Prohibición del aborto en Alabama: de vuelta a la barbarie

17 mayo 2019

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, promulgó el miércoles en la tarde la prohibición más severa del aborto en cualquier estado, criminalizando el procedimiento médico excepto en casos en que la vida o salud de la madre estén en serio peligro. Una enmienda para permitir el aborto en casos de violación e incesto fue descartada cuando se sometió al Senado estatal el 9 de mayo.

La nueva ley impone una pena de cárcel de hasta 99 años para cualquier doctor que realice un aborto, excepto que sea para salvar la vida de la mujer embarazada. Incluye una pena de 10 años por intentar aplicar un aborto. Mientras que no se criminaliza explícitamente a la mujer que se realice el aborto, la ley concede “condición de persona” al feto desde el momento de la fecundación. Esto abre la puerta a penas criminales por abuso infantil para la mujer embarazada por cualquier conducta potencialmente dañina para el feto.

Los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado del estado decidieron introducir el proyecto de ley antiaborto más extremo posible para darle a la Corte Suprema de EUA la oportunidad para anular la decisión del caso Roe vs. Wade de 1973, la cual se deshizo de las leyes estatales que criminalizaban el aborto. La legisladora Terri Collins, una patrocinadora del proyecto de ley, fue explícita en su postura que la prohibición al aborto para las víctimas de violación e incesto era necesaria —ante los desafíos legales previstos en los tribunales federales— para defender el principio de que el feto es una persona viva desde el momento de la fecundación, con derechos constitucionales plenos.

La ley de Alabama es un acto indignante de barbarie medieval. Sus consecuencias, de ser ratificada por las cortes, consistirían en obligar a las mujeres que buscan abortar en Alabama a someterse a procedimientos clandestinos que aumentarían muchísimo el riesgo de muerte o mutilación. Este peligro afectará especialmente a las mujeres de clase obrera, ya que las mujeres más pudientes podrán viajar a otros estados para realizarse el procedimiento. Esto sucede en un estado tan empobrecido y con una infraestructura social tan deficiente que más de la mitad de los condados no tiene obstetras.

La ley es inconstitucional y no solo porque contradice directamente el precedente legal de Roe vs. Wade. También representa la elevación de una doctrina religiosa a política estatal, violando la prohibición en la Primera Enmienda a “promulgar ley alguna que establezca una religión”. Los legisladores de Alabama han sido muy explícitos acerca de los motivos religiosos de la ley.

El senador republicano, Clyde Chambliss, un patrocinador de la legislación, argumentó en oposición a las excepciones en casos de violación e incesto declarando, “Cuando Dios crea el milagro de la vida en el vientre de una mujer, no nos corresponde a nosotros como seres humanos extinguir esa vida”. La patrocinadora en la cámara baja, Terri Collins, dijo que el proyecto de ley era el resultado de “rezos”. Esto contradice directamente la Primera Enmienda, que prohíbe transformar en ley —imponer a todos los ciudadanos— los prejuicios religiosos de los protestantes fundamentalista o la corrupta jerarquía católica romana.

Existen muchas razones para creer que la mayoría ultraderechista de cinco magistrados en la Corte Suprema de EUA está persiguiendo la oportunidad para anular Roe vs. Wade, a pesar de las declaraciones formales de cuatro de los cinco jueces en sus audiencias de confirmación de que dicho caso ya era un precedente establecido. Cabe notar que el máximo tribunal hizo el esfuerzo el lunes para anular un precedente de hace 40 años sobre una cuestión poco clara de soberanía estatal, esencialmente si los estados cuentan con una inmunidad soberana de denuncias hechas por residentes de otros estados.

El juez Stephen Breyer señaló en su opinión de desacuerdo que la mayoría derechista de cinco miembros estaba estableciendo un precedente para anular precedentes bien afianzados y advirtió: “La decisión de hoy hace que uno se pregunte cuáles serán los próximos casos que la Corte anulará”. Esta referencia indirecta a la decisión de Roe vs. Wade, de hace 46 años, fue entendida por todos los observadores del tribunal.

Hay múltiples casos sobre los derechos al aborto actualmente en las cortes federales, algo causado por una ola de legislaciones restrictivas promulgadas por las asambleas legislativas estatales controladas por los republicanos, principalmente desde que Trump entró en la Casa Blanca y nominó a dos jueces ferozmente opuestos al aborto a la Corte Suprema. Neil Gorsuch reemplazó a Antonin Scalia, lo cual no cambió la mayoría en la corte en torno a este tema, pero luego Brett Kavanaugh reemplazó a Anthony Kennedy, quien había dado el voto decisivo en varios casos sobre los derechos al aborto y corredactado la decisión vigente hoy, del caso Planned Parenthood vs. Casey (1992), que representó una restricción a los derechos al aborto, pero dejó la decisión de Roe vs. Wade prácticamente intacta.

Tan solo desde enero, cuatro estados —Georgia, Kentucky, Mississippi y Ohio— han aprobado leyes sobre “el latido cardiaco fetal” que prohíben el aborto después de la sexta semana de embarazo. El único propósito de dichas leyes es bloquear la enorme mayoría de abortos, ya que pocas mujeres están seguras de que están embarazadas solo seis semanas después de la fecundación.

Si bien aún no ha sido promulgada, una de estas leyes que fue introducida en Texas va incluso más lejos: eliminaría la excepción del aborto en la definición del estado de homicidio, haciendo que toda mujer que tenga un aborto sea una candidata para la pena capital.

Estas no son meramente decisiones estatales. Tienen implicaciones nacionales. No se puede descartar que las leyes estatales que criminalizan el aborto en un estado sean interpretadas de forma que criminalice que una mujer viaje a otro estado para un aborto, así como las acciones de aquellos que la ayuden. Esta es la lógica barbárica de la posición de que “el aborto es un asesinato”.

Más allá, no hay razón para creer que la mayoría de la Corte Suprema no hará más que revertir la decisión de Roe vs. Wade, algo que le dejaría a cada estado definir su política hacia el aborto. También es posible algo parecido a la decisión de Dred Scott en cuanto a los derechos de la mujer, requiriendo que los estados reconozcan los derechos al aborto para hacer valer las prohibiciones de los estados antiaborto, así como Trump está buscando obligar a las “ciudades santuario” a hacer valer los ataques más severos contra los inmigrantes y refugiados.

Por encima de la contrarrevolución legal en oposición a la decisión de Roe, existe una eliminación implacable de la asistencia social para las mujeres que buscan un aborto. Según el Instituto Guttmacher, el 90 por ciento de todos los condados estadounidenses no tienen un proveedor de abortos. En siete estados del país, solo hay un proveedor en todo el estado. En Alabama, solo hay tres. Incluso en un estado densamente poblado en el centro del país como Ohio, solo hay 10 proveedores, una caída de 45 en 1992. Veintisiete ciudades grandes estadounidenses no tienen uno.

Y los abortos no tienen cobertura en el seguro médico de Medicaid ni el programa Obamacare, dado a continuas capitulaciones de los demócratas en este tema. El resultado es que, para gran parte de EUA, las mujeres de clase obrera ya están privadas del derecho al aborto. No pueden tomar un vuelo a Nueva York, Chicago o Los Ángeles para terminar un embarazo no deseado.

La evisceración sistemática del derecho al aborto en gran parte del país solo ha sido objeto de una pizca diminuta de la energía, dinero y atención mediática dedicados a la reaccionaria campaña demócrata de #MeToo, la cual busca aumentar las fortunas de las mujeres de mayores ingresos—actrices, ejecutivas corporativas, profesoras— al quitar del camino a sus superiores y colegas hombres por medio de acusaciones en gran medida inventadas de mal comportamiento sexual. A las Alissa Milano de este mundo no les importan los derechos al aborto de las mujeres de clase trabajadora en Alabama y Georgia. Incluso con una prohibición total en EUA, siempre podrían volar a Toronto o Londres.

La aprobación de la ley en Alabama fue recibida con un coro hipócrita de desaprobación por parte de los congresistas demócratas. En las décadas en que el derecho al aborto se ha visto en gran parte eviscerado, el Partido Demócrata, siempre acobardándose ante la derecha cristiana, ha hecho poco para defenderlo.

Nancy Pelosi tuiteó esta semana en oposición a “este ataque implacable y cruel de los republicanos contra la salud de la mujer”. Sin embargo, durante la campaña de 2018 declaró que la defensa al derecho al aborto no era una “prueba de fuego” e insistió sobre respaldar a demócratas en algunos distritos congresionales con puntos de vista igual de “crueles”.

Bernie Sanders, Joe Biden, Kamala Harris, Kristen Gillibrand y otros candidatos presidenciales también denunciaron la decisión. Pero ninguno ha hecho la defensa de los derechos al aborto, particularmente en el sur y las áreas rurales, una parte importante de sus campañas, a pesar de las declaraciones repetidas de Trump sobre intentar anular la decisión de Roe vs. Wade como una pieza central de su campaña de reelección.

Más temprano este año, cuando el gobernador de Virginia, Ralph Northam, un neurólogo pediátrico por muchos años, discutió sobre la necesidad de abortos de embarazo avanzado en algunas emergencias médicas de dificultad excepcional, fue envilecido por la prensa ultraderechista y atacado tanto por Trump como por el vicepresidente Pence. Esto no genero gran apoyo por parte de sus compañeros demócratas, y cuando la prensa derechista luego publicó la página del anuario del gobernador mostrando a un hombre con la cara pintada de negro junto a otra persona con un atuendo del Ku Klux Klan, los demócratas le dieron la espalda en masa a Northam y exigieron su renuncia, pese a que el ataque en su contra estaba claramente motivado por su defensa de los derechos al aborto.

Ahora, la retórica incesante sobre “empoderar” a las mujeres —que significa, por su puesto, a las mujeres burguesas— se topa con el espectáculo vergonzoso de que la primera gobernadora mujer de Alabama, quien alguna vez fue celebrada como una influencia moderadora en el Partido Republicano, promulgue la legislación más restrictiva contra las mujeres en la historia reciente de Estados Unidos.

La realidad es que el aborto es un derecho democrático de particular importancia para la clase obrera. Son las mujeres de clase obrera las que deben tomar las difíciles decisiones sobre cómo y cuando tener hijos. Se enfrentan al enorme peligro de embarazarse por medio de una violación o alguna otra forma de abuso. La división de clase en la sociedad estadounidense rige este ámbito con igual fuerza que en cualquier otro.

Los derechos del aborto y todos los otros derechos democráticos no pueden ser defendidos dependiendo de o buscando presionar al Partido Demócrata. Solo pueden ser defendido por medio de la lucha, encabezada por la clase obrera, contra el sistema capitalista y todos sus representantes políticos.

(Publicado originalmente en inglés el 16 de mayo de 2019)

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Patrick Martin