Una nueva etapa de la contrarrevolución en el sistema de salud de EE.UU.

11 mayo 2017

La aprobación de la Ley de Cuidado de Salud Estadounidense (AHCA; American Health Care Act) en la Cámara de Representantes marca un hito político. La élite gobernante nunca había revelado de forma tan explícita las intenciones detrás de sus “reformas” del sistema de salud del último cuarto de siglo. Millones de personas más se quedarán sin seguros médicos y acceso a la salud para financiar billones de dólares en ganancias para la aristocracia financiera.

La pieza central de la nueva legislación es el desmantelamiento de Medicaid, el programa de seguros estatales para los pobres, el cual verá efectivamente sus últimos días como un programa de garantías sociales. Este también será el preludio de la destrucción de Medicare y el seguro social.

Los enormes recortes en la cobertura médica que prevé el proyecto de ley han provocado una amplia indignación. Cada uno de los grupos importantes de las distintas ocupaciones médicas como los médicos de familia, psiquiatras, grupos de apoyo para los enfermos de cáncer, enfermedades cardíacas y pulmonares, esclerosis múltiple, entre otros han denunciado públicamente la crueldad de la ley, la cual recibió el entusiasmado respaldo del presidente Donald Trump el jueves pasado.

A pesar de que los congresistas demócratas han pretendido compartir la indignación del público, sus objeciones a esta legislación monstruosa propia de la guerra de clases son puramente cosméticas. La legislación republicana sólo implementaría más crudamente lo que la Ley de Cuidado de Salud Asequible (AHA, Affordable Health Care Act) o “Obamacare” pretende lograr detrás de una pantalla de retórica reformista: trasladar los costos en salud de las corporaciones norteamericanas y el Estado capitalista a los trabajadores.

Al igual que Obamacare, la AHCA de los republicanos toma como punto de partida un sistema de salud basado en la subordinación de las necesidades de una población grande y diversa al requisito de lucro para las grandes corporaciones que controlan los hospitales y las industrias aseguradoras, farmacéuticas y de equipo médico, junto con los bancos de Wall Street que dominan la economía en su conjunto.

Como lo han reiterado los voceros de la burguesía, un problema básico del sistema de bienestar social estadounidense es que la población está viviendo demasiado tiempo. Los avances en los tratamientos y tecnologías médicas han hecho posible vivir mucho más que lo que proyectaban los estudios actuariales en los que se basaron originalmente el seguro social y Medicare. Lo que una sociedad decente y humanista consideraría como un gran avance es visto por la aristocracia financiera como una escandalosa pérdida de dinero para su constante acumulación de islas privadas, yates y mansiones, así como sus arsenales de guerra y aparatos de represión.

Como lo demuestra la AHCA, buscan remediar esto mediante un aumento drástico en la tasa de mortalidad.

La legislación que aprobó la cámara baja incluye un enorme recorte de impuestos para los ricos y las compañías de seguros, medicamentos y dispositivos médicos de aproximadamente 600.000 millones de dólares en los próximos diez años. En lo que se refiere a la élite gobernante, los aspectos más significativos son la rebaja de 880.000 millones de dólares de Medicaid y los 300.000 millones de dólares en subvenciones para seguros médicos que serán eliminados, ofreciendo una gran variedad de formas para sacar a millones de personas de los seguros de salud.

Un congresista particularmente empeñado, Raul Labrador del estado de Idaho, regañó a los críticos de la legislación en la reunión de un ayuntamiento, quienes manifestaban que los recortes a Medicaid resultarían en muertes prematuras. “Ese argumento es tan indefendible”, dijo Labrador. “Nadie se muere por no tener acceso a una cobertura de salud”.

Idaho Congressman Raul Labrador: "Nobody dies because they don't have access to health care."

De hecho, un estudio publicado en el 2009 en la revista arbitrada American Journal of Public Health encontró que 45.000 muertes cada año se vinculan a la falta de cobertura médica y que, entre los estadounidenses en edad laboral, aquellos sin seguros de salud tienen un riesgo 40 por ciento mayor de morir que sus contrapartes asegurados. Otros estudios más recientes han encontrado que la esperanza de vida entre los trabajadores blancos de mediana edad ha comenzado a disminuir debido a las consecuencias de la desindustrialización, los recortes sociales y el colapso de la infraestructura, particularmente en las zonas rurales.

Continuar y, más allá, intensificar dichas tendencias es la meta de la AHCA y de cualquier legislación que termine aprobando el Senado y firmando en ley el presidente Trump. Por esta razón, la legislación efectivamente pone fin a la cobertura de aquellos con condiciones preexistentes, entre 50 y 130 millones de personas, dependiendo de cómo se defina el término. De esta manera, las personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves y, por lo tanto, las más necesitadas de un seguro serán puestas en guetos médicos (llamados “fondos de alto riesgo”), donde pueden ser objeto de tarifas mucho más altas o perder el total de su cobertura.

Numerosas otras disposiciones reaccionarias que conforman una lista de deseos de las corporaciones hecha para apaciguar al “Freedom Caucus”, el cual agrupa al ala ultraderechista de los republicanos que bloqueó la aprobación de la primera versión de “Trumpcare” a principios de este año. El proyecto de ley retira el financiamiento de Planned Parenthood por un año, algo que afectaría a millones de trabajadoras; elimina fondos federales para luchar contra epidemias como el Ébola y el Zika; reduce el financiamiento federal para los programas de vacunación; y les abre una puerta trasera a los empleadores para reintroducir límites vitalicios en beneficios médicos, que el 59 por ciento de los empleadores fijaba antes de que Obamacare los volviera ilegales.

Los demócratas no escatimarán ni una sola oportunidad para retratar a los republicanos como siervos desalmados de los multimillonarios; sin embargo, ellos también lo son. Ambas partidos concuerdan en que se tiene que limitar el acceso a la salud al servicio de los intereses de lucro de las grandes empresas estadounidenses, especialmente porque ven que los costos de los cuidados de salud representan una desventaja competitiva ante la crisis económica del capitalismo mundial. Por lo tanto, ambos partidos comparten la determinación de reducir estos costos a expensas de la salud y las vidas de millones de trabajadores.

La solución socialista ante la crisis en el ámbito de salud toma como su punto de partida las necesidades de los trabajadores y la sociedad en su conjunto, no la “salud” financiera de los bancos y las gigantescas corporaciones. El Partido Socialista por la Igualdad lucha por el establecimiento de un sistema de salud universal y gratuito para todos, colocándolo en su totalidad —las compañías aseguradoras, farmacéuticas y de equipo médico y las cadenas de hospitales privadas— bajo control público, administrado democráticamente para cubrir las necesidades humanas, no la necesidad de lucro capitalista.

El establecimiento de tal sistema sería parte de la reorganización socialista de toda la economía a través de la nacionalización de las principales empresas bajo control obrero y el desarrollo de una economía planificada racionalmente. La lucha por esta perspectiva exige la movilización de la clase obrera, como fuerza política y revolucionaria, independientemente y en oposición al Partido Demócrata y al Republicano.

Patrick Martin