Podemos convoca una votación interna para ingresar en el Gobierno español dirigido por el PSOE

por Alejandro López
16 julio 2019

En sus más recientes maniobras de regateo con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para formar un Gobierno en España, Podemos —el partido que se proclamó la “máquina de guerra electoral” que lucha por el pueblo contra la “casta” corrupta de políticos de la austeridad— ahora les pide a sus miembros que apoyen un gobierno militarista y de austeridad del PSOE ya sea desde dentro o desde fuera.

Desde las elecciones generales no concluyentes de abril, el PSOE y Podemos han estado negociando la configuración de un Gobierno en conversaciones bajo mano. Aterrados por la creciente ira social de la clase trabajadora a nivel internacional, está profundizando su alineación con el PSOE, el principal partido de Gobierno de la burguesía española a lo largo de los últimos 40 años.

Poco después de las elecciones generales, ambos partidos acordaron que el PSOE dirija un Gobierno de coalición con Podemos. Podemos postergó toda negociación hasta pasadas las elecciones europeas, autonómicas y municipales de mayo, con la esperanza de que los resultados fortalecieran su capacidad negociadora con el PSOE. El partido pseudoizquierdista, sin embargo, recibió su peor resultado electoral desde su fundación hace cinco años. Cientos de miles de personas que antes votaban a Podemos se abstuvieron o votaron al PSOE.

El dirigente del PSOE y presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez ha rechazado un gobierno de coalición en favor de un acuerdo parlamentario entre su partido y Podemos para apoyar un gobierno en minoría del PSOE. Iglesias rechazó esta idea y las conversaciones se rompieron hasta que se acordó un ambiguo “gobierno de cooperación”.

Entonces, faltando semanas para que el congreso celebre la votación para nombrar oficialmente al nuevo presidente del Gobierno, el PSOE se negó a considerar un gobierno de coalición con Podemos, aunque Sánchez consideró solamente la posibilidad de colocar candidatos independientes “de renombre” en unos pocos cargos ministeriales. Como alternativa, se les podría ofrecer a los miembros de Podemos cargos estatales de nivel medio. Iglesias rechazó esto, y Sánchez amenazó con convocar nuevas elecciones si no obtenía un apoyo parlamentario suficiente, planteando la perspectiva de nuevas elecciones en noviembre, que serían las cuartas en cuatro años.

Sánchez también apeló al partido derechista Ciudadanos y al Partido Popular a que se abstuvieran en la votación para permitirle ser investido, recordando que el PSOE ayudó a investir un gobierno en minoría del PP mediante su abstención. Ambos partidos rehusaron.

Ahora, Iglesias ha convocado una votación interna para presionar el PSOE. Se les va a preguntar a los 190.000 miembros de Podemos: “¿Cómo deben votar los diputados de Podemos en la sesión de investidura de la XIII legislatura?”. La opción 1 es “Para hacer presidente a Pedro Sánchez es necesario llegar a un acuerdo integral de Gobierno de coalición ... sin vetos, donde las fuerzas de la coalición tengan una representación razonablemente proporcional a sus votos”. La opción 2 es “Para hacer presidente a Pedro Sánchez (ya sea mediante el voto a favor o la abstención) … un Gobierno diseñado únicamente por el PSOE”.

Estas dos opciones reflejan los cálculos que subyacen a las conversaciones de la dirección de Podemos con el PSOE. Articulando los intereses de un electorado de clase media alta, no tienen problemas en respaldar un Gobierno reaccionario del PSOE, y les preocupa primariamente conseguir cargos en la maquinaria estatal.

Podemos además es muy consciente de que su pérdida de apoyo no es un fenómeno coyuntural, sino que se arraiga en la ira social creciente con todo el establishment político y los sindicatos. Aterrados por el recrudecimiento de protestas y huelgas, en España y en el resto del mundo, y por conflictos internacionales explosivos como los del impulso bélico de los EUA y la UE contra Irán, Podemos ahora se está dando prisa por conseguir cuantos cargos estatales le sea posible.

El Gobierno en funciones ya ha indicado que un nuevo Gobierno del PSOE estará comprometido con reforzar la maquinaria policial estatal y el ejército e implementar más ataques a la clase trabajadora.

El PSOE tiene la intención de abolir el aumento automático anual de las jubilaciones basado en el índice de precios al consumidor. El gobierno anterior del PP reveló este plan pero se retractó ante las protestas de los jubilados. En los próximos cuatro años, el PSOE también se propone subir los impuestos desproporcionadamente afectando a los trabajadores. En las relaciones laborales, quiere implementar la llamada “mochila austríaca” respaldada por la asociación de los grandes negocios, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Inspirada en una medida impuesta en 2002 en Austria, esta obliga a los trabajadores a pagar por un “fondo de ahorro personal” para amortiguar el impacto del despido en vez de recibir pago compensatorio por parte de los empleadores.

España también está bajo la presión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE para imponer una reducción presupuestaria de unos €7,8 mil millones en 2020 —ya sea mediante la suba de los impuestos, recortes sociales, o ambos.

En temas militares, el gobierno ha tomado la medida sin precedentes de aumentar el ejército en 7.000 soldados. Desde que terminara la dictadura fascista de Francisco Franco, el ejército ha sido reducido paulatinamente, año tras año, hasta los actuales 120.000 soldados activos. Este proceso ha sido revertido por primera vez por el gobierno de Sánchez. El PSOE también ha acelerado un plan de €4 mil millones para adquirir 348 vehículos rodados blindados “Piraña 5” 8x8, diseñados específicamente para operaciones en África y el Medio Oriente.

Continuando el giro hacia el Gobierno autoritario, el PSOE ha aparcado sus promesas anteriores de eliminar la ley de seguridad pública del PP, apodada la “ley mordaza”, que limita la libertad de expresión, prohíbe reuniones masivas e impone multas por protestar y hacer comentarios en las redes sociales.

Sánchez también intensificó la represión a los nacionalistas catalanes por el referéndum por la independencia de 2017, incluyendo el presidir el juicio farsa a los dirigentes nacionalistas catalanes que se enfrentan a hasta 25 años de cárcel y la acusación de altos cargos del gobierno catalán y de la radio y televisión pública catalana de pertenecer a una “organización criminal”.

Ante todo esto, Iglesias ha guardado un silencio absoluto. En las últimas negociaciones, prometió “lealtad total” si Podemos era parte de un gobierno dirigido por el PSOE. Iglesias incluso admitió que “no hemos hecho más que rendirnos [ante las exigencias del PSOE]. Hemos sido flexibles desde el principio”.

La facción pablista Anticapitalistas de Podemos [seguidores de Michel Pablo] ha reaccionado haciendo críticas tácticas predecibles a Iglesias. La dirigente de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, rechazó la votación de Iglesias, y tuiteó que lo que habría que preguntar es: “Un acuerdo de gobierno con el PSOE, sí, no o abstención, y dar más detalles del acuerdo que se está sometiendo a votación”. Añadió que la consulta interna es “desafortunadamente un insulto a nuestra inteligencia”.

Esta crítica es un fracaso y carece de principios. Los elementos pablistas y estalinistas de Podemos se juntaron en 2014 para fundar el partido, arraigados en un rechazo postmodernista del marxismo y el papel revolucionario de la clase trabajadora. Su objetivo era apuntalar el orden postfranquista.

Un año después, en enero de 2015, los pablistas anunciaron que disolverían su partido dentro de Podemos porque era el único “instrumento electoral para la mayoría social trabajadora, que tiene por objetivo ser la herramienta que permite construir un gobierno al servicio de la gente de abajo”. Desde entonces, han ido a la cola de cada volantazo derechista de Iglesias, siempre advirtiendo que era la última gota y amenazando con la escisión. Mientras tanto, iban ocupando cargos por Podemos a nivel municipal, autonómico, estatal y europeo.

Hay que tratar con desprecio su última crítica como a todas las anteriores. Su principal preocupación es proteger un potencial Gobierno del PSOE y Podemos de críticas desde la izquierda —es decir, criticar que Podemos apoye un gobierno que persigue medidas de Estado policial contra los trabajadores.

(Publicado originalmente en inglés el 15 de julio de 2019)