Documentos judiciales estadounidenses revelan

Niños inmigrantes atados, encapuchados, golpeados, despojados y drogados

por Patrick Martin
23 junio 2018

Los documentos judiciales hechos públicos en Virginia y Texas dan una idea de la brutalidad sistemática que se aplica a los niños inmigrantes tanto en cárceles públicas como privadas. Los niños son atados, encapuchados y golpeados, o drogados por la fuerza, como parte del procedimiento cotidiano en lo que solo se puede llamar el Gulag americano.

Un informe de Associated Press publicado el jueves dio detalles de los abusos cometidos contra jóvenes inmigrantes latinos en el Centro Juvenil Shenandoah Valley, cerca de Staunton, Virginia, el año pasado. Los abogados de las víctimas adolescentes demandaron a la prisión, una instalación estatal administrada por un consorcio de siete pueblos y ciudades en el valle de Shenandoah, y una audiencia judicial está programada para julio.

Según una media docena de declaraciones juradas, dadas por las víctimas en español y luego traducidas para su presentación ante el tribunal federal del Distrito Oeste de Virginia, niños tan jóvenes como 14 años fueron golpeados mientras estaban esposados, atados a las sillas mientras estaban desnudos y con capucha, y eran mantenidos durante largos períodos en confinamiento solitario, a veces desnudos y con frío.

Todas estas son formas de tortura practicadas en la Bahía de Guantánamo y en las prisiones de tortura de la CIA en todo el mundo. Estas técnicas han sido transferidas nuevamente a los Estados Unidos y se han desatado sobre niños inmigrantes, quienes han sido demonizados por la administración Trump.

La demanda presentada por el Comité de Abogados de Washington para Asuntos Civiles y Asuntos Urbanos, una organización sin fines de lucro, declara que los jóvenes latinos detenidos en Shenandoah “están sujetos a condiciones inconstitucionales que conmocionan la conciencia, incluida la violencia por parte del personal, uso abusivo y excesivo de reclusión y restricciones, y la negación de la atención de salud mental necesaria”. Como resultado de “aplicaciones de la fuerza maliciosas y sádicas”, los jóvenes han “sufrido lesiones significativas, tanto físicas como psicológicas”.

Un joven hondureño enviado a Shenandoah cuando tenía 15 años dijo en su declaración, “Siempre que me detenían y me ponían en la silla, me esposaban ... [Ellos] me ataron por todas partes, desde los pies hasta el pecho, no te podías ni mover ... Tienen control total sobre ti. También te ponían una bolsa en la cabeza. Tiene pequeños agujeros; puedes ver a través de eso. Pero te sientes sofocado con la bolsa puesta”.

Un joven de 15 años de México que pasó nueve meses en Shenandoah describió un tratamiento similar.

“Me esposaron y me pusieron un tipo de bolsa en la cabeza”, dijo, según su declaración jurada. “Me sacaron toda la ropa y me pusieron en una silla de sujeción, donde me ataron de pies y manos a la silla. También me pusieron una correa a lo largo del pecho. Me dejaron desnudo y atado a la silla durante dos días y medio, incluso de noche”.

Un joven guatemalteco de 14 años reportó haber sido encerrado frecuentemente en su diminuta celda por hasta 23 horas al día, así como largos períodos de sujeción física. “Cuando no podían hacer que uno de los niños se calmara, los guardias nos ponían en una silla —una silla de seguridad, no sé cómo se llama— pero simplemente nos ponían ahí durante todo el día”, dijo en su declaración jurada. “Esto me pasó a mí, y vi que les pasaba también a otros. Era exagerado”.

Un joven de 17 años que huyó de México para escapar de un padre maltratador y de la violencia de un cártel de la droga fue arrestado en la frontera estadounidense y pasó por varios centros de detención antes de llegar a Shenandoah, una de las tres instalaciones en los Estados Unidos con contratos de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, para ofrecer “instalaciones seguras” para inmigrantes jóvenes. El muchacho llevaba grilletes con frecuencia, generalmente con ataduras de tela, e informó de al menos un cacheo violento desnudo y varias palizas. Fue llevado varias veces a intentar suicidarse.

Otras alegaciones incluyen que los jóvenes latinos recibían peor comida e instalaciones que presos juveniles locales, en su mayoría blancos, y que las comidas a menudo estaban frías y no eran adecuadas, cosa que dejaba con hambre a los niños.

AP entrevistó a una especialista en desarrollo infantil anónimo que había trabajado con adolescentes en Shenandoah. “La mayoría de los niños con los que trabajamos cuando fuimos a visitarlos habían recibido abusos físicos y verbales. Tuve a un niño al que un guardia le rompió un pie”, dijo. “Se los ponía en aislamiento durante meses por cosas como recoger un lápiz cuando un guardia les había dicho que no se movieran. Algunos de ellos empezaron a oír voces que les decían que hirieran a otros o que se hirieran a sí mismos, y sé que cuando llegaron a Shenandoah no tenían ningún pensamiento violento”.

Como los niños retenidos en Shenandoah eran menores no acompañados, y no separados de sus familias, los medios sugirieron que tenían vínculos con pandillas que de alguna manera justificaban ese trato brutal. Pero según el informe de AP, un director de programa en las instalaciones dijo que se había averiguado si los jóvenes tenían vínculos con pandillas y de hecho sufrían de problemas mentales como resultado de traumas en sus países de origen.

Los actos de tortura involucraron a varios guardias de las instalaciones, que estaban dirigidas por una junta regional pero bajo el control final del gobierno estatal, encabezada durante este período por el gobernador demócrata Terry McAuliffe. El nuevo gobernador, el demócrata Ralph Northam, quien asumió el cargo el 1 de enero, ordenó una investigación estatal sobre las denuncias de abusos, pero solo después de que el informe de AP se hiciera público el jueves.

Incluso niños más pequeños fueron blanco de abusos en una instalación de Texas operada bajo contrato para la Oficina de Reubicación de Refugiados, según un informe publicado por el Centro de Informes de Investigación y el Texas Tribune el martes. Las denuncias fueron detalladas en una demanda judicial presentada por el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional.

La demanda acusa que el Centro de Tratamiento Shiloh en Manvel, Texas suministró drogas psicotrópicas a niños inmigrantes, quienes en algunos casos fueron separados de sus padres en la frontera. Ni los niños, algunos de tan solo nueve años, ni los padres dieron su consentimiento para el tratamiento y, en algunos casos, los niños fueron drogados a la fuerza mientras luchaban y gritaban.

Un informe dice: “Algunos niños detenidos en Shiloh informaron de que se les daba hasta nueve píldoras diferentes por la mañana y seis por la noche, incluidos medicamentos antipsicóticos, antidepresivos, medicamentos para la enfermedad de Parkinson y medicamentos para las convulsiones. Les dijeron que permanecerían detenidos si rechazaban las drogas, decía la demanda. Los niños también dijeron que después de tomar las drogas, experimentaron efectos secundarios que los cansaron e incapacitaron para caminar”.

La demanda acusa, “La ORR rutinariamente suministra medicamentos psicotrópicos

para niños sin autorización legal ... Cuando los jóvenes se oponen a tomar tales medicamentos, la ORR los obliga a hacerlo. La ORR no requiere ni pide el consentimiento de un padre antes de medicar a un niño, ni busca la autoridad legal para consentir en lugar de los padres. En cambio, la ORR o el personal del establecimiento firman formularios de ‘consentimiento’ ungiéndose a sí mismos con ‘autoridad’ para administrar drogas psicotrópicas a niños confinados”.

Las siete píldoras nombradas en los archivos judiciales —clonazepam, duloxetina, guanfacina, Geodon, olanzapina, Latuda y divalproex— son medicamentos utilizados para controlar la depresión, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención, el trastorno bipolar, los trastornos del estado de ánimo, la esquizofrenia y las convulsiones. Este tratamiento equivalía a aplicar “camisas de fuerza químicas” para someter a los niños, en lugar de satisfacer las necesidades médicas, según la demanda.

Según el informe de investigación, la ORR pagó $3,4 mil millones a organizaciones privadas para mantener a niños inmigrantes, y casi la mitad de esto, $1,5 mil millones, fue a 13 compañías que habían sido acusadas de cientos de violaciones graves de su responsabilidad de proporcionar atención. Estos incluyen la falta de obtención de tratamiento médico por accidentes o enfermedades, “contacto inapropiado” entre niños y personal (aparentemente de naturaleza sexual) y negligencia.

Estos informes de tratamiento horrible de niños inocentes no solo exponen el salvajismo y el sadismo de guardias individuales, administradores y otros funcionarios, así como la codicia de los jefes corporativos que buscan sumarse a la orgía de aprovechamiento de los contratos federales para la detención y abuso de inmigrantes. Lo que se revela sobre todo es el carácter criminal de la élite política estadounidense, tanto demócratas como republicanos, que deliberadamente han alentado una atmósfera de brutalidad y terror como su método preferido para “disuadir” a los inmigrantes de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Y no es solo el matón sociópata que hoy está en la Casa Blanca que tiene la responsabilidad, sino su predecesor demócrata, responsable de más deportaciones que cualquier otro presidente anterior.

El jefe del Departamento de Seguridad Nacional de Obama, Jeh Johnson, declaró en 2014 que encarcelar a los refugiados centroamericanos que buscan asilo, y la separación de padres e hijos, tendría un efecto positivo en la reducción de la afluencia repentina de refugiados. Fue Terry McAuliffe, el compinche de mucho tiempo de Hillary Clinton, quien supervisó la tortura de adolescentes inmigrantes en Shenandoah desde 2014 hasta 2017.

El cambio de Obama a Trump no ha cambiado fundamentalmente la política de la clase dominante estadounidense hacia los inmigrantes, que siempre ha sido de carácter antidemocrático y brutal. Pero en manos de Trump y su asesor fascista Stephen Miller, la brutalidad se ha vuelto más sistemática y va acompañada de una campaña destinada a fomentar el racismo y la histeria antiinmigrantes sobre el supuesto peligro de que Estados Unidos sea “invadido”, como Trump afirmó en su discurso de la noche del miércoles a una manifestación en Minnesota.

Según un informe publicado en el Wall Street Journal el jueves, la administración Trump otorgó múltiples contratos que involucran decenas de millones de dólares a principios de este año para construir instalaciones de detención para niños. Esto confirma que la separación masiva de niños de sus padres, que siguió al anuncio de la política de “tolerancia cero” por parte del Fiscal General Jeff Sessions, no fue un subproducto inesperado de la nueva política, sino que fue planificada y deliberada. Es un crimen premeditado, el secuestro por parte del Estado de más de 2.400 niños, por el que Trump, Sessions, Stephen Miller, Kirstjen Nielsen y otros altos funcionarios deberían ser procesados y encarcelados.

Lejos de abandonar esta política, como lo sugirieron los medios de comunicación sobre la orden ejecutiva emitida por Trump el miércoles, la Casa Blanca se está preparando para acelerar la detención masiva de inmigrantes, incluidos niños. Un portavoz del Pentágono dijo el jueves que las bases militares en Texas y Arkansas han sido revisadas como posibles lugares para albergar hasta a 20.000 niños inmigrantes, el doble del número actualmente bajo custodia.

(Publicado originalmente en inglés el 22 de junio de 2018)