Estudio señala “ramificaciones devastadoras” de la “ley mordaza global” antiaborto de Trump

por Benjamin Mateus
16 junio 2018

Un nuevo informe cita el impacto devastador de la política de la Administración de Trump llamada "Protegiendo la vida en la asistencia de salud global". En enero del 2017, Trump instituyó su versión de la “Política Ciudad de México”, conocida por sus críticos como la “ley mordaza global" o GGR (Global Gag Rule), que esencialmente bloquea el financiamiento federal estadounidense para organizaciones internacionales que brinden asesoramiento, referencias o servicios para abortos en naciones de bajos ingresos.

El informe "Prescribiendo caos en la salud mundial: la ley mordaza global de 1984 a 2018" fue publicado el martes por el Center for Health and Gender Equity (CHANGE; Centro para la Salud y la Equidad de Género). La presidenta de CHANGE, Serra Sippel, escribió en una carta que acompaña el informe que la política expandida de Trump "ha tenido ramificaciones inmediatas, directas y potencialmente devastadoras, no solo para la salud de las mujeres, sino para todos los servicios de salud para mujeres, hombres y niños".

La política, que afecta $9 mil millones en fondos asignados a múltiples agencias gubernamentales, está teniendo el efecto de terminar el financiamiento de algunas organizaciones no gubernamentales que servían como la única fuente de atención médica en países en desarrollo especialmente afectados por enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

En lugar de limitar los abortos, la política tendrá el efecto de aumentar el número de abortos peligrosos y reducir el acceso a anticonceptivos, chequeos y tratamientos para enfermedades mortales.

Trabajadoras de la clínica de la Asociación de Mozambiqueños para el Desarrollo Familiar (AMODEFA) en el distrito de Xai- Xai, Mozambique. Fuente: Center for Health and Gender Equality

El presidente Ronald Reagan originalmente impuso la ley mordaza en 1984 en la conferencia internacional sobre la población en la Ciudad de México. La política establece que todas las organizaciones no gubernamentales que operen en el exterior y deseen recibir fondos federales de los Estados Unidos deben abstenerse de realizar, asesorar o respaldar el aborto como método de planificación familiar. Desde que Reagan impuso la política, su respaldo ha seguido líneas partidarias. Fue retirada en 1993 por Bill Clinton, restituida por George W. Bush en 2001, para ser revocada nuevamente por la Administración de Obama en 2009.

Las organizaciones internacionales afectadas por la GGR quedan en una situación difícil ya que la hostilidad de Gobiernos futuros a la planificación familiar hace que las organizaciones no gubernamentales se muestren reticentes a firmar un acuerdo con los EUA, ya que les pueden quitar el financiamiento.

La falta de acceso a métodos anticonceptivos

Se estima que 225 millones de mujeres en todo el mundo desean acceso a los métodos anticonceptivos modernos, pero carecen de los medios para obtenerlos. Hay 56 millones de abortos anuales en todo el mundo, y casi la mitad de los casos constituye una amenaza para la salud o la vida de la mujer. La mayoría de los abortos inseguros se realizan en países de bajos ingresos en África, Asia y América Latina. De acuerdo a Unparalleled Leadership and Impact (PAI, Liderazgo e Impacto Incomparables), "Ningún otro donante puede igualar el liderazgo y la experiencia técnica de los EUA en la planificación familiar para llenar fácilmente el vacío dejado por la retirada y las restricciones a la asistencia estadounidense".

En 1973, la enmienda Helms a la Ley de Asistencia Exterior prohibió toda asistencia y fondos de los Estados Unidos para servicios de aborto. La imposición de la política del GGR además restringió a las organizaciones privadas en otros involucrarse en pronunciamientos sobre las políticas públicas sobre el tema del aborto, aun cuando tales acciones se consideran legales en su país. Incluso si su país permite la asistencia de planificación familiar y las referencias y servicios de aborto sean permitidos, la ley mordaza exige que estas organizaciones cumplan con las políticas restrictivas de EUA si eligen aceptar fondos estadounidenses. Independientemente de que las organizaciones puedan emplear fondos que no provinieron de EUA para dichos servicios, la Política de Ciudad de México prohíbe tales distinciones.

Estos servicios son necesarios a menudo en los países más pobres, donde el acceso a la atención médica y los servicios ginecológicos es menor. La pérdida de fondos conduce al cierre de clínicas de planificación familiar, un recorte en los servicios que se pueden proporcionar y un aumento en las tarifas por estos servicios y los métodos anticonceptivos. Esto conduce inevitablemente al aumento de las clínicas clandestinas de abortos, lo que conlleva un aumento de las complicaciones de los procedimientos, como abortos sépticos, las hemorragias y una serie de complicaciones y, a veces, la muerte. Aproximadamente 22.000 mujeres mueren cada año por complicaciones de abortos inseguros. Más de 8 millones de mujeres sufren de lesiones o enfermedades asociadas con el procedimiento.

La pérdida de servicios también afecta la necesidad más amplia de educar al público sobre cuestiones de salud universal, como la prevención del VIH/SIDA, la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS), evitar conductas de alto riesgo a la salud y administrar exámenes de detección de ETS y cáncer y su tratamiento.

Se ha estimado que proporcionar anticonceptivos a 225 millones de mujeres puede prevenir 52 millones de embarazos no deseados y 70.000 muertes. Los servicios para la familia pueden proporcionarles a millones de mujeres el cuidado prenatal, la educación y la atención que necesitan, así como capacitar a los asistentes de embarazos con las habilidades necesarias para que el embarazo y el parto sean más seguros.

La aplicación de la ley mordaza por parte de la Administración de Trump ha expandido el impacto devastador para la mayor parte de la asistencia de salud global bilateral de EUA. La legislación afecta los fondos para el VIH bajo el Plan de Emergencia del presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR, por sus siglas en inglés), salud materna e infantil, malaria, tuberculosis y enfermedades tropicales desatendidas, nutrición y otros programas. Esto equivale a $7,7 mil millones de fondos potenciales en 2018, según la Kaiser Family Foundation. La planificación familiar representa solo $600 millones de ese total.

Aumento en los abortos inseguros

El impacto obvio de tal política es que los recortes a los servicios de planificación familiar aumentarán las tasas de aborto y las consecuencias involuntarias de las prácticas inseguras en las clínicas improvisadas de aborto y los remedios locales. Detrás de tales medidas políticas no están las perspectivas morales piadosas de los valores provida y cristianos, sino la coerción motivada políticamente para suprimir los derechos democráticos en estos países y obligarlos a aceptar las demandas de los EUA. El PIB de países como Kenia, Uganda y Etiopía se ha más que cuadruplicado desde 2000, pero la pobreza y el acceso a la atención médica siguen siendo una preocupación urgente.

La ley mordaza global de Trump tendrá el efecto más devastador en las regiones con tasas ya altas de abortos inseguros, como Kibera, el barrio pobre más grande de Nairobi, Kenia. Fuente: Wikimedia Commons

La Organización Mundial de la Salud informó en 2008 que África oriental y central tenía las tasas mundiales más altas de abortos inseguros, con 36 por cada mil mujeres en edad reproductiva, afectando más a las regiones más pobres, como Kibera, considerado el barrio marginal más grande de Nairobi y el mayor barrio marginal urbano de África.

A pesar de que el informe del Censo de la Vivienda de Kenia de 2009 estima que la población en Kibera es de 170.070, las estimaciones más precisas ubican a la población entre 500.000 a un millón. Las Naciones Unidas afirman que del 40 al 50 por ciento de los kenianos, aproximadamente 16 millones de personas, viven en barrios marginales.

El Banco Mundial estima que la economía de Kenia crecerá un 5,5 por ciento este año debido a la mejora del clima y la disminución del riesgo político que proporciona mejores sentimientos comerciales. Sin embargo, los precios más altos del petróleo, la disminución de las inversiones en la construcción de infraestructura y el débil crecimiento del crédito reducen el optimismo de los inversionistas.

Estos desarrollos nacionales, que ocurren dentro del contexto más amplio de las presiones económicas globales, tienen un impacto cualitativo en la vida de las personas dentro de estas naciones. Desde esta perspectiva, un estudio publicado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford titulado "Una política estadounidense de ayuda y aborto inducido en África subsahariana en 2011", que analiza el impacto de la Política de Ciudad de México sobre las mujeres subsaharianas, es muy revelador.

El estudio estimó la tasa anual de abortos inducidos en 20 países subsaharianos entre 1994 y 2001 y luego la comparó con el período 2001-2008, después de que Bush reinstaurara la Política de Ciudad de México en 2001. Vieron un aumento significativo en las tasas de aborto de 10,4 a 14,5 por cada 10.000 años de vida de las mujeres. En los países que eran más dependientes de los desembolsos de USAID, las tasas de aborto inducidos fueron mucho más bajas desde 1994-2001 que en las que no utilizaron estos fondos. Sin embargo, después de 2001, las tasas de aborto inducido se multiplicaron de dos a tres veces en los países dependientes de estos fondos, superando a los países que no dependen tanto de USAID.

En las naciones dependientes, se niveló el uso de anticonceptivos modernos, como los inyectables, los implantes, los dispositivos intrauterinos (DIU) y los anticonceptivos orales. Los autores concluyeron que cuando se reducen tales servicios, mayores precios dejan a muchas mujeres más sin poder costearlos. Actualmente, la anticoncepción inyectable es el método más comúnmente utilizado en África, ya que es invisible para las parejas y reduce el riesgo de repercusión de las parejas o las comunidades.

La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF, por sus siglas en inglés) y Marie Stopes International, ambos proveedores globales de servicios de salud sexual y reproductiva, se han negado a cumplir con la ley de mordaza global. Como consecuencia, la IPPF podría perder hasta $100 millones en fondos de USAID. El Instituto Guttmacher, una organización de investigación y política para los derechos de salud sexual y reproductiva, señaló que 39 de cada 100 embarazos en África son involuntarios, de los cuales 35 están relacionados con necesidades anticonceptivas no satisfechas.

Sin estos fondos, los servicios nacionales como Family Health Options Kenya (FHOK, Opciones de la Salud Familiar de Kenia) ya no podrán subsidiar los servicios anticonceptivos en Kibera y cerrarán sus clínicas y terminarán sus programas de extensión. Se estima que 36.000 mujeres no recibieron atención de planificación familiar el año pasado.

El Ministerio de Salud de Kenia estimó que las complicaciones derivadas de los abortos inducidos inseguros le costaron al sistema de salud pública $6,3 millones. Con el GGR vigente, se espera que estas estadísticas aumenten en el corto plazo.

La legislación antiabortos de Trump en EUA

En el frente interior, la situación del acceso de las mujeres estadounidenses a abortos seguros, la anticoncepción y la planificación familiar se ve aún más estrangulada por el reciente anuncio de la Administración de Trump de las nuevas reglas para el Programa de Planificación Familiar Título X.

La nueva normativa de Trump prohibiría los abortos en las instalaciones que reciben fondos federales de planificación familiar. En particular, la medida castigaría a las mujeres de bajos ingresos por recibir servicios de planificación familiar, lo que aumenta la probabilidad de embarazos no deseados y nacimientos.

Dicha legislación se encuentra en contravención con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Roe v. Wade de 1973, la cual afirma que los estados no pueden prohibir los abortos antes de la viabilidad del feto. Las nuevas pautas de Trump para el Título X, el único programa federal dedicado a pagar anticonceptivos, requerirían una "separación física y financiera" entre las entidades que reciben fondos del Título X y las que proporcionan abortos.

Planned Parenthood, el proveedor de atención médica para mujeres que actualmente usa fondos del Título X para proporcionar anticonceptivos a aproximadamente 40 por ciento de los 4 millones de personas que reciben fondos del Título X para servicios de planificación familiar, perderá aproximadamente $50 millones en fondos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de junio de 2018)