Más asesinados, mientras encuesta halla que mitad de Chile ha participado en protestas

por Andrea Lobo
8 febrero 2020

En lo que va del año, tres manifestantes han fallecido en las protestas masivas en Chile que han continuado por cuatro meses contra la desigualdad social y todo el aparato político capitalista.

El asesinato de un aficionado de 37 años, atropellado a alta velocidad por un vehículo acorazado de la policía, produjo nuevas manifestantes en la última semana, particularmente en las áreas más empobrecidas y oprimidas de la capital, Santiago.

Protestas estudiantiles en Santiago, Chile, martes 4 de febrero, 2020

Después de un juego de la primera división el 28 de enero, los aficionados permanecieron en las inmediaciones del estadio de Colo-Colo en Santiago, haciendo pacíficamente cánticos de protesta cuando “Carabineros de Chile decidió desplegar un operativo completamente desproporcionado en el sector de Exequiel Fernández y Departamental, provocando incidentes que han terminado con la vida de un hinca de nuestro Club, además de varios socios e hinchas heridos”, de acuerdo a una queja de los directivos de Colo-Colo. El conductor ha sido arrestado.

Desde entonces, las noches han estado marcadas por barricadas, manifestaciones, la quema de autobuses, estaciones de policía y tiendas en Santiago. La policía ha respondido con una brutal represión, incluyendo golpizas a transeúntes, cubriendo barrios con gases lacrimógenos por tres o cuatro horas continuas y realizando cargas policiales con vehículos.

El miércoles, un protestante de 22 años fue asesinado en una barricada en la comuna de San Ramón cuando un conductor encapuchado lo atropelló con un bus. En el mismo suburbio del sur de Santiago, otro hombre fue hallado muerto en un supermercado saqueado e incendiado en una locación donde policías habían atacado una protesta. Al menos 124 manifestantes fueron arrestados la semana pasada.

En diciembre, el Instituto de Derechos Humanos reportó que la represión policial y militar había resultado en 29 muertes, 8.812 arrestos, 3.449 heridos, 544 querellas legales por tortura y cuatro presuntas violaciones por oficiales.

Frente a tal violencia estatal, las protestas y huelgas tan solo se radicalizaron y crecieron, disminuyendo el crecimiento chileno a 1,2 por ciento para el 2019, el más bajo desde la Gran Recesión. La semana pasada, las manifestaciones, así como los amplios y continuos paros en colegios durante los exámenes de admisión universitarios para protestar la desigualdad del sistema educativo, dan señal de un estallido social aún potente.

Sin embargo, la ausencia de una dirección revolucionaria en la clase obrera y un programa que una a los trabajadores chilenos con los millones de trabajadores entrando en la lucha de clases globalmente presenta el legal peligro de que la oposición social permanezca subordinada a la política burguesa. La clase gobernante en Chile e internacionalmente ha respondido con un giro hacia la dictadura, ofreciéndoles a los trabajadores solo más recortes y una mayor explotación.

La encuesta Barómetro del Trabajo para enero de 2020 ofrece datos valiosos sobre la cuestión definitiva de conducción. La mitad de los chilenos encuestados (adultos) han participado en las protestas desde octubre, mientras que otro 19 por ciento dijo que no lo ha hecho pero le gustaría participar. Las pensiones privatizadas, “abusos y desigualdades”, el sistema educativo, aumentos salariales y el sistema de salud fueron las principales problemáticas planteadas por los manifestantes, en dicho orden.

La encuesta expone las absurdas afirmaciones del Gobierno de Trump y la derecha chilena de que “troles rusos” en internet provocaron el levantamiento, que ha incluido concentraciones de más de un millón de personas y ha bajado la tasa de aprobación del presidente Sebastián Piñera a un inédito 6 por ciento.

Sin embargo, lo que es más esencial, las demandas de las protestas en Chile son las mismas planteadas por los huelguistas y manifestantes en el resto del mundo, probando que el descontento es resultado de condiciones sociales arraigadas en el sistema capitalista global y que no se pueden resolver bajo un programa nacionalista. Pese a su riqueza natural e importantes industrias, la economía es completamente dependiente de cadenas de producción y mercados globales y permanece bajo el yugo del imperialismo estadounidense y europeo.

Las tensiones de clases verdaderamente se encuentran a flor de piel. Solo 2 por ciento de los manifestantes encuestados mencionó las tarifas del transporte público, a pesar de que el incidente que desencadenó la ola de protestas fue un aumento relativamente menor del pasaje del Metro de Santiago en octubre.

Al mismo tiempo, solo el 2 por ciento señaló “cambiar la constitución” como una demanda. Desde el milmillonario derechista Piñera al pseudoizquierdista Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), todo el aparato político y la prensa corporativa han promovido forzosamente la cuestión de una nueva constitución a fin de restaurar confianza en la institucionalidad burguesa.

En abril, un plebiscito les preguntará a los chiles si quieren una nueva constitución y si todo el cuerpo constituyente debería ser elegido o si la mitad debería estar compuesto por legisladores actuales. Así como la “transición democrática” tras la dictadura de Augusto Pinochet, esta farsa constituyente será el medio para mantener el poder y los intereses de lucro de la misma oligarquía local y capital transnacional que instaló y respaldó a Pinochet.

A pesar de que se espera que una mayoría vote “sí” en el referendo, las demandas del más grande resurgimiento de protestas en medio siglo no se pueden resolver por medio del proyecto constitucional.

Según el Barómetro del Trabajo, el 83 por ciento no está “satisfecho con el funcionamiento de la democracia en Chile” y el mismo porcentaje respondió que el país está gobernado por “grupos poderosos en su propio beneficio”. Solo el 7 por ciento “confía” en los partidos políticos para la tarea de redactar una nueva constitución, y solo el 25 por ciento confía en los dirigentes sindicales para esto. Finalmente, la tasa de desaprobación supera el 68 por ciento para todos los partidos.

El grueso de la clase trabajadora reconoce a la élite política por lo que es: un instrumento de los 20 grupos económicos que controlan más de la mitad de la producción y sus patrones en Wall Street y Europa. Durante los últimos 30 años, todos los partidos han defendido la austeridad social y privatizaciones llevadas a cabo bajo Pinochet y han traicionado cada huelga y forma de resistencia masiva.

Dado lo desacreditados que están, el estalinista Partido Comunista de Chile (PCCh), que controla la Central Única de Trabajadores (CUT), y el pseudoizquierdista Frente Amplio han tenido dificultades para mantener control sobre las protestas por medio de la Mesa de Unidad Social, una coalición de grupos de protesta y sindicatos. A su vez, han utilizado huelgas intermitentes para debilitar su efecto, aislado a los trabajadores de sus contrapartes internacionales y apoyado el plebiscito de Piñera, si bien afirmando oponerse a la “hoja de ruta” del mandatario.

Durante las huelgas, ocupaciones y protestas revolucionarias a fines de los años sesenta y principios de los setenta, el PCCh también se dedicó para encadenar a la oposición a la política burguesa en la forma del Gobierno de Unidad Popular bajo Salvador Allende, desarmando política y físicamente a la clase trabajadora a pesar de los preparativos abiertos de Washington y la burguesía chilena para derrocar a Allende e instalar una dictadura derechista.

La clase gobernante también dependió de apologistas pequeñoburgueses respecto al PCCh y su defensa del Gobierno capitalista. Principalmente, estas fueron las fuerzas pablistas que habían abandonado el trotskismo y operaban en los sindicatos y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Hoy día, con los partidos capitalistas en una posición aún más débil, este papel está siendo desempeñado por el morenista Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) que publica La Izquierda Diario y representa los intereses de capas de la clase media-alta centradas en los sindicatos y la academia.

Mientras afirma oponerse al plebiscito, el PTR ha basado su perspectiva en una campaña de presión orientada al PCCh y el Frente Amplio para exigir una Asamblea Constituyente más radical dentro del mismo aparato político capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de febrero de 2020)