El plan de Trump para desplegar la policía paramilitar en EE.UU.: la clase gobernante se prepara para una guerra civil

23 julio 2020

Los planes del Gobierno de Trump de desplegar a fuerzas policiales paramilitares del Gobierno federal en las principales ciudades de Estados Unidos constituyen una profunda intensificación de los ataques contra los derechos democráticos y el desarrollo de formas de gobierno propias de un Estado policial.

En Portland, la movilización de estas fuerzas ya ha producido escenas que rememoran los escuadrones de la muerte latinoamericanos. Bandas de hombres, vestidos con camuflajes genéricos, sin insignias de alguna unidad ni sus nombres, atrapan a manifestantes, los encierran en vagonetas y carros particulares y se los llevan para cuestionarlos, o algo peor.

El lunes, Trump amenazó con emprender acciones similares en la ciudad de Nueva York, Chicago, Filadelfia, Detroit, Baltimore, Oakland y otras ciudades. Refiriéndose a los manifestantes contra la violencia policial, Trump dijo: “Estas personas son anarquistas, personas que odian nuestro país, y no vamos a permitir que avancen”.

No existe ninguna base legal ni constitucional para la invasión de agentes federales en ciudades estadounidenses. El Congreso no autorizó su despliegue y no existe ninguna verdadera emergencia a la cual responderían. Pese a todos los reclamos de Trump sobre violencia y anarquía, la principal violencia está siendo perpetrada por sus matones.

En Portland, el ataque federal ha sido encabezado por agentes fuertemente armados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, siglas en inglés), específicamente por miembros de su equipo interno de SWAT conocido como BORTAC, el cual es utilizado para combatir a narcotraficantes en la frontera y para suprimir disturbios en campos de detención estadounidenses para inmigrantes. Pero, Portland se encuentra a 640 kilómetros de la frontera más cercana y BORTAC no está lidiando ni con narcotraficantes ni inmigrantes, sino manifestantes contra la violencia policial.

Junto a los oficiales de la CBP, hubo grupos de hombres armados de otras agencias, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Administración de Seguridad de Tránsito (TSA). Así como la CBP, estos son componentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y fueron desplegados bajo la dirección de sus más altos oficiales, los lacayos de Trump, Chad Wolf y Ken Cuccinelli. DHS presuntamente a puesto a disposición a un total de 2.000 oficiales para ser enviados por todo el país.

Esencialmente, Trump está buscando desarrollar una fuerza paramilitar conformada por equipos fascistizantes SWAT de las agencias migratorias, junto a las fuerzas policiales locales, y controlada bajo su autoridad personal.

Existen paralelos históricos ominosos. En Alemania, tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, la clase gobernante patrocinó la creación de los Freikorps, grupos fuertemente armados de soldados desmovilizados que actuaron como tropas de choque contra la clase obrera, asesinado a los líderes revolucionarios Rosa Luxemburgo y Karl Liebkneecht. Los Freikorps se volvieron los primeros reclutas de las tropas de asalto de Hitler.

En Argentina, Chile, Brasil y otros países latinoamericanos, los regímenes militares respaldados por la CIA en los años setenta utilizaron organizaciones paramilitares fascistizantes, como la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) para eliminar a los militantes en las fábricas. La táctica característica de la Triple A fue arrastrar a sus víctimas a automóviles Ford Falcon particulares que circulaban por Buenos Aires y otras ciudades. Tras torturas extensas, los cuerpos eran frecuentemente lanzados en el océano Atlántico desde helicópteros y aviones.

Aquellos secuestrados por los agentes de Trump en Portland han sido liberados para contar sus historias, por ahora. Solo siete personas han sido arrestadas por los agentes federales, principalmente por el crimen menor de vandalismo. Solo se han utilizado gases lacrimógenos y proyectiles “no letales”, no municiones reales. Pero se están sentando los precedentes. Las personas están siendo acostumbradas al despliegue de fuerzas paramilitares, con el ejército en el fondo esperando intervenir o actuar como árbitro.

El principal blanco de los esfuerzos autoritarios de Trump es la clase obrera. Las acciones del Gobierno de Trump se producen según la clase gobernante anticipa un aumento enorme en el conflicto y resistencia sociales.

Después de entregarse varios billones de dólares, las corporaciones y los bancos están aplicando una campaña homicida de regreso al trabajo que ya produjo una explosión de casos y muertes de coronavirus. Las ejecuciones hipotecarias están a punto de reanudarse tras una moratoria temporal y el subsidio federal por desempleo de $600 semanales tiene programado expirar al finalizar esta semana.

Existe un enojo latente en los lugares de trabajo y las fábricas. Los trabajadores están comenzando a resistir a ser obligados a trabajar y arriesgar sus vidas, así como las de sus seres queridos. La oposición es particularmente intensa hacia la reapertura de las escuelas públicas en unas pocas semanas, lo que conlleva una amenaza para las vidas de los niños, sus familias, sus maestros y todos los empleados escolares.

Si bien las acciones de Trump constituyen una importante intensificación, son el resultado de una crisis prolongada de la democracia estadounidense. El Gobierno de Trump está utilizando todo el aparato de la “guerra contra el terrorismo” contra la oposición interna. De hecho, como advirtió el WSWS desde el principio, ese era su propósito.

El Partido Demócrata es un cómplice en todo esto. Ayudó a crear, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el aparato del Estado policial: la Ley Patriota, el Departamento de Seguridad Nacional, el espionaje interno y el Comando Norte para presidir las operaciones militares dentro del país.

En 2013, fue el Gobierno de Obama el que llevó a cabo un asedio militar contra la población de Boston, utilizando el bombardeo en la Maratón de Boston como pretexto. Como escribió el WSWS en ese momento, cuando el ejército y la policía emprendían búsquedas de casa en casa, violando los derechos constitucionales básicos:

…la clase gobernante estadounidense cruzó un Rubicón histórico, legal y político. Se han lanzado los dados y es la puesta de sol para las formas democráticas de gobierno que han existido en Estados Unidos por los últimos dos siglos.

Lo que la historia recordará como lo más significativo de los eventos en Boston no serán ni el bombardeo cerca de la meta final de la maratón ni los perpetradores, ni sus motivos. En cambio, se recordará el asedio militar sin precedentes de toda una importante ciudad estadounidense, con vehículos militares en las calles y soldados fuertemente armados yendo de casa en casa —marchando en salas de estar, cuartos y cocinas, inspeccionando por las miras de sus rifles de asalto a familias aterradas y descalzas en sus piyamas—.

La respuesta del Partido Demócrata a los intentos de golpe de Estado por parte de Trump ha sido hipócrita y deshonesta. En Oregón, los demócratas han intentado desestimar las acciones de Trump, presentándolas como “teatro político”. La gobernadora Kate Brown dijo, “Trump está buscando un enfrentamiento en Oregón en aras de ganar puntos políticos en Ohio o Iowa”. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, emitió una declaración lamentando “los juegos políticos del presidente Trump”.

Al mismo tiempo, Pelosi acordó abordar el nuevo presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional la próxima semana, incluyendo un financiamiento pleno para la CBP, ICE y otras agencias cuyas unidades paramilitares están involucradas en los ataques tanto contra los inmigrantes como el pueblo estadounidense en su conjunto.

Ningún demócrata ha pedido un juicio político para destituir a Trump por sus planes de invadir las ciudades controladas por el Partido Demócrata.

Las acciones de Trump tienen lugar menos de dos meses desde que apareció en televisión nacional para declarar su intención de invocar la Ley de Insurrecciones de 1807 y desplegar las fuerzas militares para suprimir las protestas masivas que estallaron tras el asesinato policial de George Floyd.

Los demócratas cedieron toda la oposición a la intentona golpista de Trump al ejército y los generales retirados que se opusieron a la acción por temor de que podría costarles caro por no haber sido políticamente preparada. Consideran que un paso tan importante no es necesario aún. Trump echó marcha atrás temporalmente y no invocó la Ley de Insurrecciones.

Como advirtió el Partido Socialista por la Igualdad el 8 de junio, “Los peligros son muy reales. Los conspiradores en la Casa Blanca no han dejado de complotar. Las fuerzas armadas están aguardando su oportunidad y considerando sus opciones. La policía sigue estando armada hasta los dientes”.

Estas advertencias están siendo confirmadas ahora. Las elecciones que se avecinan serán celebradas bajo condiciones de una crisis política y un malestar social explosivos. Trump ya declaró que puede que no acepte el resultado de las elecciones si sale derrotado. Los demócratas están contando con que el ejército intervenga para expulsarlo a la fuerza. Todas las facciones de la clase gobernante están preparándose para una guerra civil contra la clase obrera.

Es el poder social de la clase obrera que necesita ser movilizado contra los ataques de Trump a los derechos democráticos y su marcha hacia establecer una dictadura presidencial.

(El artículo fue publicado originalmente en inglés el 22 de julio de 2020)

Patrick Martin

 

El autor también recomienda:

¡Un llamado a la clase obrera! ¡Detengan el golpe de Estado de Trump!
[5 junio 2020]

Un golpe palaciego o la lucha de clases: La crisis política en Washington y la estrategia de la clase obrera
[17 junio 2017]