Cientos de trabajadores infectados y cuatro muertos por COVID-19 en maquiladora de Los Ángeles

por Marc Wells
17 julio 2020

Después de meses de informes y quejas formales presentadas por los trabajadores y grupos de defensa a la luz del abandono de las medidas de seguridad para evitar la propagación de COVID-19, el 10 de julio el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (DPH) ordenó el continuo cierre del fabricante de prendas de vestir Los Angeles Apparel del centro de la ciudad. Se han confirmado cuatro muertes y más de 300 infecciones entre la fuerza laboral total de 400 personas. Esto marca el brote más grande en el condado de Los Ángeles hasta la fecha.

Con evidencia de lo que el DPH llamó “violaciones flagrantes” de las órdenes de control de infecciones de salud pública y la negativa de la compañía a cooperar en la investigación, las autoridades ya habían ordenado el cierre de las instalaciones de la compañía en South Los Angeles el 27 de junio, después que en una inspección de la fábrica encontraron múltiples violaciones de los requisitos de distanciamiento y protocolos de control de infecciones, como el uso de cartón como barrera entre los trabajadores.

La Dra. Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, declaró: “La muerte de cuatro trabajadores dedicados a la confección es desgarradora y trágica. Los propietarios y operadores de negocios tienen una responsabilidad corporativa, moral y social con sus empleados y sus familias para proporcionar un ambiente de trabajo seguro que cumpla con todas las directivas de los oficiales de salud: esta responsabilidad es importante, ahora más que nunca, mientras continuamos luchando contra este mortal virus”.

Estas palabras vacías surgen después de meses de llamadas ignoradas para medidas de seguridad y la implementación de una política criminal de regreso al trabajo que ahora está produciendo un desastre social en todo el estado y los Estados Unidos. El Partido Demócrata es totalmente responsable de la catastrófica situación en California, donde las “recomendaciones” voluntarias han reemplazado las regulaciones.

En este contexto, no sorprende que Los Angeles Apparel haya podido defenderse de reclamos legítimos de presunta negligencia. Su propietario, Dov Charney, fundador y expresidente de American Apparel, se quejó de “un laberinto de direcciones contradictorias”. Afirmó: “Es moralmente irresponsable que el Departamento de Salud hable sobre las tasas de infección en nuestra fábrica sin abordar también su conexión con el problema en general: que la comunidad latina en Los Ángeles queda vulnerable a COVID-19 en un sistema de salud que no brinda apoyo con las pruebas ni apoyo o asistencia para aquellos que dan positivo”.

Paradójicamente, Charney cambió la producción en la fábrica de camisetas a máscaras no médicas recomendadas por los Centros para el Control de Enfermedades en marzo.

La verdad es que a las corporaciones en los Estados Unidos se les ha permitido y, de hecho, se les ha animado a operar con total impunidad y sin tener en cuenta las medidas de seguridad adecuadas, eliminando cualquier obstáculo para la maximización de las ganancias.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda L. Solís, estaba en desacuerdo con las políticas del estado y del condado: “Es inaceptable que muchos trabajadores de la confección estén haciendo máscaras faciales y otros equipos de protección por centavos por hora mientras se ven obligados a trabajar en áreas estrechas que socavan el distanciamiento físico y carecen de protocolos para desinfectar regularmente sus estaciones de trabajo”. Las declaraciones de funcionarios como Solís evidencian la hipocresía de los gobiernos locales, estatales y federales y representan una gran subestimación de la situación real.

Una imagen más precisa de la situación real surge de los reclamos e informes directos de los trabajadores. Durante meses, el Garment Workers Center (GWC, Centro de Trabajadores de la Costura), un grupo de defensa de los trabajadores, recibió informes de los trabajadores de Los Angeles Apparel sobre “empleados que de repente dejaron de ir a trabajar” y “describieron que la gerencia no anunció si las ausencias estaban relacionadas con COVID-19, ni tampoco hicieron cambios en las prácticas de desinfección”.

El grupo denunció el caso de Francisco, un trabajador que se enfermó poco después de comenzar a trabajar allí en mayo. “Recibió el resultado positivo de la prueba COVID-19 el 20 de mayo y fue hospitalizado por casi tres semanas. Al día siguiente, 21 de mayo, un segundo miembro de GWC dio positivo y no pudo regresar a trabajar. La gerencia no se ha comunicado con ninguno de los empleados, y no es claro si se les ofrecerá un permiso remunerado”.

Los Ángeles se ha convertido en eje central para la industria de la confección en los últimos años, explotando a más de 45,000 trabajadores y representando un componente importante— aproximadamente el 10 por ciento—de las operaciones de fabricación en el área. La gran mayoría de los trabajadores son mujeres inmigrantes, muchas son madres solteras, la mayoría de ellas de América Latina.

Un informe de 2015 del Garment Worker Center, Research Action Design y el UCLA Labor Center titulado “Hanging by a Thread!” expuso una situación desastrosa de ese momento, con largas horas de trabajo (de 10 a 12 horas diarias, de 6 a 7 días a la semana), salarios de miseria, falta de cuidado infantil asequible y temor a represalias, especialmente con respecto al estado migratorio.

Una crisis económica intensificada desencadenada por la pandemia y la propagación del virus en sí han exacerbado las condiciones ya terribles para decenas de miles de familias.

La CUNY School of Labor and Urban Studies entrevistó recientemente a Yani Dewi, un trabajador inmigrante de Indonesia, que denunció las condiciones de explotación en Los Ángeles. Cuando llegó en 2007, trabajaba treinta días de 18 horas, por $200 mensuales. Esto no es una aberración, sino la forma en que opera la industria de la confección, especialmente al explotar a los inmigrantes que hablan poco o nada de inglés y a menudo reteniendo sus pasaportes.

Un pago diario típico es de alrededor de $20-25, basado en el infame sistema de pago "a destajo" según el cual los trabajadores ganan tan bajo como $0.03 por operación de ensamblaje (recortar una blusa, colocar una costura, etc.), un método que aumenta las condiciones inseguras de trabajo, ya que los trabajadores hacen grandes esfuerzos para maximizar la producción.

Como era de esperar, un informe de 2019 publicado por un grupo de defensa llamado Labor Behind the Labels asociado con la Universidad de Sheffield, Reino Unido, encontró que, de las 32 compañías encuestadas, ninguna marca importante paga a los trabajadores de la confección un salario digno. En todos los continentes, desde Asia hasta África, desde América hasta Europa del Este, los fabricantes de prendas de vestir pagan salarios de pobreza. Casi todas las marcas recibieron una puntuación E.

La periodista Dana Thomas ha escrito recientemente un libro, Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes, que expone algunos de los crímenes cometidos por corporaciones multinacionales a expensas de los trabajadores de la confección en todo el mundo. Desde el incendio de Ranaa Plaza que mató a 1,100 trabajadores de la confección en Bangladesh hace siete años, hasta el incendio de Karachi, Pakistán que mató a 260 trabajadores en 2012, hasta el edificio Bendix de Los Ángeles, la mano de obra barata y las malas condiciones de trabajo son la regla de vida para millones de trabajadores en todo el mundo.

“Fui y los visité en el centro de Los Ángeles en el edificio Bendix. Al final del pasillo de galerías de arte hay gente, trabajadores indocumentados, cosiendo ropa por un dólar o dos por hora”, dijo Thomas al sitio de noticias Cheddar el año pasado. “Entonces, [una etiqueta] dice 'Hecho en los Estados Unidos', piensas, 'Oh, eso es genial'. No es necesariamente genial. Es realmente duro saberlo”.

La pandemia ha levantado la tapa y la realidad de la explotación brutal es claramente visible en todo el mundo. El caso reciente de la industria de la confección de Leicester es otro ejemplo de negligencia maligna de los gobiernos y la aceptación de la criminalidad corporativa absoluta. Los trabajadores se vieron obligados a ir a trabajar incluso cuando estaban enfermos o perdieron sus empleos, mientras que las fábricas continuaron funcionando a toda velocidad.

En una entrevista reciente de Euronews, los trabajadores textiles en Leicester revelaron que las fábricas no son seguras para COVID: “era tan normal como antes [la pandemia]. Sin guantes, sin máscaras, sin distancia social, nada en absoluto”, dijo Nick Sakhizadah.

En Bangladesh, donde casi 200,000 han sido confirmados como COVID-19 positivo, el impacto de los bajos salarios y las duras condiciones de trabajo son evidentes en un reciente examen de salud de las trabajadoras de la confección. Allí, 8 de cada 10 trabajadoras sufren de anemia. La anemia es una condición relativamente común que aumenta las posibilidades de mortalidad materna y perinatal, cobrando un millón de vidas al año en todo el mundo. La prueba reveló que la pobreza y la mala alimentación aumentan la incidencia de anemia. Estas condiciones creadas por la búsqueda de ganancias han hecho que esta sección de trabajadores sea extremadamente vulnerable a COVID-19.

Además de las mejores condiciones de trabajo y los salarios extremadamente bajos, el impacto económico de la pandemia ha provocado que la producción se reduzca considerablemente y se han eliminado cientos de miles de empleos. Tales condiciones están empujando a esta sección de trabajadores a la lucha.

Desde Camboya hasta Bangladesh, desde Bangalore hasta el centro de Los Ángeles, los trabajadores deben formar comités de seguridad de base en sus fábricas para coordinar sus luchas contra las corporaciones y exigir la implementación de medidas para protegerlos del virus. Los trabajadores deben organizarse para hacer valer su derecho a negarse a trabajar en condiciones inseguras, controlar el ritmo de trabajo y elevar sus niveles de vida. Fundamentalmente, esta lucha requerirá que los trabajadores se unan en una lucha por el socialismo internacional contra sus enemigos comunes: el capitalismo y el estado que lo defiende.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de julio de 2020)