Cientos de miles de estadounidenses enfrentan falta de vivienda durante la pandemia a medida que los estados comienzan a levantar las restricciones contra los desalojos

por Trévon Austin
29 mayo 2020

Con casi 40 millones de desempleados oficiales en los Estados Unidos, los gobiernos estatales y locales se están preparando para arrojar a los trabajadores y sus familias de sus hogares a la calle. En todo Estados Unidos, las moratorias en los procedimientos de desalojo y las ejecuciones hipotecarias de viviendas, establecidas durante el inicio de la pandemia, se han levantado o expiran a principios del próximo mes.

A nivel nacional, se ha invocado un mosaico de salvaguardas temporales para inquilinos y propietarios de viviendas cuando decenas de millones de trabajadores perdieron sus empleos como consecuencia de la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus. Algunos estados, como Dakota del Sur y Wyoming, nunca contaron con ninguna protección. Otros, incluidos Florida, Mississippi, California e Illinois, permitirán que los desalojos se reanuden a principios de junio.

Las ciudades gastan millones en asistencia de alquiler, solo para ver que los fondos se agotan rápidamente por una demanda abrumadora. Según NPR, un programa de asistencia de alquiler en Houston, Texas, se quedó sin fondos en 90 minutos.

Texas allanó el camino para otros estados después que levantó las prohibiciones a los desalojos desde marzo. El 19 de mayo, los tribunales de Texas se abrieron para que los propietarios presentaran procedimientos de desalojo contra los inquilinos. Una mezcla de órdenes de emergencia de ciudades y condados protegen a los inquilinos en áreas metropolitanas como Austin, El Paso, Dallas y San Antonio, pero Houston, la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, y Fort Worth no han emitido medidas de protección adicionales.

En consecuencia, Fort Worth y Houston ahora estarán entre las primeras áreas metropolitanas importantes del país que verán un fuerte aumento en los desalojos, a pesar de la pérdida significativa de empleos. Según las cifras estatales—se presentaron más reclamos de desempleo en el condado de Harris que representa alrededor del 98 por ciento del área metropolitana de Houston—que en los condados de Dallas y de Travis combinados: 184,281 reclamos en el área de Houston, en comparación con 92,380 en Dallas y 42,623 en Austin.

El alcalde demócrata y concejal de la ciudad de Houston, Sylvester Turner, no ha hecho nada para extender las protecciones y simplemente ha pedido al estado que lo haga. Cuando se le preguntó sobre la emisión de órdenes como las de otras ciudades de Texas, la oficina del abogado de Houston sugirió que no era posible desde una perspectiva legal. Cuando los medios locales se comunicaron con los funcionarios de la ciudad, se negaron a ofrecer ninguna explicación.

Muchas de las ciudades más grandes del país todavía están bajo moratorias estatales, pero no han aprobado medidas de desalojo locales. En Chicago, los desalojos se han detenido hasta que Illinois levante su estado de emergencia, que actualmente está programado para fines de esta semana. En estados como Florida, los propietarios han presentado cientos de casos de desalojo, esperando que expire la moratoria del estado. Solo en el condado de Hillsborough, el hogar de Tampa, 250 casos ya se han acumulado en los tribunales a la espera de ser procesados. El vecino condado de Pinellas ya tiene 190 casos pendientes.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, extendió una moratoria para los inquilinos y propietarios afectados por la pandemia hasta el 20 de agosto. Para los casos no relacionados con COVID-19, los desalojos se reanudarán el 20 de junio. Bajo la orden ejecutiva de Cuomo, aquellos que califican para beneficios de desempleo o que están experimentando una “dificultad financiera” como resultado de COVID-19 están temporalmente protegidos contra el desalojo.

Sin embargo, muchos señalan que los inquilinos probablemente deberán probar que califican para la exención. Los abogados y defensores argumentan que esta carga de la prueba dejará vulnerables a muchos inquilinos. En Nueva York, donde se estima que hasta el 25 por ciento de los inquilinos—que representan casi dos tercios de la población—no pudieron pagar el alquiler en mayo, el fin de la moratoria de desalojo anuncia un inminente desastre social.

Los defensores de la vivienda asequible dicen que millones de personas en los Estados Unidos corren el riesgo de quedarse sin hogar. La Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos estima que se necesita al menos $100 mil millones en asistencia de alquiler de emergencia en todo el país para evitar una catástrofe. Según una encuesta de Washington Post- Universidad de Maryland, la mayoría de los 43.8 millones de hogares de alquiler de la nación han perdido ingresos durante la pandemia. Además, el hecho que el 40 por ciento de los hogares que ganan menos de $40,000 al año, perdieran sus empleos en marzo, significa la ruina de una porción significativa de la población.

Los inquilinos deben confiar en un confuso mosaico de leyes y ordenanzas locales para la seguridad contra el desalojo, que según los abogados tienen pocos o ningún precedente legal. Muchos abogados dicen que no están seguros de lo que sucederá después de que se levanten las moratorias estatales, incluso en ciudades con medidas de desalojo. A algunos les preocupa que puedan surgir batallas legales donde los inquilinos tendrán dificultades para montar una defensa sin ningún recurso financiero. En estados como Florida, la mayoría de los inquilinos están obligados a pagar el monto del alquiler pendiente antes de que puedan luchar contra un desalojo.

La Ley federal CARES—aprobada con el apoyo de los demócratas y republicanos en el Congreso en marzo—incluye una suspensión de los procedimientos de desalojo y ejecuciones hipotecarias a nivel nacional hasta finales de julio, pero las exenciones solo se aplican a los residentes en propiedades que reciben fondos o asistencia federal. El Instituto Urbano estima que la ley protege a 12.3 millones de hogares, solo el 28 por ciento de los inquilinos y propietarios.

Incluso cuando los residentes están protegidos por la ley federal, podrían enfrentar desafíos. Los inquilinos y propietarios de viviendas, sin la ayuda de un abogado, podrían asumir la carga de demostrar que son benefactores de las protecciones federales o estatales. También hay informes de propietarios que amenazan ilegalmente a los inquilinos con desalojo a pesar de las normas federales, y algunos casos se retrasan en los tribunales.

Es importante tener en cuenta que aunque muchos todavía están legalmente a salvo del desalojo, la suspensión del alquiler es prácticamente desconocida. Los inquilinos que no pueden realizar el pago de la renta informan que fueron multados con cargos por pagos atrasados, solamente los colocan más cerca de ser expulsados de sus hogares una vez que se eliminan las restricciones. En el mejor de los casos, la mezcolanza de las moratorias de desalojo ha retrasado la erupción de los desalojos a medida que los pagos de alquiler se acumulan y los trabajadores pierden sus empleos e ingresos.

Se espera que el número de procedimientos de desalojo aumente rápidamente, pero el impacto final no se verá durante muchos meses. Los procesos de desalojo pueden llevar meses antes que los residentes sean retirados de sus hogares por la fuerza por alguaciles armados del condado. Además, a aquellos que han recibido asistencia a corto plazo del cheque de estímulo único de $1,200 y una expansión de $600 de pagos de desempleo— se les informará pronto que no hay dinero para pagar por extender tales iniciativas.

El inminente desastre social en los Estados Unidos, provocado por la pandemia, pone al descubierto la irracionalidad del sistema capitalista. Si bien rápidamente aportó billones de dólares para apuntalar Wall Street a través del rescate de la Ley CARES y la “flexibilización cuantitativa” por parte de la Reserva Federal, la clase dominante estadounidense ha demostrado que no está dispuesta, ni es capaz de proporcionar ayuda a millones durante una crisis de salud pública que ha cobrado la vida de más de 100,000 personas en Estados Unidos. Millones ahora enfrentan por primera vez la perspectiva de la falta de vivienda, el hambre y el desempleo, mientras que los más ricos se enriquecen de la devastación social.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de mayo de 2020)