Trump firma una orden ejecutiva sobre el Censo 2020 declarando que los inmigrantes indocumentados no son personas

por Meenakshi Jagadeesan
27 julio 2020

El presidente Trump firmó un memorando el martes pidiendo la exclusión de los inmigrantes indocumentados de los totales de población calculados en el censo decenal en curso. El objetivo es establecer un precedente legal de que los inmigrantes indocumentados no son "personas" desde el punto de vista de la Constitución y del gobierno de los EE.UU.

La orden ordena al secretario de Comercio Wilbur Ross que proporcione en los resultados del Censo "información que permita al presidente, en la medida de lo posible", dejar fuera del total del reparto el número de inmigrantes indocumentados que viven en los EE.UU. El recuento de reparto es lo que determina el alcance de la financiación federal así como el número de representantes asignados a los distintos estados.

Hace casi dos años, el primer intento de Trump de armar el censo en su guerra contra los inmigrantes, agregando una pregunta sobre estado migratorio al cuestionario del censo, fue anulado por la Corte Suprema. Esa decisión significa que la Oficina del Censo no posee ninguna información sobre la identidad o el número de inmigrantes y, por ley, el reparto debe basarse en una "enumeración" de la población, no en estimaciones.

Lo que Ross está siendo instruido a hacer no está claro, y algunos informes de prensa sugieren que la orden ejecutiva de Trump es totalmente simbólica, pero incluso si eso fuera cierto, el significado político sería inmenso. La administración se está declarando a favor de revocar más de 200 años de precedentes constitucionales y legales, bajo los cuales el Censo debe contar a todas las "personas" residentes en el país, sin importar su estado migratorio, y los miembros de la Cámara de Representantes representan distritos trazados para incluir un número igual de "personas", nuevamente sin importar si tienen documentos legales.

El secretario de prensa de la Casa Blanca puso esta realidad patas arriba, defendiendo la orden de Trump como una acción para proteger las instituciones democráticas. "Dar representación en el Congreso e influencia política a los extranjeros ilegales", dijo, "sería una perversión de nuestros principios democráticos... [También] podría crear incentivos perversos, como recompensar potencialmente a los estados que fomentan las violaciones de la ley federal de inmigración, que socavaría nuestro sistema de gobierno".

Desde el primer censo de 1790, todas las personas que residen en los Estados Unidos, ciudadanos y no ciudadanos, han sido incluidas en el recuento oficial de población. La Constitución deja claro que las "personas" que residen en los estados deben ser contadas cada 10 años para determinar la proporción de escaños de cada estado en la Cámara de Representantes. Esto se reitera en la 14ª Enmienda, que declaró la igualdad legal de los exesclavos, puso fin al recuento de los esclavos como 3/5 de una persona, y exige el recuento del "número total de personas en cada estado".

En ese sentido, la orden ejecutiva de Trump es un intento de hacer retroceder la historia de la manera más regresiva imaginable. Los inmigrantes indocumentados, según esta orden, no cuentan como "personas" en absoluto. Los portavoces de la derecha de la clase dirigente, incluso en medio de la pandemia en curso, han hecho argumentos similares. El senador Rand Paul, mientras impulsaba las enmiendas a la Ley CARES, declaró en el piso del Senado que los inmigrantes indocumentados no podían reclamar ayuda federal porque "no eran personas legítimas". La negación de la condición de persona ha sido y sigue siendo un paso esencial en la eliminación de los derechos democráticos y humanos.

En su enrevesado intento de defender lo indefendible, el memorándum de la Casa Blanca hizo afirmaciones aún más engañosas, argumentando que el término "persona" en la constitución significa realmente "habitante" y que el presidente tiene discreción para definir lo que eso significa, declarando que algunas personas que habitan el país no están realmente allí en absoluto.

El censo de los Estados Unidos no tiene ninguna pregunta sobre la condición de ciudadano. La idea que podría ser una herramienta para separar a los ciudadanos de los no ciudadanos, e incluso a las diferentes categorías de no ciudadanos, parece no tener sentido. Sin embargo, Trump firmó una orden ejecutiva en julio de 2019 para permitir que la Oficina del Censo utilice los registros gubernamentales, incluidos los suministrados por los departamentos estatales de vehículos de motor y las agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional, para producir datos anónimos de ciudadanía que podrían utilizarse para redibujar los distritos electorales.

La NPR informó esta semana que cuatro estados, Iowa, Nebraska, Carolina del Sur y Dakota del Sur, ya han firmado acuerdos para compartir información sobre licencias de conducir y tarjetas de identificación con la administración Trump. Estas medidas, junto con la última orden, sin duda servirán para aterrorizar a las comunidades de inmigrantes y reducir su participación en el censo, con consecuencias desastrosas a largo plazo en términos de financiación federal para programas muy necesarios en distritos ya empobrecidos.

Según la Constitución de los Estados Unidos, el presidente no tiene la autoridad final sobre el censo. El artículo 1, sección 2 del documento fundacional autoriza al Congreso a llevar a cabo "la enumeración real" de la población del país de "la manera que ellos dirijan por ley". En el Título 2 del Código de los Estados Unidos, el Congreso detalló sus instrucciones para que el presidente informe a los legisladores el recuento del "número total de personas" que viven en cada estado para la redistribución de los escaños de la Cámara. En el Título 13, el Congreso estableció fechas claves adicionales para la "tabulación de la población total". Cada aspecto del proceso de censo, aparte de la presentación de informes al final, es algo que determina la legislatura.

Al tratar de burlar la Constitución sobre el tema del censo de esta manera, Trump no sólo está complaciendo a sus principales partidarios jugando la carta antiinmigrante, sino también fomentando una agenda de gobierno aún más peligrosa a través de un decreto ejecutivo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de julio de 2020)