El gobierno brasileño intensifica la campaña de “inmunidad colectiva” en medio de un nuevo brote de COVID-19

por Eduardo Parati
30 noviembre 2020

El número de nuevos contagios y muertes por COVID-19 se está disparando en medio de las elecciones municipales en todo Brasil y una campaña en marcha por reabrir las escuelas y los lugares de trabajo.

La pandemia se está acelerando una vez más en el país, con un aumento del 29 por ciento en el promedio semanal de fallecimientos desde hace dos semanas, alcanzándose un promedio diario de cerca de 500 muertes. Durante los últimos días el número de muertes diarias ha crecido firmemente hacia los 700.

Cierre del hospital de campaña Ibirapuera en septiembre (Fuente: Gobierno del Estado de São Paulo)

Con la excepción de Paraná, todos los Estados del sureste y del sur, donde vive más de la mitad de la población, registraron un aumento significativo de la media móvil de fallecimientos, con un aumento del 132 por ciento en Río de Janeiro, del 93 por ciento en Minas Gerais, y del 39 por ciento en San Pablo. El Amazonas, donde la Corte Electoral del Estado dictaminó que la gente contagiada fuera a votar en la primera vuelta, registró un aumento del 32 por ciento en la media móvil de muertes diarias.

Estados de todas las regiones del país registraron un aumento o estabilización de la media móvil. En Cerá, gobernado por Camilo Santana del Partido de los Trabajadores (PT), la media móvil aumentó un 74 por ciento.

A pesar de referencias al comienzo de una segunda oleada en Brasil, en realidad no hubo en el país ningún período de contención real de la enfermedad. La media móvil permaneció por encima de los 500 fallecimientos diarios en el país, cayendo por debajo de esta marca por primera vez solo el 15 de octubre. Bajo el impacto del aumento de las muertes desde finales de octubre, la media móvil ya ha superado las 500 muertes diarias de nuevo durante la última semana. Además, la media diaria de nuevos casos permaneció por encima de las 20.000 a lo largo de la pandemia con la excepción de la primera semana de noviembre. Ahora está rondando por debajo de los 30.000 nuevos casos desde el 15 de noviembre y sigue subiendo.

Muchos meses después de la reapertura de la economía por parte de los gobernadores de todos los Estados, incluyendo los del PT y del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), no hay ni siquiera las medidas limitadas de contención y tratamiento que se implementaron durante el primer brote.

El número de tests que se llevaron a cabo en Brasil ha sido insuficiente a lo largo de toda la pandemia, con una tasa de tests positivos del 29,3 por ciento a principios de noviembre, casi seis veces más alta que el 5 por ciento necesario para rastrear la difusión del virus. El domingo, el Ministerio de Salud informó de que había casi 7 millones de tests almacenados que caducarían en dos meses. El Consejo Nacional de Secretarios Sanitarios (CONASS) declaró que el gobierno federal no dio los materiales necesarios para llevar a cabo el primer paso del test, recoger muestras de la población.

Ante el comienzo de la segunda oleada de COVID-19 y la declaración del Ministro de Economía Paulo Guedes de que "desde el punto de vista del gobierno, no hay extensión" de la ayuda de emergencia del gobierno federal, la respuesta del presidente fascistoide de Brasil Jair Bolsonaro es la promoción del chovinismo contra China y fomentar el movimiento antivacuna.

Después del anuncio del general Eduardo Pazuello, el actual ministro de sanidad, de que compraría un lote de 46 millones de vacunas desarrolladas por la empresa china Sinovac, en sociedad con el Instituto Butantan de San Pablo, Bolsonaro inmediatamente se desmarcó de la declaración del ministro. En una entrevista, el presidente declaró que "No vamos a comprar la de China, es mi decisión", y dijo, sin pruebas, "No creo que transmita suficiente seguridad a la población". Luego añadió: "La idea es dar espacio a otras vacunas más confiables".

Siguiendo la línea propagandística de círculos ultraderechistas, Bolsonaro insinuó que el virus fue propagado a propósito. Dijo que "lamentablemente, ya existe mucho descrédito por parte de la población hacia China, también porque, como muchos dicen, este virus habría nacido allí".

Este mes, poco después de la noticia de que había muerto un participante en la investigación de la vacuna del Instituto Butantan, respondiendo a un simpatizante en Facebook, declaró que la vacuna causó "Muerte, discapacidad, anomalía", y añadió mórbidamente, "Otra victoria para Jair Bolsonaro". En respuesta a la confirmación en el mismo día de que el voluntario se había suicidado, Bolsonaro se reafirmó, declarando que la muerte podría haber sido causada por un "efecto secundario" de la vacuna.

El escenario de un sistema sanitario agobiado por la segunda oleada de la pandemia e incapaz de dar abasto, fue preparado con el cierre de los hospitales de campaña hace meses.

En septiembre, el gobierno del Estado de San Pablo cerró el hospital de campaña de Ibirapuera, el último del Estado, después de tratar a más de 3.000 pacientes de COVID-19.

En Río de Janeiro, donde la crisis política que implica corrupción en la compra de equipo médico y la construcción de hospitales de campaña llevó a la caída del gobernador ultraderechista, Wilson Witzel, el actual gobernador de Río, Claudio de Castro, del Partido Social Cristiano (PSC), declaró el martes que no habrá confinamiento y que el hospital de campaña de São Gonçalo sería reactivado. La construcción de las instalaciones se aplazó meses y puso a disposición solo 40 de las 200 camas previstas, antes de ser cerrado dos meses después. El jueves, Carlos Alberto Chaves, el cuarto Secretario de Sanidad en el Estado desde que empezara la pandemia, dijo que no se reabrirá el hospital Maracaná, establecido en la cancha de fútbol del estadio de Maracaná y con capacidad para 400 camas, diciendo que es muy caro mantener las instalaciones.

La falta de cualquier contramedida, por insuficiente que fuera como durante el primer brote, equivale a alinearse con los gobiernos federales y estaduales en la implementación de una política de inmunidad colectiva de facto.

Cirugía y tratamientos que solo se podían ofrecer en hospitales han sido suspendidos durante el comienzo de la pandemia y se estaban realizando en los meses recientes. Un sondeo del Instituto Oncoguia mostró que el 59 por ciento de los pacientes de la red sanitaria pública informaron de que la pandemia afectó a los tratamientos de cáncer en marzo y abril, y que esta cifra era del 41 por ciento en julio. El nuevo brote de COVID-19 está obligando a las unidades sanitarias a aplazar o cancelar muchos de estos tratamientos de nuevo debido a la falta de camas. El jueves pasado, el 19 de noviembre, en el Estado de San Pablo, se suspendieron nuevas cirugías opcionales, y se anunció que no se cerrarían las camas preparadas para pacientes de COVID-19.

Los trabajadores de los hospitales llevan meses trabajando sin descanso ni vacaciones, y han tenido que adaptarse a las nuevas condiciones de aislamiento bajo el impacto de la pandemia, y en muchos casos han tenido que cuidar a pacientes contagiados sin equipo de protección personal adecuado ni infraestructura.

Bajo condiciones de una falta total de preparación para la segunda oleada de COVID-19 y la indiferencia ante el agotamiento de estos trabajadores de la sanidad, su revuelta se ha expresado en manifestaciones y huelgas por todo el país.

En el Estado de Rondônia, que registró un aumento del 107 por ciento de casos de COVID-19 en octubre y donde la tasa de ocupación de camas de UCI subió del 38,4 por ciento al 59,1 por ciento entre octubre y noviembre, enfermeras y profesionales sanitarios fueron a la huelga en todo el Estado, exigiendo que el gobierno actuara respecto a un plan propuesto de trayectoria profesional, cargos y salarios (PCCR), cuyo plazo vencía a principios de septiembre. Los tres sindicatos de la sanidad que participaron de la huelga la dieron por finalizada unos pocos días después con promesas de presionar al gobierno para que presente una propuesta. Por su parte, el gobierno declaró que apoyaría un decreto federal, "que prohíba cualquier reajuste salarial, aumentos de sueldo, incluyendo la implementación del PCCR para enero de 2022".

En la capital de Río de Janeiro, en el Hospital Federal Bonsucesso, un incendio causado por años de recortes en la sanidad provocó una huelga la semana pasada el 17 de noviembre. Los trabajadores denunciaron la falta de información sobre el progreso de las reparaciones después del incendio y la transferencia obligatoria sin advertir a los trabajadores de otras unidades. El viernes de la semana pasada, empleados del Hospital San Juan Bautista fueron a la huelga por un retraso en el pago de los salarios y la falta de equipo médico. Parte del equipo había empezado a ser retirado de la unidad, gestionada por una organización social contratada por el gobierno.

En el Distrito Federal, empleados de limpieza en los hospitales estaduales fueron a la huelga hace dos semanas por el retraso en el pago de sus salarios. El año pasado, los empleados denunciaron la falta de personal suficiente en los hospitales, donde las familias de los pacientes tenían que limpiar los pasillos y las habitaciones ellos mismos.

(Publicado originalmente en inglés el 27 de noviembre de 2020)

 

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