Al menos 13 jóvenes peruanos mueren en redada policial en discoteca de Lima

por Cesar Uco y Bill Van Auken
25 agosto 2020

Una brutal redada policial en una discoteca juvenil en Los Olivos, un populoso distrito de clase trabajadora y clase media baja de Lima, capital de Perú, ha dejado al menos 13 jóvenes muertos y otros 23 detenidos. Todos los jóvenes estaban en sus 20 y al menos dos eran menores de edad. De los 13 fallecidos, 12 eran mujeres.

La policía lanzó el operativo el sábado por la noche contra la discoteca Thomas Restobar, donde se habían reunido aproximadamente 120 jóvenes. Los policías entraron apenas media hora antes del inicio del toque de queda nocturno que ha estado vigente desde el 16 de marzo en respuesta a la devastadora pandemia de COVID-19 en el país.

Según varios testigos, la policía disparó gases lacrimógenos y balas reales al aire contra el abarrotado salón de baile del segundo piso, lo que provocó que los jóvenes, presa del pánico, huyeran por una estrecha escalera en la parte posterior donde la puerta había sido clausurada, ya sea por los dueños del club o los propios policías.

Un joven entrevistado por televisión, y apoyado por vecinos que se habían reunido en el lugar, le dijo a un entrevistador: "No murieron por asfixia sino por exposición a los gases lacrimógenos disparados por la policía cuando ingresaron al lugar".

El joven agregó que lo primero que hizo la policía fue "hablar con los dueños, [pero] como no estaban de acuerdo, dispararon el gas lacrimógeno". La clara implicación era que la policía y los propietarios no habían llegado a un acuerdo sobre un soborno, comúnmente conocido en Perú como “coima”, para permitir que el club siguiera funcionando.

Estamos “jodidos por la coima”, continuó el joven. "Un amigo mío murió ... los han matado como perros".

Equipo del Ministerio de Salud preparándose para tomar las pruebas rápidas del COVID-19 a los 23 detenidos (Captura de video)

Un vecino del barrio confirmó el relato del joven al decirle a la radio RPP: “Parece que la policía entró y les arrojó botes de gas lacrimógeno y los encajonó”.

Nieves Cántaro, quien había acudido a la Clínica Jesús del Norte para identificar el cuerpo de su hija de 22 años, también le dijo a RPP: “Sé que dispararon granadas de gas lacrimógeno. ¿Con qué tipo de mente se le ocurriría a la policía hacer esto? Mi hija acababa de entrar a la discoteca ... Tenía 22 años y era estudiante universitaria. Me quitaron a mi hija".

Como era de esperar, la policía se exoneró de cualquier responsabilidad por la matanza masiva, alegando que no habían disparado ni gases lacrimógenos ni balas durante la operación. La versión oficial de la tragedia la dio el general Orlando Velasco Mujica, comandante de la Policía Nacional del Perú, quien declaró que “los presentes intentaron escapar durante el operativo policial, por una puerta trasera del local. Sin embargo, la multitud les impidió abrir la puerta de salida, lo que provocó que ésta se amotinara y se asfixiara".

Los medios peruanos, con el eco de sus homólogos internacionales, repitieron atrevidamente esta “historia oficial”.

La policía y los medios de comunicación también afirmaron que era la primera vez que recibían una llamada sobre la existencia de una discoteca clandestina, cuando en realidad los vecinos llevaban semanas quejándose. La gente en el lugar después de la tragedia pidió a los reporteros de televisión que filmaran un cartel en la pared del edificio que decía “Los mejores fines de semana”, con fotografías de jóvenes bailando, dejando claro que las fiestas apenas se ocultaban.

Esta operación, quizás motivada en parte por el hecho de que la policía no recibió suficiente soborno, también fue claramente organizada no solo para sembrar el pánico entre los presentes, sino para dar ejemplo a la población en general. La unidad enviada al club fue el llamado Escuadrón Verde, una unidad paramilitar de élite utilizada en la lucha contra las bandas criminales.

El desprecio con el que el gobierno trató la vida de los jóvenes se hizo grotescamente evidente cuando el camión con los cuerpos de los muertos llegó a la morgue el domingo por la tarde. Esto significó que los 13 cuerpos habían estado apilados en la parte posterior de una furgoneta por casi 18 horas.

Con casi 600.000 casos de coronavirus reportados y casi 30.000 muertes, Perú tiene la peor tasa de mortalidad per cápita en las Américas y es el segundo después de Bélgica en todo el mundo. Incluso el Ministerio de Salud peruano reconoce que el número real de muertos es mucho mayor, lo que permite que probablemente sea de 40.000 o más.

Al gobierno de derecha del presidente Martín Vizcarra se le había atribuido inicialmente, tanto dentro del sistema peruano como internacionalmente, la imposición de cuarentenas estrictas, a partir de marzo, en un intento por detener la propagación de la pandemia.

Ahora, sin embargo, es más que evidente que esta estrategia ha fracasado. Mientras tanto, el producto nacional bruto de Perú cayó más de 30 por ciento en el segundo trimestre de este año, la peor caída en la historia del país, lo que trajo consigo una destrucción masiva de empleos y un aumento de la pobreza.

Desde principios de julio, el gobierno asolado por la crisis de Vizcarra ha iniciado una política conocida como "Reactiva Perú" que otorga a las grandes empresas, y en particular al estratégico sector minero transnacional, una licencia para reanudar las operaciones a costa de la infección y muerte de un gran número de trabajadores.

Mientras tanto, el índice de aprobación del presidente se ha desplomado, cayendo del 83 por ciento en junio a apenas el 50 por ciento en la actualidad.

La respuesta del gobierno a la tragedia de Los Olivos ha sido responsabilizar a los dueños del club y a los presentes, incluidos los 13 muertos.

Hubo extensos informes de prensa sobre el hecho de que se administraron pruebas de coronavirus a los que fueron arrestados en el lugar de la masacre disco, y que 15 de los 23 habían dado positivo. Esto no es sorprendente dado que el propio gobierno estima que aproximadamente el 20 por ciento de la población de Lima está infectada. Sin duda, esta es una subestimación enorme, ya que Perú ha realizado apenas una cuarta parte de las pruebas realizadas incluso en los Estados Unidos.

La hipocresía de esta campaña quedó resumida en el comunicado de Rosario Sasieta, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien fue enviada al lugar de la tragedia para declarar que estaba “indignada” porque “unos empresarios que, con ansia de lucro, reunió a 120 jóvenes y, esta lujuria, esta avaricia, ha causado la muerte de estos jóvenes”.

¿A quién creen que están engañando? Nadie en el gobierno peruano acusará a las empresas mineras transnacionales de “ansia de lucro” mientras los mineros regresan al trabajo, miles contraen el virus y muchos mueren.

La reunión de 120 jóvenes, ignorando los llamados al distanciamiento social y el uso de máscaras, y el deseo de que el dueño de una pequeña empresa se mantenga a flote permitiéndoles bailar, es sin duda la antítesis de las prácticas sociales necesarias para combatir el virus.

Pero en la escala de la pobreza, la inmensa desigualdad social y el genuino "ansia de lucro" por parte de Southern Copper Corp., Anglo-American, Rio Tinto, BHP Billiton y otras empresas mineras transnacionales que han reanudado sus operaciones, la fiesta en Los Olivios es menos que una gota en el balde en términos de factores que contribuyen a la propagación del coronavirus.

La violencia tremendamente desproporcionada desatada contra la juventud presente en la discoteca es emblemática del giro del Estado peruano y la clase dominante a depender de los militares y la policía para reprimir la creciente oposición dentro de la clase trabajadora.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de agosto de 2020)