En desafío al gobierno, continua la huelga en la mina más grande de cobre de Perú

por Armando Cruz y Cesar Uco
17 abril 2017

Una huelga de 1,300 trabajadores en la mina Cerro Verde, la mina de cobre más grande de Perú, ha llegado a su tercera semana y continúa en desafío a un decreto gubernamental declarando la acción ilegal.

El 10 de marzo los trabajadores de Cerro Verde convocaron una huelga de una semana exigiendo una mayor repartición de las ganancias de la mina –la repartición ha estado baja por los últimos dos años– mejores beneficios familiares a la salud y la inclusión de trabajadores en la investigación de muertes relacionadas a accidentes.

Dentro de la primera semana de huelga, la Administración Regional del Trabajo la declaró ilegal debido a que el sindicato no presentó la huelga al Poder Judicial. El decreto permite al propietario, la multinacional minera estadounidense Freeport McMoRan despedir a los trabajadores indiscriminadamente.

El comunicado que declara ilegal a la huelga tiene la fecha de 13 de marzo. Pero el 11 de marzo la entidad del gobierno presentó la decisión a la compañía, mientras que esperó un día más para decírselo a los trabajadores en huelga.

Esta maniobra le dio a la compañía un aviso de un día para mantener discusiones con el liderazgo del sindicato antes de que dé el anuncio oficial a las bases. Un claro intento de negociar un acuerdo sin la autorización de los trabajadores en huelga.

Pero los mineros respondieron a la ilegalización de su huelga a manos del gobierno haciendo de ésta una huelga indefinida, mientras emitía llamados para los mineros a nivel nacional en una lucha unida contra el gobierno y los propietarios capitalistas. Mineros en Milpo, Buenavuentura, El Brocal, Simsa, Minera Raura y Shougang Hierro Perú han realizado huelgas en los últimos 12 meses.

La decisión de llamar a una huelga indefinida ante la ilegalización de sus acciones ha sido tomada por los trabajadores cuando comenzaron la primera semana de huelga.

Cerro Verde otorga el 222 por ciento de la producción anual nacional de cobre en Perú, lo que lo hace el más grande productor del mineral. Su principal accionista es Freeport McMoRan (FMCG), con sede en Phoenix, EE.UU.; según la prensa la productora de cobre más grande del mundo. Japanese Sumitomo Metal Mining y la compañía peruana Buenaventura, de la poderosa familia Benavides, también poseen considerables acciones.

Según Bloomberg News, “la mina de CerroVerde produjo 500,000 toneladas de cobre en el 2016, más del doble que su rendimiento en el 2015 debido a una expansión en sus operaciones”. En el 2016 también extrajo oro y molibdeno.

FMCG tiene una presencia a nivel mundial y un mundo de problemas como resultado de la caída por cinco años del precio de cobre que obligó a bajar a las ganancias de la compañía e impidió pagar requerimientos contractuales en sus operaciones en Indonesia, Congo y Zambia. En agosto de 2016, un minero chileno murió en la mina de cobre El Abra de Freeport “luego de un accidente en su terminal de descarga de ácido, lo que obligó a detener sus operaciones”, Reuters reportó.

Ha habido un rebote reciente en los precios del cobre, lo que se atribuye a las huelgas en las minas Escondida de Chile y Grasberg de Indonesia, la más grande y segunda más grande minas de cobre del mundo. Los mercados financieros también han sido aparentemente favorecidos por las promesas de campaña del Presidente Donald Trump de reconstruir la infraestructura de EE.UU. Desde que Trump ganó la presidencia, el precio del cobre ha recuperado el 7 por ciento.

En Cerro Verde, localizado a 50 km. de Arequipa, la segunda ciudad más grande de Perú, la compañía envío a rompehuelgas y trabajadores tercerizados para operar “áreas claves” de la mina, de acuerdo a Bloomber, pero está produciendo la mitad de lo que solía hacer.

El sindicato ha pedido a la compañía de que detenga la producción durante la huelga y la acusó de hacer trabajar a los rompe-huelgas y tercerizados horarios agotadores de 12 horas en trabajos para los cuales no están entrenados y operan maquinaria pesada, violando las propias reglas de salud y seguridad de la compañía.

Durante la primera semana de huelga, dos rompehuelgas que trabajaban tercerizados murieron. Según Reuters “el maquinista Winston Arratea Ale (27) murió ayer en la mñana en los interiores de la planta de nitrato de amonio (…) Aparentemente, un circuito eléctrico cortó su brazo izquierdo e hirió otras partes de su cuerpo. Después, Frank Axel Cohen Ruiz murió y Basilio Olazábal fue herido en otro accidente que está siento investigado.

Un representante del sindicato declaro al diario online de Arequipa El Búho que Olazábal había sido amenazado con cargos criminales por la compañía, la cual está intentando incriminarlo por la muerte del otro trabajador. Pero Olazábal declaró a la policía que la orden para operar en un área peligrosa vino de los altos ejecutivos en la compañía, a pesar de las advertencias de los trabajadores.

Según el diario peruano La República: “Las esposas de los mineros salieron a protestar ayer y amenazaron con ir con sus hijos. Un promedio de 100 mujeres protestaron con lo que consideran un abuso de Cerro Verde”.

“A nuestros esposos no les están dando el seguro complementario de trabajo, no les pagan horas extras, no se les reconocen derechos y encima no se pueden quejar porque los despiden”, precisó una de las representantes, Carmen Julia Alarcón.

De acuerdo al líder sindical de Cerro Verde Zenón Mujica –un burócrata experimentado de la Federacion Nacional de Trabajadores Mineros, Metalurgicos y Siderurgicos del Peru (FNTMMSP) - todos los mineros del país confrontan ataques similares contra los salarios y beneficios.

Luchas similares se han desplegado en otras partes en Latinoamérica. Según Reuters el jueves: “La huelga en La Escondida de Chile, la mina de cobre más grande del mundo, llega a su fin después de 43 días, cuando los trabajadores decidieron invocar una provisión legal raramente usada que les permite extender su viejo contrato, el sindicato declaró el Jueves”. La acción vino después de otra fallida charla entre el sindicato y la firma minera trasnacional BHP Billiton. Los mineros mantendrán sus beneficios pero perderán su demanda a una ganancia mayor.

“Los trabajadores declararon que presentarían su decisión al gobierno el viernes y retornarían al trabajo el sábado”, Reuters reportó.

Las luchas de los mineros en Cerro Verde y La Escondida son muy similares. Ambas son las productoras más grandes de cobre en sus respectivos países, capaces de mover los precios de cobre mundiales. Ambas son propiedad de grandes trasnacionales y en ambas los trabajadores lanzaron huelgas indefinidas debido a que fueron obligados a cargar con el peso de los disminuyentes precios del cobre en el mercado mundial. Y en ambas huelgas, las corporaciones trajeron a rompehuelgas.

Sin embargo, las burocracias sindicales nacionales en Chile y Perú hicieron nada para juntar a las huelgas de estas dos poderosas secciones de la fuerza laboral del mundo minero, incluso cuando las compañías mineras estaban conscientemente intentando enfrentar una sección de trabajadores contra la otra.

Mientras tanto, la decisión para ilegalizar la huelga por el gobierno peruano del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), un ex banquero de Wall Street, solamente sirvió para desacreditar aún más a su administración, la cual se pone al servicio sin falta de los inversionistas extranjeros para de colocar la crisis económica mundial sobre las espaldas de la clase trabajadora.

Durante la primera semana de la huelga de Cerro Verde, el gobierno de PPK estaba trabajando en “nuevas reglas cuyo objetivo era darle giro a la caída de 3 años en las inversiones mineras eliminando los requerimientos y permisos para la exploración de proyectos”, declaró así el ministerio de energía y minas a Reuters el lunes.

En 2014, el gobierno del presidente Ollanta Humala llegó a un acuerdo con Cerro Verde para eximir a la compañía minera de pagar impuestos hasta el 2028. Pero una vez que la compañía de EE.UU. comenzó a iniciar operaciones en nuevas áreas que no habían sido cubiertas por el acuerdo del boierno –la producción de la primera Planta de Flotación de Sulfuro– la entidad recaudadora de impuestos SUNAT llegó a la conclusión que Cerro Verde debía 286 millones de nuevos soles (US$ 88 millones). El total aumentó a 800 millones de nuevos soles (US$246 millones) cuando se basó en acusaciones legales ante el Poder Judicial peruano.

Si bien la demanda por una huelga a nivel nacional para defender los salarios y los derechos básicos planteada por los mineros de Cerro Verde tiene un apoyo popular considerable, al liderazgo del sindicato minero no le interesa una lucha seria contra el gobierno y los conglomerados mineros.

El registro histórico de los líderes sindicales y protestas comunales en la región sureña del Perú, especialmente en el sector minero, ha sido uno de traición consistente. En julio del 2015, durante el conflicto minero de Tía María, el WSWS reportó que “la liberación de una cinta de audio en la que un hombre identificado como el director del Frente de Defensa del Valle del Tambo Pepe Julio Gutiérrez solicita un soborno de US$1.5 millones para que sea repartido entre él, el alcalde de Deán Valdivia Jaime de la Cruz y el presidente del consejo de agricultores del Valle del Tambo Jesús Cornejo”. La revelación efectivamente detuvo la lucha continua de los trabajadores y campesinos de Tía María.

Los líderes sindicales en otras industrias –especialmente en la construcción- están involucrados en esquemas de corrupción, cobrar “cupos” (sobornos para protección en compañías de construcción) e involucrarse en una guerra por los contratos usando sicarios para eliminar líderes de sindicatos rivales.

La FNTMMSP se basa a sí misma en un programa explícitamente nacional-sindicalista que está orientado al gobierno burgués del Perú. Para derrotar a las corporaciones multinacionales en la época de la globalización, lo que se requiere es la unidad de todos los trabajadores empleados por la misma industria sin distinción de nacionalidad. La lucha de los mineros de Cerro Verde debe unirse a la de los mineros en Indonesia, Congo, Zambia, Chile y EE.UU. en una batalla común contra la compañías mineras internacionales y el sistema capitalista.