Washington ordena embargo internacional a Venezuela y amenaza con invasión

por Andrea Lobo
9 agosto 2019

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes una orden ejecutiva que congela “todas las propiedades e intereses en propiedad del Gobierno de Venezuela que se encuentran en los Estados Unidos”. La medida es la culminación de una serie de sanciones cada vez más severas y marca una nueva etapa en la operación del golpe de estado de los Estados Unidos contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Al cortar completamente el acceso a los mercados financieros—de capital y consumo controlados por el gobierno de los Estados Unidos en el centro del capitalismo global—este ataque constituye un embargo a la economía venezolana y un acto de guerra según el derecho internacional.

La medida tendrá un impacto devastador en la clase trabajadora venezolana. El Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos reconoció en un documento del 5 de julio que “aunque las exportaciones venezolanas de petróleo a los Estados Unidos ya habían disminuido ... a algunos analistas les preocupa que las sanciones más severas a PDVSA [la compañía petrolera estatal] estén exacerbando aún más la ya difícil situación de crisis humanitaria de Venezuela, marcada por la escasez de alimentos y medicamentos y la migración masiva, al limitar una fuente clave de ingresos”.

En otras palabras, el imperialismo estadounidense está sometiendo a los venezolanos, matándolos de hambre para instalar un régimen títere bajo Juan Guaidó y obtener el control total de las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. Sobre todo, la medida tiene como objetivo derrocar a un aliado económico y político clave del hemisferio occidental de los rivales geopolíticos declarados de Washington, Rusia y China.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela denunció la política como “terrorismo económico”, al tiempo que declaró que evitará cualquier “escalada de agresiones” para continuar con el “diálogo político”, una referencia a las conversaciones en curso con representantes de la operación golpista estadounidense que comenzó en mayo en Noruega y actualmente están teniendo lugar en Barbados.

Esta es la primera vez que Estados Unidos congela los activos de un país del hemisferio occidental en tres décadas. La última vez fue en contra de la dictadura del antiguo activo de la CIA Manuel Noriega en Panamá en 1988, precediendo la invasión de 1989-1990 por parte de los marines estadounidenses para deponerlo, matando a miles de civiles y bombardeando barrios de la clase trabajadora en el proceso.

Si bien los medios corporativos evitaron conscientemente hacer una referencia histórica, la administración Trump quería que el mensaje fuera claro.

El anuncio coincidió deliberadamente con una “Conferencia Internacional para la Democracia en Venezuela”, celebrada en Perú, en la cual participaron representantes de 59 países de todo el mundo y varias agencias internacionales como la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina.

Antes de la reunión, el enviado de Estados Unidos a Venezuela, Elliott Abrams—un criminal de guerra por su participación en el encubrimiento de genocidios y otros abusos durante las guerras civiles centroamericanas de la década de 1980—concedió una entrevista al diario peruano El Comercio. “Estamos siguiendo las opciones que tenemos”, declaró. “Si le hubieras dicho a George Bush Sr. en 1988 que invadiría Panamá, lo habría llamado locura. Pero dos o tres años después, sucedió. Entonces, nadie sabe lo que sucederá en el futuro, pero no es la política de hoy”.

La cumbre fue organizada por Washington para amenazar al mundo y obligarlo a obedecer el bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela. El asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, dijo en la conferencia: “Estamos enviando una señal a terceros que desean hacer negocios con el régimen de Maduro: procedan con extrema precaución. No hay necesidad de arriesgar sus intereses comerciales con los Estados Unidos con el fin de beneficiarse de un régimen corrupto y moribundo”.

El mensaje también estaba dirigido a los gobiernos aún aliados con Maduro. Cuba, China, Rusia y Turquía fueron invitados pero decidieron no asistir. Después que se dieron las órdenes de manera amenazante, ninguna delegación vio la necesidad de insistir en tener una discusión real. No se publicó ningún comunicado final ni se votó ninguna resolución.

Las sanciones financieras de Estados Unidos contra el gobierno venezolano se han incrementado gradualmente desde 2006. Estas sanciones se limitaron a los altos funcionarios de la burocracia militar y estatal y sus familias, actualmente unas 100 personas—hasta agosto de 2017, cuando la administración Trump prohibió el acceso del gobierno venezolano a los mercados de deuda y acciones de los Estados Unidos, reduciendo drásticamente el acceso a las divisas necesarias para importaciones vitales. En mayo de 2018, esto se amplió para prohibir las transacciones de deuda venezolana existente. El sector venezolano del oro fue posteriormente prohibido también.

En la época del cambio de política, en diciembre de 2017, la Casa Blanca publicó una nueva Estrategia de Seguridad Nacional que proclamaba abiertamente la “competencia de las grandes potencias” contra los “poderes revisionistas” de China y Rusia como su prioridad central. “Tanto China como Rusia apoyan la dictadura en Venezuela y buscan expandir los vínculos militares y la venta de armas en toda la región”, advirtió el documento. Por lo tanto, en una de sus “acciones prioritarias”, el documento decía: “Aislaremos a los gobiernos que se niegan a actuar como socios responsables en el avance de la paz y la prosperidad hemisféricas”, en referencia a Cuba y Venezuela.

En este contexto, la cumbre en Perú y el bloqueo constituyen parte de la nueva escalada de las medidas estadounidenses contra China. El jueves pasado, Trump anunció nuevos aranceles sobre $300 mil millones de dólares en productos chinos, que entrarán en vigencia el 1 de septiembre. Además de los aranceles existentes, esto cubrirá efectivamente todas las importaciones chinas de los Estados Unidos, su mayor socio comercial.

Ayer, James Carafano, estratega de la Fundación Heritage y asesor principal del equipo de transición de Trump en el Departamento de Estado, escribió: “Estados Unidos tiene que buscar una coexistencia ‘no pacífica’ donde obliguemos a China a respetar las acciones de Washington a una escala global ... No podemos ni debemos pedir a todos los países del mundo que elijan bando. Pero lo que es sensato es alentarlos a actuar en su propio interés y medir la influencia china”.

La autoproclamación de Guaidó como presidente en enero vio una expansión agresiva de las sanciones, esta vez directamente contra PDVSA. Las exenciones para varias compañías estadounidenses que hacen negocios con PDVSA o su sucursal en los Estados Unidos, CITGO, finalizaron el 27 de julio, mientras que recientemente se impusieron sanciones al banco ruso Evrofinance Mosnarbank y a varias compañías navieras asociadas con las exportaciones venezolanas de petróleo.

Las reservas internacionales en Venezuela prácticamente se han agotado, comenzando el año en $8.75 mil millones pero enfrentando una crisis cada vez más profunda y un fallo del Banco Mundial que ordena a Venezuela pagar a ConocoPhillips $8 mil millones en compensación por expropiaciones en 2007. El 10 de abril, el Fondo Monetario Internacional cortó el acceso a una línea de crédito de $400 millones. La producción de petróleo de Venezuela ha caído de 2.4 millones de barriles por día (bpd) en 2015 a 734,000 bpd en junio.

A principios de este año, la ONU solicitó un fondo de $738 millones de dólares principalmente para ayudar a los millones de migrantes que escaparon de Venezuela, pero en julio los donantes internacionales solo habían aportado el 23,7 por ciento.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de agosto de 2019)