Mientras continúan los enfrentamientos la cifra de muertos llega a seis en Venezuela

por Bill Van Auken
21 marzo 2014

Este artículo se publicó en inglés el 21 de febrero del 2014

La cifra de muertos en la semana de enfrentamientos que comenzó el 12 de Febrero en Venezuela alcanzó el número de seis; mientras tanto el presidente Nicolás Maduro acusó a Washington de fomentar las violentas insurgencias en el país.

Una bala perdida alcanzó a la estudiante de 23 años Génesis Carmona en la cabeza durante una protesta de oposición en la ciudad norteña de Valencia el miércoles. Carmona, quién había sido nombrada la "Miss Turismo" en estado de Carabobo en 2013, murió de sus heridas.

También se reportó el miércoles sobre un participante asesinado en el tiroteo en una marcha de trabajadores en apoyo al gobierno en la ciudad industrial de Ciudad Guayana en el este. De acuerdo a Miguel Rodríguez, Ministerio del Interior de Venezuela, pistoleros abrieron fuego a trabajadores que volvían a casa o a sus trabajos cuando la marcha terminaba, dejando a uno muerto y a otros tres heridos.

Las últimas fatalidades llegaron mientras se reportaba violentos enfrentamientos en 13 de los 23 estados de Venezuela, habiéndose intensificado y propagado desde que el 12 de Febrero una manifestación convocada por la oposición de derecha en Caracas terminara en un derramamiento de sangre.

El gobierno ha acusado a Washington de fomentar la violencia, denunciando el miércoles una declaración realizada por el presidente Barack Obama en México que pedía a Caracas liberar a los manifestantes detenidos, "entrar en verdadero diálogo" y atender los "legítimos malestares del pueblo venezolano".

Obama también condenó la decisión del gobierno venezolano de expulsar a tres miembros del personal de la embajada de EE.UU. por involucrarse en las protestas estudiantiles, acusando a éste de "tratar de distraer sus propios errores creando falsas acusaciones contra diplomáticos de Estados Unidos".

El ministro de relaciones exteriores de Venezuela respondió con un comunicado oficial en el que acusaba a Obama de llevar a cabo una "nueva y grosera interferencia en los asuntos internos de nuestro país".

Exigió que el gobierno de EE.UU. "explique por qué financia, apoya y defiende la a los líderes de oposición que promueven la violencia en nuestro país". La declaración prometió que el gobierno venezolano continuaría "monitoreando y tomando acciones necesarias para detener a los agentes de EE.UU. que buscan sembrar la violencia y la desestabilización e informar al mundo sobre la naturaleza de la política intervencionista de la administración Obama en nuestro país".

Washington aceleró sus ataques a Venezuela luego del arresto el martes de Leopoldo López, un economista entrenado en Harvard que forma parte de la facción de línea dura dentro de la coalición de opositores de derecha conocida como MUD (Mesa de Unidad Democrática).

López, uno de los principales organizadores de la manifestación del 12 de Febrero, es el líder del partido derechista Voluntad Popular (VP). Un producto de la oligarquía tradicional venezolana, fue uno de los líderes de las manifestaciones que fueron organizadas en Abril del 2002 como parte del abortado golpe de estado - patrocinado por la CIA- contra el predecesor de Maduro, el fallecido Hugo Chávez. Él y sus aliados elaboraron una estrategia que denominaron la "salida" para la reciente campaña de protestas, lo cual significaba un plan para derrocar a Maduro, quién fuese elegido por un estrecho margen el pasado Abril.

Si bien el gobierno inicialmente declaró que enjuiciaría a López por terrorismo y asesinato, cuando fue instruido de los cargos un juez sentenció que sólo había evidencia para acusarlo por cargos de incitamiento criminal e incendio provocado.

La derecha ha hecho un llamado para una masiva marcha el sábado en Caracas para exigir la liberación de López.

Hasta ahora, la principal violencia ha sido concentrada en los vecindarios de clase media alta del este de Caracas -en donde buses fueron atacados el miércoles por la noche- y en las ciudades occidentales de Mérida y San Cristóbal. Han habido reportes aislados de pequeñas protestas en algunas áreas que tienen una mayor población trabajadora, como los municipios de El Valle y Caricuao de Caracas, por mucho tiempo considerados bastiones del partido gobernante.

Bajo las condiciones de un 56 por ciento de inflación, el crecimiento de la desigualdad social mientras los banqueros obtienen ganancias récord, y los ataques a los derechos de los trabajadores, hay sin lugar a dudas un creciente descontento dentro de la clase trabajadora y en las masas más empobrecidas de la sociedad venezolana. En las áreas industriales del estado de Bolívar, un número de sindicatos rechazó participar en manifestaciones convocadas por el partido gobernante debido al rechazo del gobierno para establecer contratos y sus ataques a los militantes de la clase trabajadora.

Sin embargo, al mismo tiempo, la agitación de la derecha, que tiene como base a las clases altas del país, no ha encontrado apoyo dentro de las masas del pueblo trabajador. El verdadero peligro es que, debido a la falta de un movimiento revolucionario independiente en la clase trabajadora, la presente crisis pueda conducir al derrocamiento del gobierno y a la imposición de una dictadura de derecha, o a su capitulación e implementación de las políticas exigidas por la derecha y el imperialismo estadounidense.

Henrique Capriles, el dos veces derrotado candidato de derecha a la presidencia y el gobernador del estado de Miranda, tomó las radios el miércoles para condenar al gobierno de Maduro y al mismo tiempo distanciarse a sí mismo de la violencia de los manifestantes de derecha.

Capriles también pidió tomar cuidado con lo que advirtió podría ser una amenaza de que dentro del gobierno algunos elementos podrían usar a la violencia para avanzar sus propios propósitos. "Hay elementos que tienen interés en que Maduro se vaya, porque significa que Diosdado entra", declaró.

El político derechista se refería a la especulación de que dentro del gobierno hay una creciente competencia entre Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, un ex oficial del ejército que tomó parte en el fallido golpe de estado militar realizado por Hugo Chávez en 1992. Cabello ha tomado varias acciones recientemente que aparentan tener un carácter presidencial, como un reciente viaje al estado occidental de Zulia, en la frontera colombiana, para anunciar el despido de funcionarios militares implicados en operaciones de contrabando. Él ha comenzado su propio programa de televisión sobre la política gubernamental que hace recordar al show "Aló Presidente" de Hugo Chávez. También fue Cabello el que apareció el martes en el Palacio de Justicia para encontrarse con Leopoldo López.

La fricción interna dentro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) refleja los conflictos de interés de las fuerzas sociales sobre las que resta, las cuales incluyen al ejército, las secciones de la burocracia sindical, estratos nacionalistas pequeño-burgueses y también la llamada boliburguesía: los financieros y capitalistas que se han enriquecido a sí mismos por medio de conexiones con el gobierno.

En la medida en que el gobierno tenga que sostenerse en el ejército para reprimir a la agitación de derecha, estas fricciones tan sólo se intensificarán. Maduro anunció el jueves que estaba preparado para imponer un "estado de excepción" en San Cristóbal, una ciudad en la frontera con Colombia en dónde las protestas comenzaron y han sido particularmente violentas. El gobierno ha acusado que los levantamientos ahí son el resultado de una conspiración que involucra a funcionarios estadounidenses y a la derecha colombiana.

La imposición de un estado de excepción, una forma de ley marcial, no tendría precedentes para el gobierno, el cual incluso bajo Chávez durante el golpe del 2002 y la posterior huelga de administración contra la compañía petrolera estatal no requirió de tales medidas. Como es, el gobierno ha anunciado que está enviando un batallón de paracaidistas a la ciudad para asegurar las rutas de transportación, reforzar las unidades nacionales de guardia para restaurar el orden y desplegar un contingente del cuerpo de ingenieros del ejército para llevar a cabo la limpieza y reconstrucción de las instalaciones dañadas en los ataques.