La focalización racista por el gobierno de Reino Unido de los migrantes caribeños provoca una respuesta negativa

por Robert Stevens y Thomas Scripps
21 abril 2018

Las disculpas forzadas por la primera ministra del Reino Unido (RU) Theresa May y su ministro del Interior Amber Rudd con respecto a la deportación y persecución por parte del gobierno a los ciudadanos de la Mancomunidad de Naciones que han vivido en Gran Bretaña por décadas debería ser tratada con desprecio.

El mea culpa de Rudd en el parlamento, en dónde anunció un equipo de trabajo para investigar el asunto y la posterior disculpa de May a los líderes de la naciones de la Mancomunidad el martes, son tan sólo un intento de pintar el resultado deliberado de una política gubernamental para victimizar y expulsar a los inmigrantes como unos errores por parte de unos pocos y fanáticos funcionarios públicos.

En meses recientes, muchos inmigrantes de la Mancomunidad han sido contactados por el Ministerio del Interior, el cual les dijo que no son elegibles para quedarse en el RU. Ellos han confrontado acoso y violaciones de sus derechos como la negación del cuidado a la salud, alojamiento y empleo público. El Ministerio del Interior insistió que debían probar que ellos han estado en el RU de manera continua desde enero de 1973 otorgando cuatro documentos relevantes por cada año de residencia.

Según el Observatorio de Migración en Oxford, hay 524,000 residentes actuales del RU que nacieron en un país de la Mancomunidad y llegaron en Gran Bretaña antes de 1971. Se estima que 50.000 personas que llegaron del Caribe entre 1948 y 1973 no regularizaron su status de residencia y están amenazadas con la deportación.

Los primeros de estos llegaron al RU después de la Segunda Guerra Mundial en el crucero Empire Windrush, el cual trajo a trabajadores de la India occidental a Gran Bretaña en 1948. Conocidos como la “generación Windrush”, los inmigrantes caribeños –y posteriormente inmigrantes del subcontinente indio– fueron invitados al RU para ayudar con una masiva escasez laboral en áreas claves como el Servicio de Salud Nacional (NHS, siglas en inglés). Muchos inmigrantes eran niños cuando llegaron y usualmente con los pasaportes de sus padres.

La tardía y reacia disculpa del gobierno vino solamente después de que terribles historias comenzaran a surgir sobre el repugnante tratamiento de los inmigrantes de la Mancomunidad.

El caso de un hombre, Albert Thompson, es mostrativo del sádico tratamiento impuesto. Él ha vivido en Londres por 44 años después de haber llegado desde Jamaica como un adolescente y trabajado y pagado impuestos por más de tres décadas. Él fue por su primera sesión de radioterapia por cáncer de la próstata, pero le dijeron que a menos de que pueda obtener un pasaporte británico se le multaría £ 54.000 por el tratamiento. Después de que se le negara su derecho a la salud pública gratuita, Thompson fue desalojado el verano pasado como resultado del endurecimiento de la legislación de inmigración, lo cual le dejó sin hogar por tres semanas.

Las vidas de muchos inmigrantes han sido arruinadas luego de que se realizaran cambios a la ley de inmigración durante el período de May como ministra del Interior (2010-2016).

En el 2012, se aprobó la legislación que exige que las personas posean documentación que pruebe su derecho de estar en el país para así poder trabajar, alquilar o acceder a los beneficios de salud y bienestar público. Pero el acta de inmigración de 1971 no especifica que se entregue semejante papeleo y el Ministerio del Interior no mantiene un registro de aquellos a quienes les otorgó la estadía. La carga fue colocada sobre las espaldas de aquellos que tienen que probar que son residentes antes de que el Acta entrara en efecto el 1ero de enero de 1973.

En el 2014, esta situación fue empeorada por el retiro secreto de una cláusula en el Acta de Inmigración del 2014 que protegía a los residentes de larga data de la Mancomunidad de la deportación.

Mas evidencia salió a la luz el martes que prueba que otras medidas que fueron emitidas tienen como propósito facilitar las deportaciones en masa. En el 2010, el gobierno destruyo miles de las tarjetas de inmigración de la era Windrush pertenecientes a inmigrantes caribeños. El gobierno, en un intento de minimizar la destrucción del importante archivo, declaró que las tarjetas no podían otorgar evidencia confiable de las actuales residencias en el RU o el status de inmigración.

El miércoles, este argumento fue expuesto como una mentira por dos informantes del Ministerio del Interior quienes declararon que las tarjetas eran usadas regularmente en la toma de decisiones. Uno declaró que las bases de datos “mostraban quién más llegó contigo; mostraba a los padres y los hijos que traían consigo”.

El endurecimiento de la legislación de inmigración fue parte de una política de crear, en las palabras de May en un discurso del 2012, un “ambiente verdaderamente hostil” para los inmigrantes “ilegales”. Esto era necesario, ella declaró, “después de 13 años de inmigración masiva sin control”. El discurso fue dirigido no sólo hacia personas que consideraban con justa razón tener completos derechos ciudadanos, incluyendo tres generaciones de ciudadanos provenientes del Caribe, sino a todos los inmigrantes.

Esto era central a los esfuerzos del gobierno conservador para llevar hacia abajo la tasa de inmigración a “decenas de miles” como parte de su adopción de políticas exigidas por el Partido de la Independencia del RU, el cual se ha ganado a muchos seguidores de los conservadores.

En el 2013, el gobierno incluso contrató vans, bajo órdenes de May, para que sean conducidas por pueblos y ciudades con grandes poblaciones inmigrantes con el cartel gigante “Váyanse a casa o confronten el arresto”.

Desde entonces, el Ministerio del Interior ha ejercido una despiadada agenda anti-inmigración. Se le requiere a los propietarios de alojamientos de que verifiquen el status de inmigración de sus inquilinos, mientras que los hospitales y las caridades que reciben fondos del NHS requieren verificar las identificaciones a los pacientes previo al tratamiento para así facturarlos si no son elegibles para el tratamiento libre. Los bancos y las sociedades de construcción fueron obligados a realizar chequeos de inmigración a sus titulares de cuentas corrientes. Como resultado de las actas de inmigración del 2014 y 2016, una política de “deporta primero, apela después” se ha vuelto rutina.

Los inmigrantes post-guerra obtuvieron permiso para permanecer bajo el Acta de Inmigración de 1971, el cual entró en vigor en 1973. Sin embargo, debido a las muchas disposiciones de esa acta reaccionaria, muchos de la generación Windrush aún no están oficialmente clasificados como ciudadanos británicos.

El Acta desautorizó la migración de la Mancomunidad por medio de la introducción de una “cláusula de patria” (“patriality clause”). Se introdujo un “derecho de residencia” parcial, se levantaron todas las restricciones a los inmigrantes que puedan probar una conexión directa personal o ancestral con Gran Bretaña. Bajo esta provisión, el padre o abuelo de una persona tenía que haber nacido en el RU para que su ciudadanía sea otorgada. En efecto, esta provisión significó que el solicitante tenía que tener un padre o abuelo blanco. Los negros y asiáticos fueron efectivamente prohibidos de la ciudadanía, pero no los inmigrantes blancos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etc.

Aquellos que ya están aquí por cinco años obtuvieron permiso permanente pero los ciudadanos de la Mancomunidad perdieron automáticamente el derecho para permanecer en el RU. A medida que la migración de las Indias Occidentales a Gran Bretaña ocurrió principalmente entre 1948 y 1965, la documentación que ahora se demanda no existe. Como resultado, muchos de la generación Windrush y sus hijos –algunos quienes jamás han salido afuera del RU y no requieren un pasaporte- aún no están clasificados como ciudadanos.

Esta acta racista fue introducida por el gobierno conservador de Edward Heath, quién declaró que “no habrá más inmigración permanente a gran escala”.

Tan sólo tres años antes, el parlamentario líder de los conservadores Enoch Powell dio su discurso fascista de los “Ríos de sangre” en Birmingham, en el que hizo un llamado para “detener o parar por completo las entradas adicionales y […] promover la salida máxima”. Heath fue obligado a despedir a Powell de su gabinete después de la indignación pública, pero los papeles de gabinete confirman que las políticas de Powell fueron importantísimas en la elaboración del Acta de Inmigración.

En las siguientes décadas, muchos de la generación Windrush, sus hijos y nietos se vieron involucrados en la lucha contra las políticas racistas de Margaret Thatcher y el resto de los antepasados políticos de May.

Tras volverse primera ministra, May intentó presentar una pose progresiva recién acuñada. El retiro del RU de la Unión Europea, declaró, estaría basado en una “Gran Bretaña Global” el cual se voltearía al mundo para aumentar sus relaciones de comercio, en particular con las más de 50 naciones de la Mancomunidad. Las pretensiones políticas de May yacen en ruinas. Se ha visto obligada a hacer una disculpa en la víspera del encuentro de hoy de los Jefes de Gobierno de la Mancomunidad, el cual está centrado en discutir el fortalecimiento de las relaciones de comercio de Gran Bretaña.

Lo que tiene mayor importancia política, sin embargo, es que millones de personas están asqueadas y enojadas por el tratamiento dado a sus vecinos, amigos y colegas de trabajo. Es una dura muestra de la implicaciones divisivas y socialmente destructivas de la retórica anti-inmigrante y las políticas asociadas usadas para dividir a la clase trabajadora en frente de su enemigo común.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 de abril de 2018)