Estudiantes peruanos protestan por el cierre de universidades privadas

por Cesar Uco
18 febrero 2020

Cientos de estudiantes de la Universidad Alas Peruanas (UAP) protestaron el 7 de febrero en la ciudad de Arequipa, en el sur de Perú, contra la revocación de la licencia de la universidad por parte de una agencia estatal de educación que amenaza con eliminar sus carreras educativas.

Los manifestantes se picharon los brazos con jeringas hasta sangrar y se ataron con cadenas fuera del Teatro Municipal de Arequipa, donde estaba programado hablar el presidente peruano Martín Vizcarra. Cuando los estudiantes trataron de moverse hacia el teatro, fueron empujados hacia atrás por una falange de la policía equipada con escudos antidisturbios.

La protesta fue la última de una serie de manifestaciones de estudiantes de universidades privadas con fines de lucro que han tenido sus licencias revocadas por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) por no cumplir con los Condiciones Básicas de Calidad (CBC). Unas 39 universidades privadas y 116,000 estudiantes se ven afectados. Se ha ordenado a las instituciones que dejen de admitir nuevos estudiantes y cierren en el plazo de un año.

La central de Universidad Alas Peruanas en Jesus Maria, Lima

La principal demanda de los estudiantes es que las instituciones privadas sean tratadas igual que las universidades públicas a las que se les negaron sus licencias, y se les concedió un período de gracia de dos años para remediar sus deficiencias.

Si bien el gobierno ha declarado que los estudiantes pueden ir a universidades públicas nacionales o transferirse a otras universidades privadas, no hay suficiente espacio en las instituciones públicas y las escuelas privadas más caras están fuera del alcance de muchos que provienen de familias con bajos ingresos.

"Este es un momento de incertidumbre", dijo Gianpol, un estudiante de administración de la UAP, la mayor de las escuelas afectadas, con 65,000 estudiantes, al World Socialist Web Site. "No se nos dijo nada sobre el proceso de cómo se negaron a las universidades [licencias]. Muchos jóvenes todavía no saben qué hacer, a qué universidad ir o qué universidades pueden permitirse". Añadió que los estudiantes estaban preocupados por si otras universidades aceptasen sus créditos de una escuela cerrada por el gobierno y sobre el aumento probable de los costos de matrícula.

"Ciertamente hay empresarios vinculados al sector de la educación que están aprovechando a los jóvenes con menos recursos, beneficiándose de los jóvenes", dijo Gianpol. "Hay desigualdad, ya que todos tenemos derecho a estudiar. Ya seas pobre o rico, el estado debería encargarse de ello. La educación es muy importante no sólo para su vida profesional, sino que sirve para desarrollarse como persona, como ser humano y crecer como ciudadanos, para hacer las cosas mejor, para cambiar la sociedad".

A partir de 2016, el Ministerio de Educación, a través de su filial Sunedu, inició una evaluación de las universidades peruanas. Lo que encontró fueron violaciones graves de las CBC establecidas bajo la ley universitaria nacional, así como el fraude y la corrupción por parte de empresarios que buscan explotar el esfuerzo por una educación por parte de algunos de los más oprimidos del país las capas sociales.

Un total de 37 universidades (el 90% de las licencias denegadas) se fundaron sobre la base de las políticas de libre mercado impuestas por el FMI a principios de la década de 1990 bajo la dictadura del presidente Alberto Fujimori como condición para tener acceso a las finanzas internacionales Mercados.

Ginapol, estudiante de administración en la Universidad Alas Peruanas, que el gobierno ordenó cerrar en un año

Treinta y cinco de las universidades privadas con fines de lucro amenazadas con cierre se han establecido desde el año 2000, su surgimiento coincidiendo con la inversión de decenas de miles de millones de dólares por parte de empresas transnacionales mineras y en la explotación de otros recursos naturales.

El auge de la minería de 2002 a 2014, que experimentó un crecimiento del PIB del 6.1 por ciento anual, produjo una reducción significante de la pobreza y la pobreza extrema, creando una demanda de educación superior entre las familias de menores ingresos.

Sin embargo, con la disminución de la demanda de recursos minerales y la desaceleración económica a partir de 2015, el desempleo aumentó y el consumo se redujo, con el sector de la educación privada siendo uno de los primeros afectados.

Dos fenómenos superpuestos están presentes en la crisis universitaria del Perú. La primera tiene que ver con que la mayoría de las universidades sean denegadas por no cumplir con los ocho requisitos de la CBC. La otra es una de corrupción que involucra a dos de las tres universidades más grandes amenazadas de cierre, que comprende al 86 por ciento del alumnado embaucado.

En 2018, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con 16,000 estudiantes, pagó al decano Luis Cervantes y su pequeña camarilla de profesores un monto de 43.5 millones de nuevos soles (US$ 13.2 millones) en "salarios dorados", informó el diario peruano La República.

Alas Peruanas, con 65,000 estudiantes, fue fundada en 1996 por Fidel Ramírez junto con una asociación de oficiales de la Fuerza Aérea. Fue vinculado por la Administración Antidrogas de Los Estados Unidos (DEA) con el narcotráfico y el lavado de dinero, con aviones de la UAP supuestamente utilizados para transportar drogas a Miami. El sobrino de Ramírez, Joaquín Ramírez, era un congresista y secretario general del partido derechista Fujimorista Fuerza Popular, acusado de blanquear el dinero del soborno para la ahora encarcelada líder del partido, Keiko Fujimori.

Las 36 universidades restantes tenían un cuerpo estudiantil combinado de sólo 16,000 estudiantes, un promedio de 445 estudiantes por escuela. La Escuela de Graduados San Francisco Xavier, en la ciudad de Arequipa, tenía sólo 17 estudiantes, cuatro aulas y 12 profesores (en su mayoría a tiempo parcial), pero ofreció cuatro maestrías y un doctorado.

Ante la creciente crisis y las protestas, el presidente Vizcarra puso 18 millones de nuevos soles, equivalente a US$ 5.5 millones, para que las universidades nacionales admitieran estudiantes de bajos ingresos porque no podrían costear las matrículas más caras de las privadas con licencia y se quedarían en la calle.

El miedo dentro del gobierno y la clase dominante peruana es que la ira entre los jóvenes por la explotación y desigualdad que impregna la sociedad peruana y su sistema educativo puede ser la chispa que enciende el tipo de revuelos sociales que se han apoderado de Chile, Ecuador y Colombia en los últimos meses.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de febrero de 2020)