La amenaza inminente contra Julian Assange enfatiza la necesidad de un movimiento global para su defensa

por Mike Head
24 julio 2018

Informes creíbles indican que el gobierno de Ecuador está a punto de renegar el asilo político que fue otorgado para el editor de WikiLeaks, Julian Assange, y presentarlo a la policía británica, posiblemente en algunos días.

Los informes también indican que Assange sería sometido a una larga sentencia de prisión por las autoridades británicas, quizás por dos años o más, en espera de su extradición a los EE.UU, donde podría enfrentar la pena de muerte por cargos de espionaje y conspiración.

Estos desarrollos destacan la necesidad de profundizar la lucha por un sólido movimiento obrero internacional para ganar su libertad y por la defensa de todos los derechos democráticos esenciales.

Se están organizando protestas urgentes en muchos países para reaccionar cuando Assange sea expulsado de la embajada de Ecuador en Londres. Haga clic aquí para más detalles. El WSWS respalda tales demostraciones e insta a sus lectores a participar. Tal acción, sin embargo, será el comienzo de una campaña prolongada para defender a Assange y oponerse al creciente ataque y censura de voces críticas y medios independientes en Internet.

La visita a Londres por parte del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, supuestamente para pronunciar un discurso ante la Cumbre Global de Discapacidad de 2018, probablemente es parte de una conspiración que involucra a los gobiernos ecuatorianos, británicos, estadounidenses y australianos para encarcelar a Assange, un ciudadano australiano.

El editor de WikiLeaks ya ha pasado más de seis años básicamente encarcelado en la embajada de Ecuador, y se le restringió todo contacto con el mundo exterior desde el 28 de marzo.

Assange no ha sido acusado de un solo crimen. Está siendo encarcelado porque las élites gobernantes temen el impacto de los constantes e invaluables esfuerzos de su organización para exponer la vigilancia masiva, las maquinaciones antidemocráticas y los crímenes de guerra que están siendo llevadas a cabo por los gobiernos y corporaciones, particularmente por EE.UU y sus aliados.

La conspiración para silenciar a Assange y WikiLeaks ha sido intensificada en un patente desafío a las sentencias del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales han solicitado su protección. Este repudio a la ley internacional de asilo subraya la ansiedad en los círculos gobernantes sobre la labor de WikiLeaks y otros sitios web progresistas, particularmente bajo condiciones de un aumento internacional en las luchas de la clase obrera y la profunda hostilidad popular hacia la campaña de guerra comercial dirigida por los Estados Unidos.

En un artículo del Intercept publicado el 21 de julio, el periodista Glenn Greenwald informó: "Una fuente cercana al Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano y la oficina del Presidente, no autorizada para hablar públicamente, le confirmó al Intercept que Moreno está a punto de finalizar, si aún no ha finalizado, un acuerdo para entregarle a Assange al Reino Unido dentro de las próximas semanas. El retiro del asilo y la expulsión física de Assange podrían llegar tan pronto como esta semana".

En base a una discusión con una de las abogadas de Assange, Jennifer Robinson, Greenwald explicó la invención pseudo legal que ha sido preparada durante años por las autoridades británicas y estadounidenses para encarcelar a Assange.

El único proceso criminal anunciado públicamente contra Assange es una orden de arresto de 2012 por "no rendirse". Este cargo menor por una violación de libertad bajo fianza surgió cuando Assange obtuvo asilo de Ecuador luego de agotar todas sus apelaciones legales para no ser extraditado a Suecia para enfrentar una “investigación" inventada sobre acusaciones de agresión sexual y su casi cierto traslado a los EE.UU.

El cargo de libertad bajo fianza tiene una pena máxima de prisión de tres meses, y sus abogados argumentarían que el tiempo que ya ha pasado en una cárcel británica debería ser contado contra tal sentencia. En 2010, en base a la orden de arresto europea para responder "preguntas" en Suecia, Assange fue encarcelado durante 10 días y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario durante 550 días.

Sin embargo, más allá del cargo menor por violar la libertad bajo fianza, se espera que los fiscales británicos afirmen que la supuesta "falla de no entregarse" de Assange equivale a un "desacato al tribunal", lo cual conlleva una pena de prisión de hasta dos años. Esta detención más prolongada no solo extendería el silenciamiento de Assange. Le permitiría a las autoridades estadounidenses tener tiempo suficiente para iniciar sus procedimientos de extradición, lo cual podría tomar hasta tres años.

Incluso antes de su traslado a los EE.UU, Assange terminaría pasando más de una década en prisión o en detención efectiva a pesar de no haber sido acusado, y mucho menos condenado por ningún crimen.

Las medidas de Ecuador para terminar con el asilo político de Assange son el resultado de una intensa presión sobre el gobierno de Moreno por parte de la Administración de Trump, la cual ha intensificado las maquinaciones de la Casa Blanca de Obama para capturar a Assange. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó Ecuador a principios de este mes para incrementar las presiones de Washington sobre Moreno, quien ha movido radicalmente al gobierno del país hacia la derecha para tratar de ganar el favor de Estados Unidos y de los mercados financieros.

Las principales figuras de la Administración de Trump, incluyendo el Fiscal General Jeff Sessions y el Secretario de Estado Mike Pompeo, han declarado públicamente su intención de ver a Assange arrestado y encarcelado. El año pasado, Sesiones dijo que enjuiciar a Assange era una "prioridad" para Estados Unidos y de Pompeo, quien era en ese entonces el director de la CIA, calificó a WikiLeaks como un "servicio de inteligencia hostil no estatal a menudo apoyado por actores estatales como Rusia".

Pompeo rechazó explícitamente cualquier defensa de Assange en virtud de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual garantiza la libertad de expresión. WikiLeaks, dijo, "pretendió que las libertades de la Primera Enmienda de Estados Unidos los protegen de la justicia ... pero están equivocados".

Las amenazas de Estados Unidos contra Assange aumentaron después de marzo de 2017, cuando WikiLeaks comenzó a publicar una filtración masiva de documentos de la CIA. Los archivos de "Vault 7" revelan que la CIA está pirateando los teléfonos, PC, servidores, televisores inteligentes y sistemas informáticos de vehículos de millones de personas en los EE.UU e internacionalmente.

La determinación de la Administración de Trump de enjuiciar a Assange expone el fraude de la campaña propagandista, encabezada por el Partido Demócrata de Estados Unidos, para calumniar a Assange como una herramienta del presidente ruso Vladimir Putin. Assange supuestamente ayudó a elegir a Trump al publicar correos electrónicos reveladores sobre la candidatura presidencial de Hillary Clinton.

El Comité Nacional Demócrata ya ha destrozado la Primera Enmienda al demandar a Assange y WikiLeaks por publicar los correos electrónicos. Los correos electrónicos mostraron que el Comité, en nombre de Clinton, intentó sabotear la campaña de Bernie Sanders para la nominación presidencial de 2016 y que Clinton dio discursos secretos a los financieros de Wall Street asegurándoles que protegería sus intereses, independientemente de las promesas falsas que hizo durante la campaña.

Las autoridades suecas finalmente abandonaron su "investigación" sobre Assange en mayo de 2017, por lo tanto cancelando la orden de arresto europea en su contra. Sin embargo, el gobierno de la primer ministra Theresa May y los tribunales británicos aún así se han negado a cancelar su propia orden de arresto, nominalmente por una fuga bajo fianza.

El peligro que enfrenta Assange fue resaltado el 20 de julio por los comentarios del secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, y la ministra de Relaciones Exteriores australiana, Julie Bishop, los cuales se encontraban en Gran Bretaña por motivo de conversaciones ministeriales. Hunt presumió que Assange enfrenta "serios cargos" y recibirá una "cálida bienvenida" por parte de la policía británica una vez que abandone la embajada.

Bishop, en efecto, lavó las manos de su gobierno ante la difícil situación de Assange, diciendo que era un asunto de las "autoridades policiales británicas". Su comentario despectivo fue un desafío al mit ín transmitido alrededor del mundo por el Partido Socialista de la Igualdad en Australia, con el apoyo del conocido periodista de investigación John Pilger, en la Plaza del Ayuntamiento de Sydney el 17 de junio. Esa manifestación exigió que el gobierno australiano asegurara el derecho de Assange a regresar a Australia, si así lo desea, con garantías de que no será extraditado a los EE. UU.

Según demuestran todas estas experiencias, el destino de Assange no puede dejarse en manos de los gobiernos y tribunales capitalistas. Instamos a los trabajadores y los jóvenes de todo el mundo a exigir su libertad inmediata, como una parte esencial de la lucha para defender los derechos democráticos fundamentales. El vasto poder social de la clase obrera internacional debe ser movilizado para su defensa, independientemente de todos los partidos pro imperialistas, los sindicatos y los medios que se hayan alineado con la clase dominante en su contra.

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