La atención médica colapsa en Bolivia después que el régimen golpista reabre la economía

por Tomas Castanheira
30 junio 2020

El número de casos confirmados de COVID-19 en Bolivia, que llegó a 30.676 este sábado, se ha triplicado desde que el país comenzó a reabrir las actividades económicas hace menos de un mes. La velocidad de transmisión de la enfermedad está alcanzando niveles cada vez más alarmantes, habiendo superado los mil nuevos casos en cinco días diferentes durante la última semana.

El sistema de salud boliviano está colapsando en todos los ámbitos. Hace unas dos semanas, los medios de comunicación reprodujeron las imágenes de al menos seis personas que murieron a causa de COVID-19 en las calles de ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.

Uno de los casos fue identificado por El Deber como Juan Carlos Ch., quien murió en una calle de Cochabamba después de buscar ayuda en siete hospitales y no ser admitido. Haciendo el caso aún más horrendo, después de eso, tres cementerios diferentes se negaron a tomar su cuerpo, ya que estaban llenos.

Jeanine Áñez en la celebración del 194 aniversario de la policía boliviana, el 19 de junio

Esta misma situación ha enfrentado a muchas familias bolivianas, que se ven obligadas a mantener los cuerpos de sus seres queridos durante días dentro de sus casas, o a enterrarlos de manera improvisada, arriesgando propagar aún más la enfermedad en las comunidades.

En los últimos días, varias clínicas y un laboratorio que procesa las pruebas de COVID-19 se han visto obligados a suspender sus actividades tras alcanzar su máxima capacidad, la escasez de suministros o la contaminación masiva entre sus empleados.

Los profesionales de la salud del Hospital Viedma de Cochabamba, uno de los sitios afectados, realizaron una protesta el martes pasado. Los trabajadores llevaban carteles que exigían: “No queremos seguro de vida, queremos vivir”. Uno de ellos le dijo a Los Tiempos: “Las palabras de la Gobernadora quedaron en el aire, nosotros nos compramos los equipos de bioseguridad. La Gobernación no nos dio nada”.

Otro declaró: “Pedimos a las autoridades un centro de aislamiento, tenemos a varias compañeras infectadas y estas en sus casas comprometiendo a sus familias. Pedimos que se realicen pruebas rápidas, no sabemos quién está o no infectado”.

Las mismas condiciones han llevado a los trabajadores a protestar en otros hospitales de Santa Cruz y La Paz. La ausencia de condiciones seguras está causando muertes sustanciales de trabajadores de la salud. Solo el jueves pasado, cuatro médicos murieron a causa de COVID-19 en Santa Cruz, elevando a 48 el número oficial de trabajadores de la salud muertos por la enfermedad en el país.

El avance de las infecciones también amenaza a los casi 60 territorios indígenas de Bolivia, cuya mayoría está rodeada de municipios con casos registrados. Varios territorios han denunciado a las autoridades por haberlos abandonado sin acceso a la atención de la salud ni a las bonificaciones del Gobierno. Según Miguel Vargas Delgado, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, los pueblos indígenas, sin exagerar, “están en riesgo de desaparecer”.

El régimen golpista dirigido por Jeanine Áñez ha respondido a la mortal propagación de la pandemia COVID-19 en Bolivia con la escalada de su irresponsable reapertura de la economía.

El Gobierno anunció el miércoles la creación del llamado “Programa Nacional de Reactivación del Empleo”, con el objetivo declarado de reactivar la economía boliviana. Crea un fondo de 30.000 millones de bolivianos (unos 4.300 millones de dólares) para apoyar los programas de transferencia de riqueza a los mercados financieros y a las empresas, así como el financiamiento de obras públicas y préstamos para la vivienda.

Sin embargo, no se suspenden las medidas de Estado policial que el Gobierno ha implementado con el pretexto de hacer cumplir las cuarentenas, sino todo lo contrario.

En un acto celebrado el 19 de junio con motivo del 194 aniversario de la Policía boliviana, Áñez, quien fue condecorada con la orden de la “Gran Cruz”, dijo: “En este tiempo que viene le tocará [a la policía] protagonizar junto a su pueblo la construcción del ambiente que se necesita para reactivar la economía del país y de los hogares bolivianos”.

La culpa de la catástrofe social y sanitaria está siendo desviada por el Gobierno con crecientes acusaciones contra sus oponentes. Áñez atribuyó el colapso de los hospitales al precario estado del sistema de salud legado por la Administración del depuesto presidente Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS). Y las crecientes acusaciones de corrupción sobre la compra por parte del Gobierno de 170 ventiladores fueron caracterizadas por Áñez como fruto de “una red de conspiración” que involucraba al MAS.

Estas acusaciones se suman a los reaccionarios intentos de atribuir un carácter “terrorista” a la oposición política que justificaría el uso de la fuerza para mantener el régimen establecido con el golpe militar que derrocó a Morales en noviembre pasado.

Las protestas y bloqueos levantados en mayo por los trabajadores pobres de K'ara K'ara, al sur de Cochabamba, contra la política de hambre del gobierno durante la cuarentena, se han convertido en el blanco de una intensa persecución política. La semana pasada, dos personas fueron detenidas como presuntos líderes de las protestas en K'ara K'ara, una de ellas una candidata del MAS a diputada, Lucy Escobar, y fueron acusadas de asalto a la salud pública, terrorismo y financiación del terrorismo.

La detención durante unas horas de un agente de policía, que al parecer entró por error en el bloqueo de K'ara K'ara, fue caracterizada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, como un “secuestro” ordenado personalmente por el “narcoterrorista Evo Morales”. En su cuenta de Twitter, Murillo dijo que Morales “busca muertos para convulsionar [el país]”.

En diferentes ocasiones, Murillo y Áñez repitieron la consigna de que Bolivia tiene “dos caminos posibles”: el primero es el del MAS y el “evismo”, que asocian con el terrorismo, la violencia política y la división de los bolivianos, y el segundo es “nosotros”.

La amenaza de que el régimen golpista permanezca en el poder indefinidamente fue subrayada durante la semana pasada. Después de una serie de aplazamientos, Áñez anunció el 21 de junio su acuerdo para celebrar nuevas elecciones en septiembre. Sin embargo, afirmó haber tomado su decisión bajo la presión de su oposición, tanto del MAS como de Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana. “Que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia que haya elecciones en plena pandemia”, declaró.

Pero ya el martes, horas después de la promulgación de la ley electoral, el Gobierno hizo una nueva y contradictoria declaración. El jefe nacional de epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, dijo en una entrevista que, debido a las perspectivas de crecimiento de la pandemia y al colapso de los hospitales, “posiblemente no podamos ni ir a las urnas”.

Los trabajadores, campesinos e indígenas bolivianos están seriamente amenazados por las políticas criminales del Gobierno reaccionario de Áñez en respuesta a la pandemia y sus esfuerzos por fortalecer el régimen dictatorial.

Pero la oposición a esta amenaza solo se puede montar mediante la movilización política independiente de la clase obrera y la ruptura con la oposición política encabezada por el MAS, que desempeña el papel de preparar el terreno para la reacción. Morales reafirmó la semana pasada que la necesidad del momento es un diálogo nacional para la reconciliación (con las fuerzas que promovieron el golpe) y la construcción de una agenda económica pospandémica.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de junio de 2020)