La farsa de juicio a los nacionalistas catalanes y el peligro de la extrema derecha en España

15 febrero 2019

Ayer, después de que empezara en Madrid la farsa de juicio a los nacionalistas catalanes, los diputados nacionalistas catalanes negaron su apoyo a los presupuestos del gobierno en minoría del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Los presupuestos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del PSOE, quedaron rechazados por 191 votos a 158. Después de reunirse con su gabinete el jueves, se espera que convoque elecciones para esta primavera.

Las encuestas muestran que, si se celebraran hoy elecciones, el Partido Popular (PP, 23,1 por ciento), Ciudadanos (Cs, 19,2 por ciento) y el nuevo partido profascista y anticatalán escindido del PP, Vox (8,9 por ciento) juntos ganarían una mayoría con el 51 por ciento. El líder del PP Pablo Casado exigió ayer un “frente común” de esos partidos derechistas, después de haber formado una alianza en el gobierno regional de Andalucía el mes pasado.

La respuesta de la clase gobernante española a las crecientes huelgas y protestas en España y en Europa contra la austeridad de la Unión Europea (UE) es construir un régimen fascista. Objetivamente, eso se confronta con una fuerte resistencia obrera. Sin embargo, esta oposición históricamente arraigada al legado del dictador fascista español Francisco Franco, quien conquistara España en la Guerra Civil de 1936-1939 y cuyo régimen dirigió el país hasta 1978, no encuentra expresión mediante los partidos existentes.

El PSOE y su aliado pseudoizquierdista, Podemos, son reaccionarios y están en bancarrota. Podemos fue el defensor clave del gobierno del PSOE, e intentó hasta último momento ayer llegar a un acuerdo con los nacionalistas catalanes para aprobar los presupuestos. Promocionando el nacionalismo y el populismo y menospreciando la lucha de la clase trabajadora por el socialismo, los profesores estalinistas y pablistas que dirigen Podemos han permitido a la clase gobernante resucitar el fascismo. El peligro fascista es muy real.

Podemos llevó al PSOE al poder el año pasado, no mediante elecciones, sino mediante conversaciones furtivas para juntar una estrecha mayoría parlamentaria del PSOE, Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes. Esta coalición luego invistió a Sánchez, desbancando al presidente del gobierno Mariano Rajoy, del PP. El secretario general de Podemos, el profesor Pablo Iglesias, explicó la perspectiva nacionalista que subyace a su estrategia electoral: “Estamos orgullosos de ser españoles, y usaremos las palabras que se usan para ganar en política. Porque si no ganas, no puedes cambiar nada”.

De hecho, con una política “realista” que se adueña de conceptos de la derecha nacionalista, Podemos no preparó la victoria, sino la derrota. Una vez en el poder, el PSOE —el principal partido del gobierno capitalista en España desde 1978— de manera predecible aplicó una agenda indistinguible de la del PP, apartando a los trabajadores y fortaleciendo a los neofascistas. Mantuvo los presupuestos de austeridad de 2018 del PP, destinó miles de millones al ejército y, de manera crucial, continuó la represión del PP de los nacionalistas catalanes.

El martes empezó el juicio de los doce nacionalistas catalanes arrestados tras el referéndum sobre la independencia de Cataluña del primero de octubre de 2017, contra quienes pesan cargos de rebelión y sedición. Los partidos nacionalistas catalanes son partidos reaccionarios y proausteridad, que apoyan las guerras de la OTAN y la UE. Pero este juicio es un ataque a los derechos democráticos, incluyendo la libertad de pensamiento y de reunión, y la amenaza con ilegalizar cualquier oposición al Estado, que no tiene precedentes desde la caída del franquismo. Hay que oponerse a él.

El entonces vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los dirigentes de asociaciones culturales catalanes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart se enfrentan a 25 años de cárcel por desarrollar actividades políticas pacíficas: organizar un referéndum, o convocar manifestaciones. Ya han pasado más de un año en prisión, acusados de organizar un levantamiento armado. Sin embargo, la única violencia durante el referéndum fue la represión de la policía del PP a votantes pacíficos, que dejó un saldo de 800 personas hospitalizadas.

Después del referéndum, el PSOE apoyó al gobierno de Rajoy mientras este estimulaba protestas anticatalanas donde se coreaban cánticos franquistas y el jefe del ejército español declaraba que el nacionalismo catalán era la “mayor amenaza a nuestra democracia”. Ahora está claro que esta campaña, que se hace eco de las denuncias franquistas de los “rojos y separatistas” fue un intento por parte de toda la clase gobernante, en medio de una ira social creciente después de una década de austeridad de la UE, de desplazar la política hacia la extrema derecha.

Bajo el régimen del PSOE, respaldado por Podemos, los fiscales están haciendo la afirmación orwelliana de que los presos son culpables de la violencia cometida por el Estado contra sus simpatizantes. “Los hechos violentos del 1-O, no creo que deba ser atribuidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sino a los que movilizaron a miles de ciudadanos que como muros humanos impidieron la legítima actuación policial”, dijo ayer en el juicio el fiscal Javier Zaragoza.

A Vox se le permitió constituirse como “acusación popular” aliada al Estado, y está exigiendo condenas de más de 60 años para los acusados.

Al mismo tiempo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, defendió los precedentes de Franco en la Guerra Civil. “Somos la voz de aquellos cuyos antepasados lucharon en el ejército de Franco y que no quieren condenar lo que hicieron sus familias”, declaró el mes pasado. “Están aquellos que no quieren cambiarles el nombre a las calles solo por el fanatismo político de los que quieren que España tenga una memoria unilateral”.

Esto es una defensa de la supresión fascista de la clase trabajadora mediante el terrorismo de Estado y los asesinatos en masa. Franco dio un golpe a la República Española en 1936. Después de una Guerra Civil sangrienta de tres años —en la cual Franco explotó sobre todo el papel de los partidos estalinista y socialdemócrata, que reprimieron levantamientos de la clase trabajadora y asesinaban trotskistas que luchaban por la revolución en España— consolidó su régimen con el asesinato en masa de cientos de miles de trabajadores y jóvenes de izquierdas.

Sin embargo, la UE está expresando su total confianza en el juicio farsa de los nacionalistas catalanes. “Confiamos plenamente en el sistema legal español”, dijo ayer el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, añadiendo que “este no es un asunto político. No hacemos declaraciones políticas sobre estos acontecimientos”.

Hay que hacer la advertencia más clara: después de tres décadas de guerra imperialista desde que la burocracia estalinista disolviera la Unión Soviética en 1991, y de una década de profunda austeridad a causa de la UE desde la crisis de 2008, el capitalismo europeo se está pudriendo en vida.

En cada país, gobiernos impopulares están jaleando a los movimientos neofascistas contra la amenaza de la oposición doméstica. Al tiempo que el gobierno alemán de la Gran Coalición apoya a profesores ultraderechistas que buscan lavarle la cara al hitlerismo para defender su política de remilitarización, el presidente francés Emmanuel Macron aclama al dictador fascista Philippe Pétain y reprime violentamente a los “chalecos amarillos”. España, de la que los comentaristas de los medios a veces dicen que es inmune al neofascismo debido al odio de los trabajadores al franquismo, ha sido añadida a esa lista.

Se está produciendo una intensificación de la lucha de clases internacional. Las protestas de los “chalecos amarillos” en Francia, huelgas masivas de un día en Bélgica y Alemania, y huelgas del taxi, de trabajadores portuarios, minoristas, aeroportuarios y del metro en España durante los últimos meses son todos signos de la poderosa irrupción de la lucha de clases que se está preparando. Sin embargo, una efusión de militancia y de ira social encontrará una resistencia resuelta en la élite gobernante, y la clase trabajadora a nivel internacional se confronta con una lucha política.

La base para la lucha por defender los derechos democráticos es el internacionalismo democrático y volverse hacia la clase trabajadora, mediante una ruptura política decidida con las políticas estalinistas y pablistas de Podemos y de grupos semejantes de la pseudoizquierda en todas partes de Europa. Esto significa la lucha por construir secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) para ofrecer dirección revolucionaria a la clase trabajadora en España y en todos los países de Europa, oponiendo al capitalismo y a la UE la lucha por los Estados Unidos Socialistas de Europa.

(Publicado originalmente en inglés el 14 de febrero de 2019)

Alex Lantier