayor conflictividad en los próximos meses”.

Se esperan la mayor huelga desde que Macri llegó al poder este lunes, 25 de junio, a menos que los sindicatos lleguen a un acuerdo con el Gobierno antes. Las tres facciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) será acompañadas por las tres corrientes de la CTA, la confederación del sector informal y una amplia gama de movimientos que los orbitan, paralizando cada sector importante de la economía.

El sindicato de Camioneros, el cual ha sido dirigido desde 1987 por Hugo Moyano, que también controla una de las tres corrientes de la CGT, amenazó con extender la huelga este lunes por dos días más, lo que habría logrado desabastecer de algunos productos básicos a las ciudades. Sin embargo, el ministro de Trabajo alegó que la huelga violaría normas laborales y amenazó con imponer una sanción de hasta US$ 71 millones contra el sindicato. Además, el Gobierno ha amenazado con avanzar con mayor intensidad sus seis casos de corrupción contra Moyano. A pesar de haberse referido a “presiones muy grandes de los trabajadores” en una concentración multitudinaria durante la huelga del jueves pasado, Moyano respondió con aprobar un acuerdo entreguista sin consultarle a nadie. Los términos del acuerdo se limitaron a un aumento salarial de 25 por ciento y un aguinaldo. Se proyecta una inflación del 30 por ciento para este año.

Macri responde profundizando la austeridad y el parasitismo financiero

El Gobierno de Macri está persiguiendo una política de recortar subsidios para los combustibles y utilidades —produciendo tarifazos de 110 por ciento en la gasolina y más de 1.000 por ciento en la electricidad y el gas desde que entró en funciones en diciembre del 2015— y de un fuerte endeudamiento. Estas medidas buscan alimentar directamente el parasitismo financiero, el cual se ha mantenido con unas de las mayores tasas de interés en el mundo.

Desde que la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó sus tasas de interés el 24 de abril, provocando una fuga masiva de capital de Argentina y otras economías “emergentes de mercado”, el peso ha perdido una cuarta parte de su valor y el precio de los títulos de deuda argentinos de 100 años se desplomó 15 por ciento. Para controlar la caída del peso y la subsecuente crisis presupuestaria, el Banco Central de Argentina aumentó la tasa de intereses para bonos de corto plazo (Lebacs) al 40 por ciento, además del nuevo préstamo del FMI.

Argentina, escribió el Financial Times el lunes, “también se ha visto atrapada en una venta más amplia de activos en los mercados emergentes, ya que los inversores se preocupan de que la escalada de la riña entre EUA y China estanque el crecimiento económico global, y mientras Argentina se enfrenta al debilitamiento de los mercados en su vecino Brasil”.

Desesperada por seguir atrayendo capital extranjero y asegurarse mercados para las exportaciones, la burguesía argentina necesita, ante todo, prevenir cualquier desafío real a la salvaje intensificación de la explotación de los trabajadores.

La tasa de aprobación de Macri cayó este mes a su nivel más bajo durante su término de 36 por ciento. La mayoría de los argentinos también se opone al nuevo préstamo del FMI, conscientes de que involucra un nuevo ataque masivo contra sus niveles de vida. El acuerdo, hecho público el 14 de junio, promete continuar lo recortes a los subsidios de la energía y el transporte, representando nuevos tarifazos. Al mismo tiempo, congelará las contrataciones en el sector público y “eliminará puestos redundantes”, buscando recortar los gastos en personal aproximadamente US$2,8 mil millones por año.

Además de otras medidas regresivas, incluye nuevos ataques contra las pensiones y las prestaciones del seguro social—por encima del profundo recorte a las pensiones en diciembre pasado que desató una serie de manifestaciones de masas y represión violenta— y una política monetaria más flexible, que significa mayores depreciaciones del peso y tasas altas de interés, alimentando aún más el parasitismo y la inflación.

El efecto más nocivo para la sociedad de la ofensiva de la clase gobernante ha sido el aumento en la pobreza infantil, que ahora afecta a 8,2 millones o 62,5 por ciento de los niños, según un estudio reciente de la Universidad Católica de Argentina. Al mismo tiempo, el reporte sobre riqueza global de Credit Suisse del 2017 indica que el número de millonarios en dólares estadounidenses en Argentina aumentará 127 por ciento para el 2022, llegando a un total de 68.000. Este es el crecimiento más rápido de esta capa de ricos de cualquier país del mundo.

En medio de la creciente oposición a la pobreza y la desigualdad extrema, el Gobierno de Macri ha respondido aumentando 5 por ciento al techo anterior de 15 por ciento para los aumentos salariales —dejándolos todavía un 10 por ciento por debajo de la inflación—. Al mismo tiempo, ha buscado presentar el acuerdo del FMI como el primero progresista en el mundo, argumentando que la asistencia social no será reducida.

Las facciones dominantes en los sindicatos y el peronismo buscan reunificación

A medida que el contorno de una crisis económica y social sin precedentes comienza a percibirse, el profundamente fragmentado y desacreditado movimiento peronista, sus fuerzas en los sindicatos y sus satélites pseudoizquierdistas están movilizándose para ofrecer una alternativa “izquierdista” que preserve el orden político capitalista en Argentina.

Por un lado, buscan explotar la crisis para recuperar terreno perdido políticamente, teniendo en la mira las elecciones presidenciales de octubre del 2019. La primera etapa de esto será una contienda de vida o muerte para ganar prominencia y control en los sindicatos más grandes.

Por el otro lado, y con similar desesperación, estas fuerzas pretenden prevenir una explosión social con implicaciones revolucionarias que podría socavar rápidamente cual sea la credibilidad política que les queda.

Moyano está actuando como la punta de lanza de secciones de la CGT y la CTA en adoptar una retórica más crítica hacia Macri, mientras persiguen una reunificación con los Kirchneristas, los seguidores de Sergio Massa y otras facciones peronistas para preparar una nueva fórmula electoral y sindical a fin de resucitar al peronismo, todo bajo el nombre de la “Multisectorial 21 de Febrero” (M21F). Le ha encargado a su hijo, Pablo Moyano, postularse para secretario general de la CGT y dirigir la M21F, la cual ha incorporado a la CTEP, CCC y Barrios de Pie.

La dependencia histórica del gobierno burgués en Argentina en el aparato sindical derechista y el peronismo para contener las luchas militantes de los trabajadores argentinos solo ha sido posible por la falta de organizaciones independientes de los trabajadores y un partido revolucionario marxista.

El papel del FIT

La reunificación y el regreso al poder del peronismo —después de sus traiciones históricas y recientes de la clase obrera y su derrota en los comicios generales del 2015 y los legislativos del 2017— es la orientación principal de las corrientes y grupos dentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y los otros grupos pseudoizquierdistas que reflejan los intereses de capas privilegiadas de la clase media-alta y operan como soportes para los sindicatos y los peronistas.

El FIT ha buscado sembrar ilusiones en los legisladores peronistas y la burocracia sindical como líderes en la defensa de los derechos democráticos, particularmente en la campaña legislativa para legalizar el aborto.

Buscando competir o convertirse en un contingente importante en el M21F en su impulso para ganar la dirección de las confederaciones sindicales, el Partido Obrero (PO) le ha asignado a Alejandro Crespo, un dirigente del PO y secretario general del sindicato del neumático SUTNA-CTA, organizar un plenario en Lanús el 23 de junio con las facciones “combativas” y “clasistas” de la burocracia sindical. Su propósito es formar una coalición limitada a apelar a la CGT y a la CTA para que presenten un “plan de lucha” contra Macri.

Su definición de “clasista” se refiere a coaliciones sin principios y cada vez más derechistas con burócratas vinculados al peronismo, retratándolos fraudulentamente como representantes de la clase obrera. En setiembre pasado, Crespo le comentó al conservado La Nación, “Somos un gremio nacional en el que hay un amplio espectro político: hay militantes de izquierda, peronistas, radicales, de todo… Lo que sí, somos clasistas; cuando decimos que vamos a un conflicto, lo hacemos”.

Por el contrario, en las redes sociales, los trabajadores han estado denunciando cada vez más el hecho de que las negociaciones salariales o paritarias del SUTNA no han podido mantenerse con la inflación y que el sindicato está adhiriéndose a los planes de desmovilización de la CTA con paros laborales de una hora.

Algunas diferencias tácticas están emergiendo dentro del FIT, en cuanto a sus maniobras sin principios. El PO escribió que el movimiento de la M21F de Moyano es, “sobre todo, para prevenir el protagonismo de la izquierda [FIT]”. Por su parte, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) describe a Moyano —quien participó en las fuerzas peronistas de derecha que organizaron escuadrones de la muerte contra izquierdistas en el periodo previo a la dictadura militar en los años setenta— como “el principal referente de la oposición política y social al gobierno de Mauricio Macri… y de un posible frente antimacrista…”.

Sea el PO, el PTS o Izquierda Socialista (IS), la cual dirige el sindicato que traicionó a los maestros en Neuquén, sus campañas para “democratizar” o “recuperar” los sindicatos por medio de alianzas con fuerzas conectadas al peronismo y apelaciones a la CGT y CTA han demostrado ser un callejón sin salida una y otra vez. Sin embargo, continúan persiguiendo esta política tan energéticamente como pueden para desarmar a los trabajadores políticamente y prevenir que desarrollen una urgente lucha internacional contra las corporaciones transnacionales y en defensa de la educación pública y los derechos sociales de la clase obrera.

Si el FIT llegara al poder, después de reconfortar a la burguesía por medio de más alianzas con fuerzas derechistas, operaría como una versión argentina del Gobierno griego de Syriza, atacando a los trabajadores tan despiadadamente como Macri.

En una entrevista el 20 de mayo en C5N, un legislador peronista hablando sobre una posible coalición con el FIT le preguntó al dirigente del PO, Néstor Pitrola, si el frente buscaría no pagar la deuda argentina, a lo que respondió e indicó varias veces, “la investigaríamos”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de junio de 2018)