Tras exoneración de asesinos de Breonna Taylor: el camino a seguir en la lucha contra la violencia policial

28 septiembre 2020

Han vuelto a estallar las manifestaciones en todo Estados Unidos en respuesta al brutal asesinato policial que fue encubierto por el Estado. En este caso, el enojo popular responde al anuncio el miércoles de que no se presentarán cargos contra los policías que asesinaron a Breonna Taylor en su hogar en Louisville, Kentucky, en las primeras horas del 13 de marzo. 

Las protestas se producen cuatro meses después de que el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, desencadenara protestas multirraciales y multiétnicas masivas contra la violencia policial, un mes después del asesinato policial de Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin. 

Según el fiscal general republicano de Kentucky, Daniel Cameron, quien actuó como un investigador especial en el caso y presentó evidencia al gran jurado, no se presentaron cargos contra ninguno de los dos oficiales que dispararon una lluvia de balas, matando a Taylor porque su novio, Kenneth Walker, disparó primero. Walker sostiene que estaba actuando en defensa propia contra la policía, que irrumpió en su hogar sin identificarse. 

El único cargo presentado en el caso consiste en “poner a personas en peligro de forma temeraria” contra uno de los oficiales, no por dispararle a Taylor, sino porque sus disparos entraron en otro apartamento donde una familia dormía. En otras palabras, los policías pueden invadir los hogares de los trabajadores en el medio de la noche y matar a cualquiera en su paso con impunidad. 

Nuevamente, los policías antimotines con vehículos acorazados dispararon gases lacrimógenos y balas de goma, y rosearon gas pimienta contra los manifestantes y periodistas. Cintos de manifestantes fueron arrestados y brutalizados por la policía en Louisville y el resto del país. En Portland, varios agentes federales, como lo han hecho durante la mayor parte del verano, ayudaron a la policía a atacar a los manifestantes el jueves por la noche, empleando municiones de pimienta y gas pimienta, avanzando mucho más allá que la propiedad federal. 

El área en el centro de Louisville fue sitiada el lunes, donde ya se había declarado un estado de emergencia. El gobernador demócrata de Kentucky puso a la Guardia Nacional en alerta y el alcalde demócrata de Louisville implementó un toque de queda a las 9 p.m. 

La exoneración del asesinato de Taylor plantea cuestiones políticas fundamentales para la clase obrera en EE.UU. e internacionalmente. 

En primer lugar, la instigación de violencia policial y la brutal represión a la oposición forman parte integral de los planes golpistas del Gobierno de Trump. El 1 de junio, Trump utilizó las protestas de masas por el asesinato de Floyd para intentar aplicar la Ley de Insurrecciones y desplegar así fuerzas militares por todo el país contra la oposición interna. Trump movilizó subsecuentemente a la policía federal del Departamento de Seguridad Nacional para secuestrar a manifestantes en Portland. 

El mes pasado, Trump defendió abiertamente al miliciano de 17 años, Kyle Rittenhouse, que mató a dos manifestantes en Kenosha. A principios de este mes, Trump elogió el asesinato selectivo de un manifestante de Portland, Michael Reinoehl, instando a sus partidarios a llevar a cabo formas similares de “retribución”.

Trump intenta ahora convertir las elecciones, a poco más de cinco semanas, en un golpe de Estado, declarando que no aceptará resultados que vayan en su contra. En las calles de Louisville y otras ciudades se están probando las medidas que la Administración tiene previstas para el día de las elecciones y en torno a él, entre ellas la movilización de organizaciones de vigilantes de extrema derecha y la instigación de enfrentamientos violentos.

En segundo lugar, está el papel del Partido Demócrata, que respondió al estallido masivo de protestas populares tras el asesinato de Floyd capturándolas y desviando la ira popular hacia la política de razas y, en última instancia, hacia la campaña electoral del exvicepresidente Joe Biden.

Los políticos demócratas afirman que la violencia policial es el resultado de la “supremacía blanca” y el “racismo sistémico” que puede resolverse mediante la contratación de más oficiales y jefes de policía de las minorías, así como la elección de más funcionarios negros. Al mismo tiempo, Biden y su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, han dejado claro su apoyo inquebrantable a la policía, rechazando las demandas de “desfinanciamiento de la policía” y lanzando una campaña de orden público, denunciando a los manifestantes como “anarquistas” y “pirómanos”.

La promoción de la política de división racial va de la mano con el esfuerzo de los demócratas para prevenir cualquier movilización de la clase trabajadora que amenace los intereses de Wall Street. Mientras Trump está activamente tramando un golpe, los demócratas buscan descarrilar cualquier movimiento de masas contra la Administración.

La política racialista del Partido Demócrata y las organizaciones que lo rodean tiene como objetivo encubrir las cuestiones básicas de clase involucradas. El problema de la violencia policial asola a la clase obrera en todo el mundo, desde Sudáfrica y Kenia hasta Brasil y la Unión Europea. La persistencia de la violencia policial y su carácter mundial reflejan la naturaleza del Estado capitalista y la realidad de clase de la sociedad, que la policía, como cuerpos especiales de hombres armados, tiene la tarea de defender.

No cabe duda de que los afroamericanos son víctimas de la violencia policial de manera desproporcionada. Esto se debe principalmente al hecho de que constituyen un sector desproporcionado de las capas más oprimidas y empobrecidas de la clase obrera.

El racismo desempeña un papel, y es bien sabido que, tanto a nivel local como federal, se reclutan y promueven elementos fascistizantes en las fuerzas policiales. Sin embargo, la idea de que la elección de más políticos negros resolverá el problema se ve refutada por el papel del fiscal general de Kentucky, Cameron, que es afroamericano y una estrella en ascenso del Partido Republicano. Él lideró el gran jurado que tomó la decisión. Trump elogió como “fantástico” el manejo del caso por parte de Taylor.

Bajo el presidente Barack Obama, el primer presidente negro, la violencia policial continuó sin cesar. Las protestas tras el asesinato de Michael Brown en 2014 fueron reprimidas con saña por la policía con la ayuda del Gobierno federal.

La senadora Kamala Harris, la primera afroamericana elegida por los demócratas para ocupar la vicepresidencia, tiene un largo historial —primero como fiscala del distrito de San Francisco y luego como fiscala general de California— de no enjuiciar a los policías asesinos y de defender el superpoblado sistema penitenciario del estado. Lo más notorio es que se negó a investigar el asesinato de Ezell Ford en 2014 por la policía de Los Ángeles y el asesinato de Mario Woods en 2015 en San Francisco, dejando la decisión en manos de fiscales locales del Partido Demócrata que decidieron no presentar cargos contra los oficiales implicados en ambos casos.

En consonancia con la narrativa de que la cuestión de la violencia policial es una cuestión de “confianza” entre los agentes y las “comunidades de color” —y un conflicto entre los “EE.UU. blancos” y los “EE.UU. negros”—, en los medios de comunicación se hace hincapié exclusivamente en la brutalidad policial contra los afroamericanos, haciendo caso omiso de la violencia contra personas de otros orígenes raciales o étnicos.

El tiroteo contra el niño autista de 13 años Linden Cameron en Salt Lake City y el asesinato de Hannah Fizer, de 26 años de edad, que trabajaba en una tienda de comestibles, por un alguacil de Missouri, ambos de blancos, han recibido escasa atención nacional, a pesar de las protestas de familiares y personas que los apoyan. Independientemente de su raza, es muy probable que los que son asesinados y maltratados pertenezcan a la clase trabajadora.

La presencia ubicua de la violencia policial en los Estados Unidos, con aproximadamente 1.000 personas muertas cada año, está vinculada al aumento de las tensiones de clase y la desigualdad social a niveles sin precedentes. La policía es la primera línea de defensa del Estado y de las relaciones de propiedad capitalistas.

La intensidad de las protestas contra la violencia policial en los últimos cuatro meses no puede entenderse fuera de la creciente ira y oposición de la clase obrera y de los jóvenes. Una catástrofe social y económica se está apoderando de los Estados Unidos. Millones de personas están desempleadas y se enfrentan a la pobreza y los desahucios. La pandemia se está propagando fuera de control, como resultado de la política bipartidista de “inmunidad colectiva”. Hay una oposición cada vez mayor entre los maestros y los estudiantes a los esfuerzos por reabrir las escuelas en condiciones inseguras.

La oposición a la violencia policial no puede ser separada de los problemas más amplios de clase. La lucha contra la violencia policial es la lucha contra el capitalismo, que requiere la unificación de la clase obrera a través de las líneas raciales, étnicas y de género en lucha por el socialismo. 

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de septiembre de 2020)

El autor también recomienda:

Las elecciones golpistas de Trump
[25 septiembre 2020]

¿Por qué los demócratas no enfrentan a Trump?
[26 septiembre 2020]

Protests across the US against whitewash of Breonna Taylor murder met with police repression
[25 septiembre 2020]

Niles Niemuth