La audiencia de extradición de Assange concluye en el Old Bailey de Londres; decisión prevista el 4 de enero

por Thomas Scripps
3 octubre 2020

La audiencia de extradición de Julian Assange concluyó ayer así como comenzó, con una denegación de su derecho legal a un juicio justo. La jueza distrital Vanessa Baraitser se negó a admitir pruebas adicionales sobre el flagrante abuso del debido proceso por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Cuando la fase probatoria de la audiencia se abrió hace cuatro semanas, Baraitser rechazó la solicitud de la defensa de que suprimiera las acusaciones adicionales que los fiscales estadounidenses presentaron contra Assange en el último momento, en una imputación de reemplazo. Rechazó una solicitud posterior presentada por la defensa de un aplazamiento para que pudieran responder a la nueva acusación. Su fallo de ayer hace que cualquier desafío a esto sea casi imposible.

Hablando por la defensa, Mark Summers QC solicitó una nueva declaración redactada por la abogada de Assange y veterana activista de derechos humanos, Gareth Peirce, para que se admitiera como prueba. La declaración detallaba “cuestiones que se habrían planteado a modo de prueba, explorado a modo de prueba y potencialmente planteado mediante presentaciones si hubiera habido más o suficiente tiempo para responder a las nuevas y diferentes acusaciones”. Esto habría proporcionado la justificación necesaria para que la defensa presentara argumentos en su presentación final sobre el abuso del debido proceso por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Tras una oposición de la fiscalía, Baraitser se negó a admitir la declaración.

Este es solo el último de una serie de abusos legales perpetrados contra Assange. Al inicio de la jornada, Edward Fitzgerald QC resumió la evidencia presentada por Peirce de las múltiples formas en que Estados Unidos ha interrumpido y violado la preparación del caso del fundador de WikiLeaks.

Sus declaraciones relatan cómo “se confiscó material legalmente privilegiado de Assange de la Embajada [ecuatoriana]” después de su arresto, la “intromisión en reuniones legalmente privilegiadas” entre ella y Assange por parte de agencias estadounidenses y el “efecto paralizador en los preparativos para estos procedimientos de extradición” que causaron estas acciones. Ella señala que Estados Unidos no ha dado ninguna garantía de que “la representación en curso del Sr. Assange no ha sido, no está siendo, ni será objeto de una intrusión ilegal por parte de agencias estadounidenses”.

Peirce ha tenido una larga carrera luchando contra algunos de los casos más infames de criminalidad estatal, incluyendo el engaño de Judith Ward, los Guildford Four, los Birmingham Six, los mineros durante su huelga de 1984-85, el asesinato policial de Jean Charles de Menezes y varias personas detenidas por cargos de terrorismo. Los esfuerzos de Peirce por poner límites al poder, los secretos y los abusos del Estado han avanzado en medio de la transformación cada vez más completa del sistema legal en un instrumento de barbarie imperialista.

Este hecho fue subrayado por el segundo fallo significativo de Baraitser ayer, que sostuvo que un discurso pronunciado por el fiscal general de los Estados Unidos William Barr el 16 de septiembre tampoco podía admitirse como prueba. En ese discurso, Barr confirmó su punto de vista de que “el Ejecutivo prácticamente no ha controlado la discreción [fiscal]”. En otras palabras, si el presidente Trump quiere ver a Assange encarcelado para toda la vida, no es relevante si fuera legal o no. La defensa intentó introducir estos comentarios en los procedimientos como prueba de su argumento de que el enjuiciamiento de Assange tiene motivaciones políticas.

El discurso de Barr se dio cuando circularon informes de una llamada telefónica con fiscales federales en la que les dijo que consideraran acusar a los manifestantes estadounidenses de “sedición”. El discurso del fiscal general del 16 de septiembre estuvo en línea con esta propuesta. Ambos están encaminados a la construcción de una dictadura presidencial en preparación para un asalto masivo a la clase obrera. Los intentos de destruir a Assange están íntimamente ligados a estos pasos hacia formas dictatoriales de gobierno en la clase dominante estadounidense.

Baraitser dijo que el discurso de Barr parecía ser “del tipo que hace un fiscal general como una cuestión de rutina”. El hecho de que la jueza británica debe hacer tal declaración y tomar dicha decisión no es ninguna sorpresa. La primera jueza asignada al caso de extradición contra Assange fue Emma Arbuthnot. Más tarde se reveló que el esposo y el hijo de Arbuthnot estaban íntimamente relacionados con los servicios de seguridad británicos; su esposo, el conservador lord Arbuthnot de Edrom, de hecho había sido mencionado en documentos publicados por WikiLeaks. Además, la propia Arbuthnot había recibido beneficios económicos de dos organizaciones asociadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde entonces, Baraitser ha mantenido a Assange en prisión preventiva durante más de un año y en repetidas ocasiones le ha negado la fianza y las solicitudes para mejorar las condiciones de la prisión. Ella anunció ayer que dará su decisión sobre la extradición de Assange a las 10 de la mañana del 4 de enero, dejándolo encerrado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh durante otros tres meses a un costo terrible para su salud. La defensa entregará su presentación final por escrito dentro de cuatro semanas y la fiscalía dos semanas después.

La clara intención de Baraitser es sellar la solicitud de extradición de Estados Unidos bajo un velo de secreto. Tras haber expulsado a 40 supervisores judiciales, incluyendo representantes de Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras y parlamentarios de la UE, el día de apertura de la audiencia, Baraitser ha podido contar desde entonces con la virtual censura de los procedimientos por parte de los medios corporativos.

Escenario fuera de la corte el jueves (crédito: Nathalie Avesta)

Durante las últimas cuatro semanas se han escuchado pruebas que detallan un catálogo repugnante de crímenes de guerra y tortura, que nunca se hubieran probado si no fuera por WikiLeaks y el heroico periodismo de Assange. Sin embargo, esos criminales de guerra y torturadores no están en el banquillo, sino Assange, a quien se le ha negado cualquier voz en los procedimientos. En todo este tiempo, después de editoriales más tontos expresando una oposición proforma a su extradición hace cuatro semanas, la prensa no ha dado señales de vida.

Lo mismo puede decirse de todos los miembros del Parlamento, sentados a menos de tres kilómetros del Old Bailey.

Solo se puede sacar una conclusión de lo acontecido en el último mes: la urgente necesidad de una intervención de la clase obrera internacional en defensa de Assange. La alineación contra Assange por parte de cada sección del Estado, su poder judicial, el Parlamento y los medios de comunicación, han revelado que la clase obrera es la única base social para la defensa de los derechos democráticos. Durante los próximos tres meses, el World Socialist Web Site y el Partido Socialista por la Igualdad no escatimarán esfuerzos para convertir esta fuerza social en una lucha global por la libertad del fundador de WikiLeaks.

(Publicado originalmente en inglés el 2 de octubre de 2020)