Exjefe militar mexicano se declara “no culpable” ante cargos de narcotráfico en EE.UU.

por Andrea Lobo
11 noviembre 2020

El general retirado Salvador Cienfuegos Zepeda, el secretario de Defensa de México de 2012 a 2018, compareció en un tribunal federal de EE.UU. en Brooklyn el pasado jueves, tras su arresto el 15 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Cienfuegos, llamado “El Padrino” en la acusación, se declaró “no culpable” de cargos de conspiración, tráfico de drogas a los Estados Unidos y lavado de dinero. Entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, según el expediente judicial, “a cambio de sobornos, permitió que el cártel H-2 –un cártel que habitualmente se dedicaba a la violencia a gran escala, incluyendo tortura y asesinatos— operara con impunidad en México”.

Los fiscales afirman tener miles de mensajes incriminatorios de BlackBerry Messenger con el cártel H-2, un remanente del cártel de los Beltrán Leyva. Estos se obtuvieron a través de operaciones de pinchazos telefónicos de EE.UU. contra Cienfuegos y los miembros del cártel. Un mensaje supuestamente indica que ayudó durante mucho más tiempo a otra organización, que se cree que es el Cártel de Sinaloa.

El general Cienfuegos recibiendo un premio en 2018, en el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa del Pentágono (crédito: NDU Audio Visual)

En la actualidad, los dos principales responsables de la llamada “guerra contra las drogas” durante la Administración del presidente de México, Enrique Peña Nieto, están siendo acusados de trabajar con los cárteles. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, detenido el año pasado en Texas, también se ha declaró “no culpable” de los cargos de recibir millones para proteger al Cártel de Sinaloa. El caso también incluye cargos contra sus subordinados más cercanos, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García.

El arresto de Cienfuegos estremeció a la élite gobernante mexicana. Ha habido comentarios nerviosos de la prensa que califican el arresto de “irresponsable” y advierten que “destruye la confianza en las fuerzas armadas de México”.

Cienfuegos no estaba siendo investigado del todo en México, lo que despertó sospechas sobre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien afirma estar dirigiendo una campaña contra la corrupción. Ante la imputación en Estados Unidos, ha afirmado que “no vamos a encubrir a nadie”, mientras que se niega a relevar a ninguno de los funcionarios nombrados por Cienfuegos, o incluso a los de su círculo de confianza como el actual oficial mayor de la Secretaría de Defensa, Agustín Radilla.

“No veo a nadie del Ejército feliz por esta detención”, escribió la reportera mexicana Eunice Rendón, quien agregó: “Son los mismos antes y ahora ya con la 'Cuarta Transformación' [de López Obrador]”.

Los casos recientes han empañado seriamente todas las instituciones involucradas en la “guerra contra el narcotráfico”, desde las Presidencias de Felipe Calderón (2006-2012) y Peña Nieto (2012-2018), hasta las cúpulas militares y policiales, así como las Administraciones estadounidenses que respaldaron la guerra a través de la Iniciativa Mérida de 3.100 millones de dólares desde 2007.

Al igual que en otros países de la región, principalmente Colombia, el narcotráfico ha sido utilizado durante mucho tiempo por los Gobiernos de los Estados Unidos para aumentar su influencia sobre las fuerzas de seguridad de la región y, a través de ello, en la política interior. “Antes del año fiscal 2008”, explica un informe de 2020 del Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., “México no recibía grandes cantidades de asistencia de seguridad de los Estados Unidos, en parte debido a la preocupación de los mexicanos por la participación de EE.UU. en los asuntos internos del país”.

Los medios corporativos han evitado en gran medida comentar sobre las interrogantes que generan los casos sobre el papel del propio Gobierno de EE.UU. García Luna, especialmente, tuvo un papel clave en la creación de la Iniciativa Mérida y en vendérsela al público de EE.UU. y México.

Un cable diplomático de diciembre de 2007 publicado por WikiLeaks indica que el entonces subsecretario de Estado John Negroponte manejaba personalmente a García Luna, ayudándole a “llenar los espacios en blanco en preparación para futuros cuestionamientos sobre la Iniciativa Mérida”.

A García Luna también se le permitió “verificar” personalmente a los funcionarios de la policía mexicana, algo que las agencias de EE.UU. aprovecharon para calmar las preocupaciones sobre la corrupción en el Estado mexicano. Un cable de abril de 2008 explica que “la cooperación sin precedentes... no sería posible sin nuestra capacidad de trabajar con unidades verificadas [por García Luna] y apoyadas por agencias del Gobierno de EE.UU., incluyendo la DEA y el ICE”.

Después del asesinato de varios de los oficiales de García Luna por cárteles rivales en 2008 –oficiales aclamados por la Embajada de EE.UU. por su “excelente trabajo” y “altos estándares profesionales”—, un cable de la Embajada expresó “preocupaciones sobre la capacidad de García Luna para lidiar con sus subordinados”. Sin embargo, en octubre de 2009, el embajador de EE.UU. dijo que García Luna, quien acababa de quintuplicar el tamaño de la Policía Federal con la ayuda de EE.UU., sería un “jugador clave” para alcanzar “nuevos niveles de cooperación práctica en dos de las instituciones más importantes del país”.

Poco después de las elecciones de 2018, una Ley de Seguridad Interior aprobada por Peña Nieto y solicitada por Cienfuegos –que permitía a las tropas realizar funciones policiales y otorgaba mayor autonomía a los militares para seleccionar objetivos, realizar operaciones y recopilar información— fue declarada inconstitucional.

Sin embargo, tan pronto como llegó al poder, López Obrador y su partido Morena modificaron la Constitución para permitir el despliegue interno de los militares y crearon una Guardia Nacional como nueva cubierta para el desacreditado ejército.

Mientras tanto, el Congreso de los EE.UU., con apoyo bipartidista, le ha concedido a López Obrador casi 300 millones de dólares en el marco de la Iniciativa Mérida.

En relación con el arresto de Cienfuegos, la renombrada periodista y experta en carteles mexicanos, Anabel Hernández, destacó que “ese mismo sistema sigue enquistado en su propio partido político Morena”. Explicó que el titular de seguridad del Gobierno de Morena en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ascendió en las filas bajo el tutelaje de García Luna y Cárdenas Palomino, y citó documentos de la Policía Federal que confirman las negociaciones de Harfuch con el crimen organizado.

Un cable de diciembre de 2009 publicado por WikiLeaks muestra que el Departamento de Estado de EE.UU. aprobó a Harfuch cuando trabajaba para la Policía Federal bajo García Luna para que Harfuch pudiera completar programas con el FBI, la DEA y la Universidad de Harvard.

Además, un agente de la DEA dijo a Proceso en diciembre de 2012 que sabían desde hace tiempo de los vínculos de García Luna con el Cártel de Sinaloa, pero guardaron silencio “por respeto a las instituciones mexicanas y porque él era el contacto directo con los Estados Unidos”.

En el caso de Cienfuegos, varios cables señalan su regular colaboración con los Estados Unidos. El Pentágono le entregó hace dos años un premio por excelencia.

Los casos judiciales de los Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa y sus socios en los Gobiernos anteriores solo pueden entenderse en el contexto de la nueva expansión del ejército mexicano alentada por los Estados Unidos. Su principal blanco, en medio de un resurgimiento de la lucha de clases en Norteamérica e internacionalmente, es la clase obrera.

Mientras lleva a cabo medidas de austeridad amplias en medio de la crisis pandémica, incluyendo la eliminación de 3.000 millones de dólares para la ciencia, la cultura y la protección de las víctimas, el Gobierno de Morena otorgó 1.500 millones de dólares para equipo militar y subsidios para las familias del Estado mayor, y propuso un aumento del 20 por ciento del presupuesto para la defensa.

Este contexto explica por qué el caso de los Estados Unidos contra Cienfuegos ignora los abusos generalizados de los derechos humanos llevados a cabo por los militares bajo el mandato del general, incluyendo innumerables ejecuciones extrajudiciales.

En septiembre pasado, varios soldados fueron arrestados por primera vez en México por su participación en el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Cienfuegos mintió repetidamente sobre la participación de los militares, que colaboraron en los asesinatos con Guerreros Unidos, otro grupo proveniente del cártel de los Beltrán Leyva.

Entre 2005 y 2007, Cienfuegos dirigió la IX región militar de Guerrero, donde se encuentra Ayotzinapa, en un momento en el que el cártel de los Beltrán Leyva prosperaba desde su base en Acapulco, la ciudad más grande del estado. Cienfuegos encabezaría entonces la primera región militar de la Ciudad de México de 2007 a 2009, que era entonces un bastión del cártel de Sinaloa.

En 2012, Sergio Villarreal, líder del cártel de los Beltrán Leyva conocido como “El Grande”, testificó después de su detención que en 2007 y posteriormente, él y sus entonces socios del cártel de Sinaloa tenían sobornados a los comandantes de las fuerzas de seguridad de Guerrero y de la Ciudad de México.

(Publicado originalmente en inglés el 9 de noviembre de 2020)

 

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