Mientras se eleva el costo de reconstrucción del desastre producido por El Niño Costero, los capitalistas ven una nueva fuente de ganancias

por Cesar Uco
3 abril 2017

A medida que el número de víctimas fallecidas y la miseria infligida predominantemente en la parte más pobre de la población peruana como consecuencia de las lluvias torrenciales, las inundaciones y los deslizamientos causados por el fenómeno climático conocido como El Niño Costero, algunas secciones de capitalistas ven el desastre como una oportunidad dorada de hacer mucho dinero para ellos.

Según las últimas cifras del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), por lo menos 97 personas perdieron la vida y cientos de miles de personas quedaron sin hogar. Los puentes, los suministros de agua, las escuelas, los hospitales y otras instalaciones han sido destruidos o gravemente dañados, y grandes sectores de la población están amenazados por la propagación de enfermedades. Los brotes de dengue en la región más afectada de Piura, en el noroeste de Perú, han aumentado en un 30 por ciento. El costo del daño se estima en miles de millones de dólares.

Por encima de todo, los estragos de El Niño costero han puesto de manifiesto la desigualdad social que atraviesa la sociedad peruana y la indiferencia absoluta de la élite gobernante del país a las condiciones de las masas de trabajadores y los pobres, así como a la infraestructura social de la que dependen.

“Esto no es un desastre natural, sino un fenómeno natural que ha llevado al desastre debido a la forma informal que este país se ha desarrollado”, dijo a la revista The Economist Gilberto Romero, director del Centro Peruano de Investigación y Prevención de Desastres.

Mientras simulan simpatía por el sufrimiento que las lluvias diluvianas de más de 10 horas consecutivas inundaron ciudades enteras, combinado con avalanchas de agua, lodo, troncos y piedras, producto de El Niño Costero, le ha infligido a la población, la rapaz clase dominante del Perú presiona agresivamente para convertir el desastre en una nueva fuente de riqueza.

El desprecio del gobierno central sobre las provincias, durante los casi 200 años de vida republicana, dejó a Piura, la ciudad más afectada, bajo el agua, en lugares por más de un metro, e incapacitada de atender el brote de infecciones que han aparecido en las últimas semanas. Enfermedades como el dengue han aumentado en 30.

Para desgracia de los cientos de miles directamente afectados, Peru21 informa que ha “aparecido una nueva enfermedad, la leptospirosis. Se contagia por la orina o tejidos descompuestos de animales o zonas contaminadas. Tenemos 56 casos, es una enfermedad nueva para nosotros… Por el momento si nos están llegando medicinas que se encontraron en un lugar inmovilizadas por dos años.” Para el fin de marzo, el número de contagiados era mayor a mil.

El diario de negocios GESTION lideró su edición del 24 de marzo con el titular “Los emprendedores demandan un plan de reconstrucción rápida”. Estos “empresarios” saben que tienen el apoyo del ex banquero de Wall Street y ahora Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, así como también el de su gabinete dominado por empresarios, para que los fondos de “reconstrucción” fluyan hacia el sector privado.

El presidente, cuyo índice de aprobación venia cayendo desde antes del desastre, se ha negado a nombrar un “zar” para la reconstrucción, una indicación de su política de depender casi exclusivamente de empresas financieras privadas y empresas de construcción.

Roque Benavides, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), dijo: “La falta de solidaridad con el pueblo es un acto vergonzoso”.

Benavides es el principal propietario de Minas Buenaventura en la región de Cajamarca, en la parte septentrional de Perú. Para él hablar de “solidaridad con el pueblo” es una obscenidad. En décadas pasadas, se convirtió en uno de los hombres más ricos del Perú, un multimillonario en base a la explotación de mineros y campesinos, la destrucción del medio ambiente y pisoteando los derechos de la población nativa. A pesar de tener grandes depósitos de metales preciosos, Cajamarca sigue siendo uno de los tres departamentos más pobres del Perú, de un total de 24.

La verdad es que el catastrófico desastre natural que afecta al Perú no podría haber llegado en un momento más oportuno para los capitalistas peruanos, con la economía del país desacelerando rápidamente.

La proyección del PBI se ha reducido a menos del 2,8 por ciento. Hasta hace poco, Barclays y J.P. Morgan lo tenían en 3,4 y 3,5 por ciento. La inflación se estima en una tasa anual del 3,7 por ciento, es decir, superior al crecimiento del PBI.

Quizás la cifra más significativa de desaceleración económica es la caída de inversión extranjera este año en 24 por ciento, alcanzando su nivel más bajo desde 2009.

Los empresarios incorporados en instituciones empresariales como ONFIEP, AFIN (Desarrollo Nacional de Infraestructuras), CAPECO (Cámara Peruana de Construcción) y SNP (Sociedad Nacional de Pesquería) han tomado una posición conjunta exigiendo al gobierno “debe actuar con rapidez y comenzar la reconstrucción lo más rápido posible”.

En su frenético llamado a la acción, se deja percibir el temor de que esta catástrofe, si el gobierno no responde prontamente – respaldándose, por supuesto, en la empresa privada – puede desencadenar un descontento social incontrolable. Ya en Piura, la gente ha bloqueado los caminos en protesta por la falta de ayuda. En Lima, los aumentos de los precios de los alimentos produjeron enojadas amenazas de irrumpir en los supermercados.

Dada la previsibilidad del fenómeno natural de El Niño, el gobierno debería siempre estar preparado para un posible desastre mediante la creación de un significativo fondo de reserva económica. No sólo no lo hizo, sino que esta semana salió a la luz que en mayo de 2016, el entonces presidente Ollanta Humala, que asumió el cargo basado una la retórica populista y nacionalista y contando con el respaldo de los elementos pseudo-izquierdistas del Perú, suspendió el financiamiento destinado a lidiar con potenciales estragos de El Niño. En lugar de financiar la prevención de desastres, su gobierno reasignó la mayor parte del fondo de US$ 923 millones a otras actividades de infraestructura y preparativos para los Juegos Panamericanos 2019, dejando sólo el 5 por ciento del monto original.

Ahora, el Banco Central de Reserva de Perú (BCR) estima que la reconstrucción de puentes y autopistas a nivel nacional costará más de US$ 3.800 millones.

Según el diario oficial El Peruano, “Por medio de un decreto supremo, el Ejecutivo ha asignado 1.500 millones de nuevos soles [US$ 462 millones] además del presupuesto original de mil millones, y ha determinado que esta cantidad está disponible en el momento en que se publicó la disposición legal, de tal manera que su uso sea inmediato en los tres niveles de gobierno”.

Los 2.500 millones de nuevos soles o US$ 730 millones decretados por el gobierno, sólo suman el 19 por ciento de la cantidad necesaria para reparar puentes y carreteras estimados por el BCR. Entonces, ¿de dónde provendrá el resto del dinero? Si bien es cierto que los gobiernos nacionales y regionales cuentan con algunas fuentes de financiamiento adicional para socorro en casos de desastres, no se llegará nada cerca a la cantidad necesaria.

El sector financiero peruano, a través de un columnista de GESTIÓN, ha explicitado su determinación de “salvar” la economía del país “con visión estratégica y de manera ordenada” en parte a través de “la reprogramación de numerosos créditos”.

La experiencia demuestra que cuando los capitalistas prestan en condiciones de crisis exigen ganancias muy por encima del promedio usual, alegando que están haciendo inversiones arriesgadas.

En ninguna parte están expresados más claramente los propósitos depredadores de la élite gobernante peruana para enriquecerse de las tragedias infligidas por El Niño Costero que en su explotación despiadada de la clase trabajadora.

El plan inicial de “reconstrucción” contempla la contratación de 40.000 trabajadores no calificados para trabajar en proyectos que duran de dos a cinco meses, incluyendo la construcción de muros de contención, defensas en las riberas y otras protecciones contra las inundaciones. Se les pagará 30 nuevos soles por ocho horas de duro y peligroso trabajo; que es equivalente a US$ 1,15 por hora, muy por debajo del salario mínimo peruano de 850 nuevos soles al mes o US$ 1,50 por hora.