Se suspenden protestas mineras de Perú en medio de pruebas de corrupción de su liderazgo

por Cesar Uco
1 julio 2015

Se han suspendido protestas masivas en Perú contra el propuesto proyecto minero Tía María a raíz de una declaración de la compañía minera Southern Perú diciendo que posponía por dos meses el proyecto de la mina.

Lo que se había convertido en un ascendente movimiento de masas expresado en una serie de huelgas y bloqueos de carreteras de gran alcance ha sido dejado de lado, al menos en parte, por el descubrimiento de que el líder más prominente de las protestas aparentemente había exigido dinero a cambio de suspender la lucha.

Esto se hizo evidente con la revelación de una cinta de audio en la que a un hombre, que se identificó como dirigente del Frente de Defensa Tambo Valle, José "Pepe Julio" Gutiérrez, se le escucha solicitar un soborno de 1.5 millones de dólares para ser dividido en tres partes: una para él, otra para el alcalde Jaime de la Cruz, y la tercera para Jesús Cornejo, presidente de la junta de agricultores.

Gutiérrez ha sido encarcelado bajo sospecha de extorsión basada en las revelaciones de la cinta, la cual fue proporcionada por un abogado peruano de Southern Perú. Mientras que los que él nombró en la cinta han negado cualquier implicación y se ha distanciado Gutiérrez. Este ha reclamado que es víctima de un montaje.

Tía María se encuentra cerca de la comunidad campesina de Islay, en la provincia de Cocachacra, departamento de Arequipa. Southern es el mayor productor de cobre en Perú y México. Es propiedad principalmente del Grupo Mexicano. México cuenta con US$ 14 mil millones invertidos en Perú. Tía María está programada para alcanzar una producción de 120.000 toneladas de cobre, lo que requiere una inversión de US$ 1,6 mil millones.

Ya en 2003, los campesinos del valle del Río Tambo que atraviesa la provincia se quejaban de que un proyecto minero terminaría contaminando su tierra agrícola y las aguas del río.

Este marzo, una huelga indefinida fue llamada en Islay, que en un corto período de tiempo se propagó para convertirse en un exitoso paro regional de 48 horas en todo el sur de Perú, incluyendo los departamentos de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

La lucha se extendió a otras regiones. Cajamarca en el norte, donde se encuentra el proyecto Conga de cinco mil millones de dólares. Ese departamento ha sido escenario de luchas encarnizadas entre la población local y la mina Buenaventura, en parte propiedad de la Newmont Mining Company con sede en Canadá. Apoyo para la huelga en Tía María llego a El Cercado, un empobrecido barrio obrero situado en el centro de Lima. Allí, unos 3.000 manifestantes se enfrentaron a la PNP (Policía Nacional del Perú), que disparó al aire para dispersar a los manifestantes.

En el valle de Tambo, jóvenes que se hacen llamar "espartambos" (aludiendo nombre del valle) se enfrentaron a los efectivos de la Policía Nacional, lanzándoles piedras con sus hondas. Miles se congregaron en la Plaza Mayor de Arequipa, la ciudad más grande del sur del país, elegido como el centro de encuentro por los manifestantes.

La poderosa huelga indefinida por la comunidad de Islay fue cancelada por el liderazgo después que Southern Perú dijo que terminaba las operaciones en el departamento de Arequipa, con el argumento de que se enfrentaban a un nuevo tipo de "minero-terrorismo". El representante del Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercio y Servicios de Matarani, Fernando Bossio, avisó que si el Estado cede ante las demandas de las protestas, la inversión en la zona desaparecería. Al continuar los enfrentamientos con los campesinos, el gobierno declaró Estado de Emergencia en Islay.

Inicialmente, el presidente Ollanta Humala dio su visto bueno a Southern Copper en base a un Estudio de Impacto Ambiental de 2003. La población y las autoridades locales se opusieron porque el estudio proponía el uso de las aguas del río Tambo. Se realizaron dos estudios más en respuesta a de la huelga indefinida donde se dieron en enfrentamientos violentos, dejando cinco muertos y 50 heridos.

Estos estudios, elaborados a petición de la Southern por Geoservice Ingenieria SAC, mintieron el impacto ambiental de la planta desalinizadora (que fue elegido como alternativa al uso de las aguas del río Tambo). Los expertos llegaron a la conclusión de que se produciría hidrocarburo clorado venenoso que afectaría el bienestar de la fauna hidrológico y marina. Southern tiene un record flagrante de desprecio por el medio ambiente peruano desde la década de 1950.

En enero de 2015, la Oficina del Medio Ambiente del Ministerio Público solicitó que el presidente de Southern Copper Corporation, Óscar González Rocha sea sentenciado a dos y medio años de custodia sobre su libertad y a una multa de un millón de dólares por ser responsable de la contaminación del medio ambiente del mar frente al puerto de Ilo. La agencia peruana OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) multó a la compañía 608.000 nuevos soles peruanos por haber violado las normas ambientales, y la OEFA (Organización para la Evaluación Ambiental y Supervisión) multó a Southern Copper en catorce instancias por un total de 530,745 de dólares.

El abuso del medio ambiente, violaciones de las normas y el desprecio por la seguridad en la minería no son únicos a Southern. En general, es la norma en todas las minas extranjeras y nacionales en el Perú y el resto de América Latina.

La corrupción del liderazgo de las protestas masivas contra Tía María es parte de una tendencia generalizada que se extiende desde el palacio presidencial hacia abajo. El presidente Ollanta Humala se presentó como un candidato populista de "izquierda" en 2011, prometiendo un programa de "inclusión social", basado en la redistribución de la riqueza extraída por los intereses mineros transnacionales. Desde que asumió el cargo, ha sido el principal defensor de estas empresas mineras, subordinando todo, incluyendo el medio ambiente del Perú, a las ganancias de las empresas mineras.

La primera dama, Nadine Heredia, se ha visto sumida en un escándalo de corrupción que involucró a su asociación empresarial con un gerente de la campaña presidencial de su esposo, Martín Belaunde Lossio, quien está acusado de tráfico de influencias y lavado de dinero. Los periódicos locales acusan a la primera dama de no declarar cincuenta y siete mil dólares en ingresos del período anterior a la exitosa carrera de Humala a la presidencia.

Se ha convertido en algo común que líderes de los trabajadores exijan dinero para vender las luchas obreras y que funcionarios locales acepten sobornos para reprimir manifestaciones populares.

El año pasado César Álvarez, gobernador regional de Ancash, otra importante región minera, fue acusado de corrupción y de estar rodeado de sicarios. La Fiscalía Anticorrupción declaró que él y su cohorte emplean "asesinos para intimidar y/o eliminar a sus adversarios políticos, acusadores o testigos de hechos delictivos; y habían utilizado testaferros para lavar dinero en la economía".

La misma corrupción existe en la región minera de Cajamarca, donde las masas detuvieron el proyecto minero Conga de cinco mil millones de dólares tan solo meses después de Humala asumiera el poder en 2011. El gobernador regional Gregorio Santos, quien lideró las movilizaciones de masas para cerrar Conga “será trasladado del penal de Piedras Gordas de Ancón –donde cumple prisión por corrupción de funcionarios– al penal de Lurigancho”, Perú21 informó recientemente. Santos es acusado de "presuntamente haber ordenado el secuestro y tortura de la ciudadana Petronila Vargas y el asesinato de su padre” en 2005, según informó la cadena de noticias.

Hace unos meses, los dirigentes de las dos principales confederaciones sindicales, la CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú) bajo control estalinista y la CTP (Confederación de Trabajadores del Perú), controlado por el APRA (nacionalismo burgués) estuvieron involucradas en la contratación de sicarios para matar a sus rivales en ciudades ubicadas 200 kilómetros al norte de la capital, Lima.

La noticia de la corrupción, secuestros, reembolsos y el uso de sicarios por los líderes sindicales y los presidentes regionales toma lugar en un momento de deterioro significativo de la economía peruana, creciente desempleo y movilizaciones de masas de estudiantes universitarios contra una ley que proponía reducir los salarios y beneficios para los jóvenes. Como resultado de las movilizaciones de la juventud, el Congreso anuló la ley.

La situación política en el Perú está cada vez más dominada por el descontento de las masas, que los medios de difusión tratan de minimizar en un intento desesperado de seguir representando al país como un paraíso para la inversión extranjera.

Aunque el conflicto Tía María está suspendido en la actualidad, hay que subrayar que la tregua se dio gracias a la confusión entre las masas después de las revelaciones de corrupción dentro de un liderazgo que estaba dispuesto a venderlos.

El gobierno de Humala está totalmente desacreditado, así como también los sindicatos, elementos populistas y pseudo-izquierda que traicionan el movimiento de masas de los trabajadores y campesinos. Lo que se requiere en el Perú como en toda América Latina es una nueva dirección revolucionaria basada en un programa socialista e internacionalista.