Chile paralizado por tercera huelga nacional según crece peligro de dictadura

por Andrea Lobo
29 noviembre 2019

Con el movimiento de protesta masivo en Chile en su sexta semana, la economía del país se vio prácticamente paralizada durante una huelga nacional de dos días, acompañada de marchas de masas que coparon las calles de Santiago y otras importantes ciudades y numerosos bloqueos de calle.

A pesar de que los sindicatos buscaron reducir el efecto convocando una huelga “gradual”, comenzando por trabajadores portuarios y estatales el lunes y añadiendo otros sectores el martes, la acción tuvo un enorme impacto.

Una manifestante sostiene una pancarta mostrando al presidente Sebastián Piñera durante una marcha cerca del palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile (AP Photo/Esteban Félix)

De manera similar a las previas huelgas nacionales el 23 de octubre y el 12 de noviembre, cientos de miles de trabajadores participaron el martes, especialmente en los sectores estratégicos de minas, puertos, educación y transporte.

Un contingente particularmente grande de manifestantes marchó en el centro de Santiago detrás de la Mesa de unidad Social, que agrupa a sindicatos y organizaciones de protesta encabezadas por el estalinista Partido Comunista (PCCh), el Frente Amplio y algunos oficiales del Partido Socialista.

La movilización reflejó la enorme oposición a las vacías promesas sociales y democráticas del Gobierno de Sebastián Piñera, a las que Unidad Social afirma oponerse. Sin embargo, estas fuerzas políticas buscan encarrilar a los trabajadores y jóvenes detrás de una élite gobernante cuyo uso de tortura y represión militar ha dejado en claro que no concederá nada.

Por el otro lado, Unidad Social ha aceptado reunirse con el ministro del Interior, afirmando que “no son negociaciones”. La única otra posibilidad es una sesión para confabular la derrota de las protestas. Esto fue indicado por uno de sus principales portavoces, Mario Aguilar, titular del sindicato Colegio de Profesores: “Están las condiciones, es imperioso que esas demandas sociales sean acogidas y esa es la responsabilidad del Gobierno y la clase política”.

De hecho, los sindicatos están utilizando las huelgas intermitentes para intentar desgastar el levantamiento social, así como han traicionado toda importante acción de clase desde la dictadura de Pinochet.

Ante todo, estas organizaciones procapitalistas han perpetuado el aislamiento nacionalista de las protestas respecto a los trabajadores internacionalmente que enfrentan políticas y giros autoritarios similares. La explosión social desencadenada en Chile por el aumento en la tarifa del transporte público es parte de un resurgimiento global de luchas obreras contra un enemigo global: el capitalismo, el cual exige por cualquier medio una austeridad social interminable y ataques a empleos y condiciones laborales para cumplir los requisitos globalizados de ganancias del capital empresarial y financiero.

Mientras tanto, cinco semanas después del primer despliegue militar contra los manifestantes desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la clase gobernante y sus patrones imperialistas están nuevamente discutiendo la presencia permanente de soldados en las calles y la imposición de un gobierno dictatorial.

El domingo, Piñera anunció que 4.354 nuevos carabineros serán enviados a las calles dentro de 60 días, entre aquellos recién jubilados y graduados, llevando el total a aproximadamente 55.000. El día siguiente, su coalición gobernante introdujo por vía rápida varios proyectos de ley —dándole seis días al Congreso para decidir— que permitiría el despliegue de las fuerzas armadas sin necesitar declarar un estado de excepción, equipar más a las agencias de inteligencia e instituir penas más severas por “saqueos”.

“Es fundamental contar con la colaboración de las Fuerzas Armadas para proteger la infraestructura crítica”, declaró Piñera.

Pese a diferencias tácticas sobre cuándo hacerlo, toda la clase gobernante ve la represión y gobierno militares como inevitables. El sábado, Juan Gabriel Valdés (Partido Socialista), quien desarrolló los lazos más estrechos con las agencias imperialistas como embajador ante EE. UU. en 2014-2018 y recibiendo antes su doctorado en ciencias políticas de la Universidad de Princeton, admitió como mínimo esto en una carta abierta:

“Ya no basta con condenar y menos aún empatar verbalmente la violencia de carabineros y la de los delincuentes quemando hospitales, iglesias y museos. Se requiere que los que tienen cargos dirigentes actúen con urgencia, antes de que el desvarío de los vándalos y el fascismo nostálgico de Pinochet ocupan la escena… cada día que pasa Chile se acerca más a un colapso total del orden público que solo puede acabar en un golpe militar o al menos en que el poder caiga en los militares, aunque ellos no lo quieran”.

En medio de la continua marcha autoritaria de Piñera, esta declaración es una urgente advertencia para los trabajadores de que no hay ninguna facción “democrática” en la élite gobernante.

Todos los esfuerzos de los líderes en los sindicatos y partidos establecidos para suprimir las protestas con ilusiones democráticas y sociales en el marco capitalista corresponden a una mera división de trabajo para prevenir que los trabajadores se preparen para actuar independientemente contra la amenaza de la dictadura.

En un documento separado, firmado por más de 80 líderes del Partido Socialista que defiende la hoja de ruta de Piñera, reproducen los cargos histéricos del mandatario de que “minorías [en que] coexisten lumpen y sectores marginados, bandas criminales ligadas principalmente al narcotráfico, y grupos extremistas y antisistémicos, altamente ideologizados y organizados” de destruir la “democracia chilena” provocando “la instauración por las armas de un régimen dictatorial que ‘pacifique’” el país.

Asimismo, refiriéndose a la huelga nacional del 12 de noviembre y grandes enfrentamientos completamente provocados por los esfuerzos policiales de bloquear manifestaciones pacíficas, El Pa í s, vinculado al Partido Socialista de España, declaró, “Fue uno de los momentos más delicados de la democracia chilena en las últimas décadas”.

No obstante, el envalentonamiento de los fascistas en la clase gobernante y las fuerzas armadas es una campaña desde arriba, con el milmillonario presidente Piñera afirmando a fines de octubre, “Estamos en guerra con un enemigo poderoso e implacable… que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”.

Los fiscales en Chile han reportado 26 muertes, más de 6.000 arrestos, 1.100 denuncias por tortura y 70 reportes de abuso sexual —incluso contra menores hasta de 14 años— por parte de las fuerzas estatales.

Human Rights Watch publicó un reporte detallando “golpizas brutales y abuso sexual” y exigiendo investigaciones y “una urgente reforma policial”. Mientras estas sugerencias han sido reportadas acríticamente por la prensa y la pseudoizquierda, se debe hacer una grave advertencia de que no hay “reforma” de las fuerzas estatales, cuyo propósito objetivo es defender el gobierno burgués y la propiedad capitalista, que disminuya la represión.

Reconociéndolo como una posible hoja de parra, el Gobierno de Piñera declaró que “Valoramos el informe de Human Rights Watch y las recomendaciones que nos han realizado, las cuales hacen un llamado a incorporar reformas profundas en Carabineros y un mayor control efectivo de la acción policial en situaciones de disturbios y de detención”.

Después de que Amnistía Internacional publicara un reporte concluyendo que las fuerzas de seguridad chilenas realizaron sistemática e intencionalmente abusos y crímenes, la directora en Chile, Ana Piquer, recibió amenazas de que, “si sigo haciendo lo que estoy haciendo, puedo terminar en un ataúd”.

La minoría que amenaza la democracia es el puñado de milmillonarios y multimillonarios que controlan todo el aparato político, la prensa y los sindicatos, mientras que todas las señales muestran que las masas de obreros y jóvenes apoyan las protestas y sus demandas de igualdad social y derechos democráticos. Una nueva encuesta de la firma Cadem halló que solo el 9 por ciento de aquellos entrevistados aprueba la Administración de Piñera, un nuevo mínimo histórico del país. Varias encuestas en días recientes muestran que entre el 67 y 85 por ciento de los chilenos respalda las continuas protestas.

Ante esta intersección crucial, la clase obrera chilena debe romper decididamente con la Mesa de Unidad Social, los sindicatos y sus apologistas pseudoizquierdistas, formando comités de base en cada lugar de trabajo, escuela y barrio para avanzar la lucha contra el peligro de una dictadura.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de noviembre de 2019)