A medida que Perú intensifica la militarización, COVID-19 se extiende a zonas rurales remotas

por Cesar Uco
8 abril 2020

Mientras el gobierno del presidente peruano Martin Vizcarra aumenta las medidas militares dirigidas hacia un cierre a nivel nacional, el virus COVID-19 continúa propagándose exponencialmente, incluso en zonas rurales remotas del país, habitadas por las personas más pobres de origen andino o amazónico, que tienen bajas defensas inmunológicas.

A partir de la semana pasada, el gobierno endureció la circulación limitada en las calles a sólo cuando sea absolutamente necesario, por ejemplo, a los mercados de alimentos y farmacias. Un toque de queda nocturno a nivel nacional también se ha alargado entre las 4 pm y 5 am y (antes a comenzaba las 6 pm). La nueva disposición también limite a los hombres transitar sólo los lunes, miércoles y viernes, y las mujeres los martes, jueves y sábados. El domingo nadie puede salir de sus hogares y el transporte público está suspendido.

Un policía arrestando a un transeúnte

El número de militares que protegen las principales vías de las mayores ciudades se ha duplicado. Los militares y la policía están imponiendo rigurosamente las reglas de aislamiento, pidiendo identificación y prueba de hacia dónde va uno. Contra los que no cumplen, los militares actúan para "someter" y esposar a las personas, enviándolas a la comisaría de policía más cercana.

Efectivamente, se ha concedido a la policía una licencia para matar con la aplicación de un nuevo acto, conocido como Ley de Protección Judicial, que exime a la policía de arresto o enjuiciamiento por el uso de sus armas para dañar o matar a personas durante una emergencia.

El gobierno de Vizcarra está respondiendo a las demandas de la burguesía nacional, que teme a las conmociones populares. Con miles de ciudadanos detenidos, ha habido al menos tres disturbios en prisiones por parte de reclusos quejándose por la falta de atención médica.

Ante la situación de la vida y la salud de la población peruana, Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas y aliado cercano de Washington, ha instado al gobierno a establecer criterios para reanudar las operaciones de las empresas.

Jugando a la ruleta rusa con la vida de los trabajadores, Segura afirma que "puede tener en cuenta algunas variables como determinar el riesgo de propagación del virus de un sector o actividad, la capacidad de mitigación y el impacto económico que se derivaría de activar o mantener la suspensión de las operaciones durante más tiempo".

Tres semanas después de la detección del primer caso de coronavirus en Perú, el número oficial de casos ha aumentado a 2.561, con 92 muertes. Se informó el lunes que tres personas más habían muerto en el Hospital Arzobispo Loayza por falta de ventiladores.

Los casos conocidos de infección siguen concentrándose en las ciudades más pobladas, principalmente en Lima (con 10 millones de habitantes, que comprenden un tercio de la población nacional), Piura e Iquitos, la principal ciudad a orillas del río Amazonas.

En los primeros 10 días del brote en Perú, los departamentos andinos, donde se concentran las grandes operaciones mineras de exportación, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Puno, Moquegua y Tacna en el sur, y Cajamarca en el extremo norte del país, no registraron un solo caso.

Hoy, sin embargo, la propagación de COVID-19 se ha detectado en la región conocida como el "corredor minero" en los Andes meridionales, donde las transnacionales han invertido miles de millones de dólares. Hasta el fin de semana pasado, el número reportado de infectados en estas regiones era: uno en Huancavelica, dos en Ayacucho, uno en Apurímac, uno en Puno, uno en Moquegua, nueve en Tacna y seis en Cajamarca.

Además, en la segunda ciudad más poblada, y el centro comercial e industrial del sur de los Andes, Arequipa (1 millón de habitantes), el número de casos conocidos se multiplicó de siete a 51 en sólo 10 días.

COVID-19 representa una amenaza particular para los pueblos indígenas de estas regiones.

El Grupo de Apoyo PERU en línea señaló: "Algunos pueblos indígenas viven en aislamiento voluntario en zonas remotas donde incluso un resfriado o gripe común puede resultar mortal ... Para aquellos en contacto variable con otras comunidades y zonas urbanas, los niveles de salud y los sistemas inmunitarios son generalmente bajos debido a los bajos niveles de nutrición, la alta incidencia de paludismo y dengue, el acceso limitado al agua potable y las instalaciones de alcantarillado adecuadas, los altos niveles de contaminación por la minería, el petróleo y oro, la explotación y la falta de acceso a los servicios de salud. Más del 60 por ciento de las comunidades carecen de un puesto de salud y muchas comunidades están de seis a ocho horas o hasta tres días de distancia por río del hospital más cercano".

El Coordinador de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica exigió que los gobiernos de la región llevaran a cabo una campaña de información y prevención en lenguas nativas.

Exigió que los gobiernos de la región y el mundo "intensificaran la vigilancia y protección de los territorios invadidos por petroleros, mineros, madereros y personas ajenas a la región".

En Perú, como en otras partes de América Latina, las clínicas y hospitales no pueden tomar más pacientes infectados con COVID-19. Carecen de camas, respiradores, guantes y máscaras . El Comercio informó el lunes que "las empresas textiles entregarán 252.000 máscaras y 25.200 delantales al personal de Minsa (Ministerio de Salud) la próxima semana", pero esto está muy por debajo de lo que se necesita. Las máscaras no están disponibles para la población general, ya que las farmacias se han quedado sin abastos.

El sistema de atención de la salud del país se ha visto erosionado constantemente por una serie de importantes recortes presupuestarios implementados de acuerdo con el modelo de "libre mercado" impuesto por el FMI desde la consolidación del poder por la dictadura de Alberto Fujimori a principios de la década de 1990. Después de 30 años, el resultado ha sido un enorme crecimiento de la desigualdad social.

El brote de coronavirus y el bloqueo nacional también han llevado a un colapso en los suministros de sangre, con Minsa informando que el stock de plaquetas simples de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre tipo II disminuyó en un 73,3 por ciento y el de los paquetes globulares, en un 23,8 por ciento entre el 16 y el 25 de marzo.

Los más afectados son niños y adultos con leucemia. "Necesitan sangre y plaquetas diarias. No pueden interrumpir sus tratamientos ni detener la quimioterapia porque la enfermedad sigue progresando", advierte Milagros Milagros Ramírez Daniel, jefa del Banco de Sangre del INEN.

Arturo Sagástegui, jefe del banco de sangre del Hospital Rebagliati dice que la situación es la misma en todos los hospitales públicos, gestionados por EsSalud, y "está afectando no sólo a los pacientes con leucemia, sino también a aquellos con enfermedades crónicas, linfomas e incluso aquellos que llegan por emergencia y requieren una transfusión de sangre".

Los hospitales de campaña se están creando en muchos de los estadios de fútbol del país para hacer frente al desbordamiento de los pacientes enfermos y moribundos.

La indiferencia y el desprecio de la oligarquía peruana hacia la vida de los trabajadores ordinarios fueron expuestos con una protesta pública por una asociación aficionada a la tauromaquia por el uso de la centenaria plaza de toros, Plaza de Acho, como un refugio para personas sin hogar y hospital en un intento de combatir el virus. La asociación alegó que se trataba de una violación de un sitio de patrimonio nacional.

El peligro de contagio se ha agravado por comerciantes sin escrúpulos que venden "aceite de serpiente" como cura. Por ejemplo, Agencia Andina informó el viernes pasado que "al menos 16 personas han muerto en una zona remota del Perú después de beber licor adulterado que se supone que 'prevendría' el COVID-19" en el departamento minero de Huancavelica. En esa región, la mina y planta concentradora, Las Bambas, se convirtió en un foco de atención mundial el año pasado cuando varias comunidades campesinas bloquearon la carretera utilizada para transportar mineral de cobre para ser enviado a China.

(Publicado originalmente en inglés el 7 de abril de 2020)