Hallan actas secretas de la dictadura militar Argentina

por César Uco
6 diciembre 2013

Este artículo se publicó en inglés el 23 de noviembre del 2013

El 1ro de noviembre el ministro de defensa de la Argentina, Agustín Rossi, anunció el hallazgo de 1,500 archivos conteniendo 280 actas con información sobre la brutal junta militar que gobernó el país durante seis años. El ministro de defensa declaró a la prensa que "Encontramos seis carpetas originales de las actas de las juntas militares, todas las actas secretas desde marzo de 1976 hasta el 1983".

Según el ministro, los documentos secretos se encontraron en el subsuelo del edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea Argentina. Incluían "trece actas originales donde se realiza un seguimiento exhaustivo de la empresa Papel Prensa" (la compañía de papel imprenta más grande del país) que la dictadura apropió a la fuerza.

Entre los documentos importantes que han salido a la luz están los planes que indican que los militares intentaban retener el poder hasta el año 2000 (algo que manifiesta el Plan de Acción del jefe de planificación, el general Díaz Bessone). Describen las dos partes del plan de gobierno de la junta: la fundacional, que continuaría hasta los años 90, y la segunda, o nueva república, que continuaría por lo menos hasta el 2000.

También se encontraron cuatro listas negras de la dictadura clasificando a gente en función de sus presuntas actividades marxistas. La dictadura señalaba a estas personas como "personas prohibidas".

La primera lista negra es del 6 de abril de 1979 y contiene a 285 personas calificadas bajo la categoría Fórmula 4 (los que, en la opinión de los militares, tenían antecedentes ideológicos marxistas). El ministro de defensa recalcó que aunque no se prohibía darle trabajo a esa gente, en la práctica ocurría lo contrario: ningún medio de comunicación privado se hubiese animado a contratar a alguien clasificado como de la lista Fórmula 4.

La calificación Fórmula 3 juntaba a los que de acuerdo con la dictadura tenían antecedentes ideológicos marxistas que no eran suficientemente fuertes como para impedir su nombramiento, promoción, otorgamiento de beca, etc.

La Fórmula 2 incluía nombres de personas cuyos antecedentes no permitían calificarlos negativamente desde el punto de vista de la ideología marxista.
Finalmente, Fórmula 1 agrupaba a aquellos sospechosos de ser enemigos de la dictadura sin tener antecedentes marxistas.

Sin bien los únicos proscritos de trabajar en un organismo público eran los que se encontraban en la Fórmula 4, bajo el régimen de brutal represión (que incluía perseguir, detener, torturar y matar que dictadura considerase sus enemigos) no cabe duda que las cuatro "formulas" de la dictadura ejercían un alto grado de intimidación sobre los sectores público y privado para no contratar a las personas nombradas en cualquiera de ellas.

Entre los 285 nombres de la primera versión de la Fórmula 4 había militantes sindicales, periodistas, locutores, abogados, profesores y un gran número de personas afiliadas a las artes, como músicos, pintores, actores, poetas y escultores.

Uno de los nombres en el grupo de la Fórmula 4, (aquellos asociados con la ideología marxista) era Julio Cortazar, el escritor de Rayuela, Bestiario y otros cuentos. Cortazar es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, con gran influencia literaria y humana sobre toda una generación de escritores latinoamericanos.

También aparecen en la lista artistas que dedicaron su obra a cantar la realidad del pueblo trabajador de Argentina y América Latina. Un ejemplo es Mercedes Sosa, llamada la "Voz de América" y fundadora del Movimiento Nueva Canción.

Otro extraordinario representante de la música autóctona latinoamericana es el famoso cantautor y escritor Atahualpa Yupanqui.

La lista Fórmula 4 también incluía personas de otros países como el cantautor catalán Joan Manuel Serrat y el escritor uruguayo Eduardo Galeano.

Entre los periodistas estaba Jacobo Timerman. Fundador del diario de Buenos Aires La Opinión. Timerman fue secuestrado por la dictadura en 1977. Fue puesto en libertad tres años después tras una fuerte campaña internacional. Es autor de Preso sin nombre, celda sin número, obra en que relata sus padecimientos en los centros clandestinos de detención de la junta.

En septiembre de 1982, habiendo sido derrotada la Argentina en la Guerra de Las Malvinas, la dictadura lanza su última Fórmula 4 con 46 nombres. La misma junta, ya desprestigiada, debilitada internamente y consumida por sus propios actos de represión, interpreta esa última lista como parte de la transición hacia un régimen democrático.

Acabada la tiranía, los militares negaron la existencia de las actas secretas. El último militar en el poder, el ex general Reynaldo Bignone habría ordenado su destrucción antes de entregarle el gobierno a Raúl Alfonsín en 1983.

Las crónicas relacionadas a la empresa Papel Prensa son la revelación más explosiva. Fundada en 1969 bajo la dictadura del general Juan Carlo Onganía, esta empresa pretendía monopolizar la producción de celulosa y papel.

A partir de 1973 Papel Prensa queda en manos de David Graiver, quien muere en agosto de 1976 en un sospechoso accidente aéreo en México. En los días siguientes, los diarios bonaerenses El Clarín, La Nación y las revistas Fuentes y Somos, acusaron a Graiver de haber estado ligado al grupo guerrillero Montonero.

Bajo la presión de la recién instalada junta militar presidida por el general Jorge Rafael Videla, y en una venta de dudosa legalidad Papel Prensa pasa a ser propiedad conjunta de Clarín, La Nación y La Razón (otro diario de Buenos Aires), teniendo también como socio al gobierno.

A partir del mes de marzo de 1977, los familiares y miembros del grupo Graiver son detenidos ilegalmente. Un mes después el editor de La Opinión, Jacobo Timerman también es arrestado, supuestamente por tener conexiones con el grupo Graiver. Todos ellos son llevados a un centro secreto de detención y tortura. El padre, el hermano y la viuda de Graiver, Lidia, son torturados y amenazados con ser ejecutados para obligarlos a vender sus intereses en Papel Prensa.
Además de la conexión empresarial, Timerman compartía con los Graivers el ser judío. La dictadura fascista, rabiosamente antisemita, torturó al editor del periódico acusándolo de ser parte de una conspiración sionista.

Controlando el suministro de papel, dictadura militar logra controlar los medios escritos de difusión. Papel Prensa Sociedad Anónima mantuvo un monopolio sobre la producción de papel. La alternativa, importación de papel chileno, era el 40 por ciento más cara. Desde sus inicios el objetivo de los militares es asegurar que nada fuera publicado que revelara los crímenes de la junta o que diera lugar a la resistencia popular.

El problema sigue aun candente. En abril de 2011 la Unidad Fiscal Federal de La Plata calificó como "crimen de lesa humanidad a los hechos que rodearon la transferencia de acciones de la empresa Papel Prensa entre 1976 y 1977".

"El silencio de los diarios La Nación, Clarín y La Razón sobre lo que pasaba bajo la dictadura quedo compensado con el negocio de Papel Prensa", atestiguó ante la corte el año pasado Héctor Timerman, hijo de fallecido periodista y actual ministro de relaciones exteriores de Argentina. "Secuestraron a mi padre y le entregaron Papel Prensa a los directores de esos diarios".

En la actualidad, el caso va tomando más importancia en el proceso de entre el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y las principales empresas de medios de comunicación, en particular la del grupo Clarín, que además del diario que lleva ese nombre controla alrededor de 200 licencias de radio y televisión. El grupo se opone vehementemente a las disposiciones antimonopolistas de la Ley de Medios Audiovisuales, introducida por el gobierno para reemplazar los estatutos impuestos bajo la dictadura; argumenta que las amenaza a su monopolio constituye un ataque a la "libertad de prensa". La Unidad de Información Financiera de Argentina, una agencia reguladora, se presentó ante un tribunal argentino a mediados de noviembre para obtener una orden de restricción en contra de cualquier transferencia de los bienes de Papel Prensa. El pleito cita el peligro al "orden económico y financiero" del país, que puede causar el monopolio de papel de periódico y pidió participar en pleitos existentes, dado que la transferencia ilegal de la empresa a los propietarios de los principales grupos de medios de comunicación puede haber violado las leyes contra el lavado de bienes financieros.