A medida que crecen las protestas contra Madrid, el Parlament catalán declara la independencia

por Alejandro López
30 octubre 2017

Mientras miles de manifestantes independentistas se congregaban en las afueras, el Parlament de Cataluña aprobó el viernes una resolución de independencia de España y el inicio de un “proceso constituyente” para redactar la nueva Constitución de la República de Cataluña.

La votación se llevó a cabo en secreto con el fin de evitar cualquier incriminación por parte del Gobierno español. La resolución de la independencia, la cual declara “una república catalana como Estado independiente, soberano, democrático y social”, fue aprobada con 70 votos a favor. Estos votos procedieron de los partidos secesionistas —el Parti Demòcrata Europeu Català (PDeCat), la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la pseudoizquierdista Candidatura d’Unitat Popular (CUP)—, mientras que hubo dos abstenciones desde el campo independentista. La coalición respaldada por Podemos, Catalunya Sí que es Pot (CSQP) emitió 10 votos en contra. Además, 53 legisladores de Ciudadanos, el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Popular abandonaron la cámara y catalogaron la resolución de ilegal.

Fuera del Palacio del Parlament, decenas de miles de manifestantes secesionistas agitaban la bandera estelada de independencia y carteles exigiendo la puesta en libertad de dos líderes separatistas arrestados, Jordi Sánchez de la Asamblea Nacional Catalana y Jordi Cuixart de Òmnium Cultural. Celebraron el anuncio de la votación, coreando “Independencia”, “Las calles siempre serán nuestras” y “Ni un paso atrás”. En una sala adyacente al Parlament, 200 alcaldes secesionistas celebraron la declaración.

Horas después, el Gobierno español del primer ministro Mariano Rajoy anunció la implementación de las medidas del artículo 155 aprobadas por el Senado el mismo día. Estas incluyen la imposición de un Gobierno regional por parte de Madrid, la destitución del presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y todos los ministros regionales, la disolución del Parlament y la convocación de elecciones anticipadas en la región

El giro hacia un gobierno autoritario en España es una advertencia urgente para la clase obrera. Décadas de profunda austeridad, guerra imperialista y la promoción de medidas de ley y orden en toda Europa desde la disolución estalinista de la Unión Soviética en 1991, y particularmente desde la crisis de Wall Street en el 2008 han producido una crisis mortal del dominio burgués. Con decenas de millones de trabajadores desempleados en toda Europa, la clase gobernante es consciente de la ira social explosiva que existe. Su respuesta cuando encuentra oposición es un rápido recurso a medidas dictatoriales.

Esperando una represión masiva de Madrid, Puigdemont les dijo a los partidarios del independentismo después de la sesión parlamentaria: “En los próximos días debemos mantener nuestros valores de pacifismo y dignidad. Está en nuestras manos construir la república”.

Miles se reunieron después frente al edificio del Govern catalán en la plaça Sant Jaume para celebrar. Una vez que se supo que España había puesto fin a la administración de Puigdemont, el canto principal era “¡No nos moveremos!”, desafiando así cualquier intento de Madrid de arrestar a los líderes secesionistas. Los ayuntamientos alrededor de Cataluña bajaron la bandera española, mientras que la Asamblea Nacional de Cataluña instó a los funcionarios regionales a no cooperar con las autoridades impuestas por Madrid.

El portavoz de PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, declaró antes del anuncio de las medidas del artículo 155 que su partido no aceptaría la renuncia del presidente catalán ni del resto del Govern y que seguiría siendo leal a los oficiales actuales en Cataluña.

España enfrenta la peor crisis política desde el colapso del régimen de Franco en la década de 1970 en medio de luchas de las masas obreras. Después de una década de profunda crisis económica, austeridad social y desempleo masivo, la burguesía española, con el apoyo de la Unión Europea y la OTAN, están utilizando la declaración de independencia para seguir adelante con sus planes de desmantelar todas las concesiones en materia de derechos democráticos y sociales durante el período postfranquista. Madrid se prepara para apoderarse de Cataluña con el respaldo del ejército y la policía española.

Se avecina una represión sangrienta ante una crisis de dimensiones revolucionarias. Si bien está emergiendo una amplia oposición contra tales medidas, es crítico distinguir dos formas distintas de oposición, que representan los intereses de diferentes clases sociales.

Primero, existe la oposición de las facciones independentistas de la clase capitalista catalana. Esta incluye al PDeCAT, la ERC, la Asamblea Nacional Catalana y sus aliados pequeñoburgueses, la pseudoizquierdista CUP. Estas fuerzas están procediendo con un intento de construir un Estado capitalista catalán en el marco de la Unión Europea.

Las mismas fuerzas que han reprimido las protestas y huelgas de los trabajadores y jóvenes a lo largo de los años contra sus políticas de austeridad salvajes en Cataluña declararon cínicamente el viernes en su resolución de independencia: “La República catalana es una oportunidad para corregir los actuales déficits democráticos y sociales y construir una sociedad más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria”.

La base social principal para el programa de construcción de un nuevo Estado capitalista catalán se encuentra en las capas más acomodadas de la población. La última encuesta del Centro de Estudios de Opinión, el cual es financiado por Cataluña muestra que el 40 por ciento de los que ganan más de €1800 al mes —muy por encima del promedio regional de €1400 por mes— apoyan la secesión. Entre aquellos que ganan más de €4000 al mes, alcanza el 54 por ciento. Pero el apoyo a la secesión en sectores de la población que ganan menos de €1800 por mes cae por debajo del 40 por ciento.

Su principal apoyo institucional consiste en secciones de la administración pública y la policía regional, los Mossos d'Esquadra. Sin embargo, la lealtad de los 17 000 Mossos se encuentra dividida entre Barcelona y Madrid.

Los métodos secesionistas de manifestación pacífica y “desobediencia” ante el artículo 155 no son comparables con la sangrienta represión que está preparando el Estado español, con sus 122 000 efectivos militares, 77 400 guardias civiles y 87 900 policías nacionales. Los partidos nacionalistas catalanes también están políticamente aislados, ya que todas las principales potencias capitalistas de Europa y América del Norte apoyan los pasos de Madrid hacia la represión.

El fiscal general español, José Manuel Maza, planea presentar cargos de rebelión contra Puigdemont, todos los miembros de su Gobierno y los diputados, quienes autorizaron el voto de independencia. Fuentes de la Fiscalía General del Estado le comentaron a El Confidencial que se tomarán acciones legales contra todos los que “participaron” en los eventos.

Esta fórmula ambigua permite presentar cargos contra cientos si no miles de secesionistas y todos aquellos que se oponen al artículo 155. La pena máxima por rebelión es 30 años en prisión.

La otra forma de oposición es la cada vez mayor oposición social de la clase obrera en toda España y en toda Europa contra el retorno de métodos autoritarios de gobierno. Después de cuatro décadas de dictadura fascista durante el Gobierno de Francisco Franco entre 1939 y 1978, la clase obrera no ha olvidado la brutalidad del régimen.

Cientos de miles de personas han marchado en Cataluña contra el artículo 155 y el arresto de líderes secesionistas. Diferentes sectores de la clase trabajadora, como bomberos, estibadores, funcionarios públicos, profesores y empleados de los medios de comunicación públicos catalanes ya han demostrado su oposición a las medidas de Estado policial y la aplicación del artículo 155.

La prensa basada en Madrid ha bombardeado a la población durante el último mes con contenidos fomentando el nacionalismo español y han tratado de impulsar una atmósfera de hedores fascistas en un intento para romper la resistencia de la población a la implementación de formas autoritarias de gobierno.

La oposición de los trabajadores en Cataluña a la austeridad y al autoritarismo es parte de una radicalización más amplia de la clase obrera en toda Europa contra la austeridad social y el militarismo que avanza rápidamente. El camino a seguir para la clase trabajadora es movilizar a esta oposición en forma de una lucha política unificada contra la austeridad de la UE y la marcha hacia formas de gobierno de Estado policial, comenzando con los pasos de Rajoy hacia un dominio militar de Cataluña.